Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo reciben las credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidentes electos. Foto CNE
Existe preocupación ante varios anuncios que significarían un retroceso en materia de derechos humanos, paz territorial, bienestar social y mínimas garantías a las libertades constitucionales
Por: Simón Palacio
@Simonhablando
Se acerca el siete de agosto y la tensión política aumenta en el país. Ante la cuestionable victoria de Abelardo de la Espriella en la pasada contienda presidencial, se viene configurando un rifirrafe entre el Gobierno saliente y la nueva administración.
Esto ha quedado en evidencia en el ejercicio de empalme, donde la extrema derecha viene convirtiendo el espacio institucional en un juicio político en contra del gobierno progresista.
Los anuncios hechos hasta el momento por el presidente electo y sus equipos de trabajo han encendido diferentes alertas democráticas. Desde la orilla de la izquierda y el progresismo se analiza con preocupación varios elementos que significarían un verdadero retroceso en materia de derechos humanos, paz territorial, bienestar social y garantías a las libertades constitucionales.
A esta situación se le agregan las recientes denuncias hechas por el presidente Gustavo Petro, donde asegura tener pruebas de un fraude electoral, con los Estados Unidos e Israel como principales protagonistas.
Enemigo interno y paramilitarismo
Sin duda, el anuncio más controvertido hecho por De la Espriella y que aumenta los miedos en la ciudadanía, es la conformación de los Bloques de Defensa para la Seguridad Ciudadana.
Según lo dio a conocer en la red social X, el presidente electo crearía estos organismos de seguridad como su primera medida al frente del poder Ejecutivo. La propuesta es que militares retirados participen en estos bloques para combatir la delincuencia urbana.
La polémica iniciativa fue ampliada por el que será el nuevo ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, hermano del fallecido Jorge Enrique Mora y que fue apartado de las fuerzas militares una vez comenzó el gobierno progresista de Gustavo Petro.
Dentro del paquete de medidas estaría la consolidación de siete bloques y la reforma al porte de armas. Asimismo, el militar ha dicho que Colombia no solo se integraría, sino que sería la sede principal del “Escudo de las Américas”.
Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, este tipo de propuestas se enmarcan en viejas políticas de seguridad como las Convivir, que terminaron vinculadas al fortalecimiento del paramilitarismo en los años noventa.
Además, los anuncios para el sector defensa dejan en evidencia un regreso a la Doctrina de Seguridad Nacional, donde se posicionan peligrosos conceptos como el enemigo interno y la promoción de la represión, censura, persecución política al pensamiento opositor y violaciones a los derechos humanos.
La mano dura
Otro de los anuncios preocupantes es el abandono de la política de Paz Total. Tal y como lo prometió en campaña, De la Espriella pondrá fin a la estrategia de negociación con diferentes grupos armados y privilegiará una ofensiva militar, a pesar de que, en medio de las dificultades, el gobierno saliente viene avanzando en distintas mesas que han traído beneficios para la población civil que habita las zonas más golpeadas por la violencia.
También, la extrema derecha ha ratificado las propuestas de construir megacárceles y endurecer el tratamiento penal, modelo similar al impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Las voces críticas sostienen que es equivocado prescindir de la negociación política, ya que la historia ha demostrado no solo que se prolongan los conflictos territoriales, sino que un endurecimiento militar solo incrementa la violencia contra la población civil, materializada en asesinatos, masacres y desplazamientos forzados.
Por su parte, frente a las políticas de mano dura que privilegian el sistema punitivo, el riesgo radica en que se debiliten las libertades democráticas, las políticas sociales de prevención del delito y el fortalecimiento de la justicia.
Si a estas medidas se le adicionan otras polémicas como la reducción del Estado, una nueva reforma tributaria, posiciones en contra de la diversidad, destrucción de la naturaleza y la limitación de derechos sociales, no existen dudas que el país se enfrenta a una deriva neofascista.
La denuncia de Petro
En medio de las polémicas, el presidente Gustavo Petro viene denunciando que la elección del pasado 21 de junio estuvo marcada por el fraude electoral y que el gobierno de De la Espriella es ilegitimo.
Puntualmente, el mandatario ha dicho que tiene la información sobre el uso de algoritmos de un servidor IP ubicado en Los Ángeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista (los mismos dueños de Thomas Greg & Son), que fueron integrados a la operación de escrutinios. Esta modificación en el software habría sido apoyada por la empresa de inteligencia privada israelí Blackcorp.
Según Petro, estos algoritmos favorecieron la votación de De la Espriella, puntualmente en las votaciones en el exterior, en Antioquia, Medellín y en puestos del norte de Bogotá.
Además, ha preguntado públicamente sobre la presunta participación del señor Dan Newlin, quien presuntamente invirtió dos millones de dólares en META, con el objetivo de pagar propaganda a favor de Abelardo y en contra de Iván Cepeda y Gustavo Petro. De confirmarse la denuncia, se estaría cometiendo un delito de financiación ilegal por tratarse de dineros provenientes del exterior.
Movilización social
En todo caso, el presidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a que se movilice el próximo 20 de julio, fecha en la que encabezará el último desfile militar y hará el acto público del cierre de su mandato. La cita es en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.
El mandatario señaló que el encuentro popular se desarrollará en las diferentes plazas del país y que tendrá como eje la defensa de las reformas sociales impulsadas durante su gobierno.
Al cierre de esta edición, el presidente electo Abelardo de la Espriella no solo ha suspendido el proceso de empalme, sino que en video difundido en redes sociales ha enviado un peligroso mensaje donde anuncia que pondrá preso al presidente Petro una vez concluya su mandato. Un clásico ejemplo de incitación al odio, a la violencia y a violar las normas constitucionales.
8 de julio de 2026
Con información del Semanario Voz