La mayoría de las instituciones con las que inicia el desmantelamiento del Estado están adscritas a la Presidencia de la República. Foto Presidencia de la República
Los anuncios del presidente electo, Abelardo de la Espriella, son el inicio de una gran masacre laboral de funcionarios públicos que podría superar el medio millón
Por: Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Hace unos días, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que una de sus primeras medidas, una vez posesionado, será la eliminación de consejerías y agencias estatales cuyas funciones pasarán a algunos ministerios. De esta manera, evitaría la duplicidad de funciones.
La decisión implica la supresión de 229 cargos, que representarían un ahorro de 10 mil millones de pesos anualmente.
En consecuencia, las funciones de la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario pasarán a los Ministerios del Interior, de Defensa y Relaciones Exteriores.
Asimismo, las responsabilidades de Agencias de la Presidencia pasarán a otros ministerios, entre las que estarían la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco,
De la Espriella también anunció que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final pasará al Comisionado Nacional de Seguridad, y que se eliminará el Comisionado de Paz: “Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”.
Los primeros afectados
El paquete hace parte de las medidas que desde la campaña había anunciado De la Espriella, relacionadas con el recorte sustancial del Estado.
Ante el anuncio, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, Fenaltrase, William Reyes, comentó que 229 cargos es una cifra menor si se tiene en cuenta que han manifestado que sea más de medio millón de empleos públicos los que van a recortar: “Ellos han señalado que deben reducir la estructura del Estado de 216 a 82 entidades. Y si uno mira esta cifra, implica que estarían reduciendo en un 60% las instituciones”.
Agrega que todo está relacionado con la fusión o privatización de 136 organismos públicos, la supresión de 13 de los 19 ministerios y que pretenden mostrar que la Presidencia de la República en el Gobierno de Petro se había vuelto un nido de clientela.
En palabras de De la Espriella: “Voy a transformar la estructura de la Presidencia en un centro de coordinación ejecutiva, con una planta de personal sin corbatas y sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas. Ahora será una estructura austera, eficiente y orientada a los resultados. Es por ello que ordené eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones, trasladando sus competencias a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia”.
Contra la paz
El líder sindical responde que el presidente electo habla de liquidar todas esas entidades, “como si todos los que están ahí hubieran sido cuotas políticas del actual presidente, y resulta que aquí hay muchas entidades dependientes de la Presidencia que mantienen la misma planta de personal que encontró Gustavo Petro, hace cuatro años”.
El nuevo gobierno también ha apuntado a la liquidación de entidades relacionadas con la implementación del Acuerdo de La Habana, por lo que el presidente de Fenaltrase cuestiona: “Entonces, todo lo que tenga que ver con la paz, con la reforma agraria, con las políticas sociales va a ser liquidado y luego privatizado. Habría que mirar cuántas de las entidades que se han planteado ahí son las que se van a comenzar a reestructurar, a suprimir cargos, a fusionar con otras”.
El dirigente de los estatales aclara que para la liquidación de una entidad tiene que existir un estudio técnico, financiero, presupuestal y jurídico que determiné qué va a pasar con las funciones de esas entidades y las condiciones laborales de esos servidores públicos que, como en este caso, la gran mayoría están en carrera administrativa.
“También tienen unos derechos que son inherentes a esa condición de haberse presentado a un concurso público, de haber sido seleccionados y de haber sido nombrados en el desempeño de esas funciones. Deben ser trasladados a unas entidades en donde vayan a cumplir de acuerdo con sus perfiles y competencias funciones similares para las que fueron nombrados o los tienen que indemnizar”, anota Reyes.
Respuesta sindical
Los trabajadores de estas entidades ya tienen que soportar la zozobra de no saber qué pasará con sus puestos de trabajo o que harán cuando queden cesantes. Varios de ellos no quisieron hablar con VOZ, argumentando tener miedo a represalias.
Por su parte, sobre el particular Fenaltrase se había pronunciado antes de las elecciones de la segunda vuelta presidencial, a nombre de los miles de servidores públicos en Colombia, para expresar “un enérgico rechazo a estas propuestas de eliminación masiva de cargos de planta, reducción del empleo público y debilitamiento de las instituciones del Estado bajo el argumento de la austeridad fiscal. Es una amenaza directa contra los derechos laborales de los trabajadores, contra la estabilidad de miles de familias colombianas y contra la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones constitucionales frente a la ciudadanía. Históricamente se ha demostrado que reducir masivamente el empleo público no significa hacer más eficiente al Estado; es debilitarlo y clientelizarlo”.
La Federación advierte que cualquier intento de desmontar plantas de personal, eliminar cargos o promover despidos masivos, representa un grave retroceso en materia de derechos laborales que, a la vez, desconoce décadas de lucha sindical por la dignificación del trabajo, la formalización laboral y el fortalecimiento de las instituciones públicas.
Finalmente, William Reyes manifestó que están por adelantar una asamblea extraordinaria con el objetivo de ver cómo responder a los ataques del nuevo gobierno, conscientes de que la gran mayoría de trabajadores estatales afiliados a los sindicatos tienen una posición de defensa de la estabilidad laboral, de la carrera administrativa y el patrimonio público.
26 de Julio de 2026
Con información del Semanario Voz