Bogotá.- El afán de medir el éxito de una campaña militar por las cifras que en muertos arroja es un motivo de preocupación para más de uno en Colombia.

De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate en el país, que a juicio de algunos es un número conservador, ascendieron a siete mil 837 casos entre 1990 y 2016.

El órgano de justicia transicional, creado tras el Acuerdo Final de Paz de 2016, develó que el sistema de estímulo que recompensaba de forma directa a los militares que reportaban bajas (condecoraciones, ascensos, vacaciones, permisos y bonificaciones económicas) fue un acicate para matar a mansalva a civiles a los que luego hacían pasar por guerrilleros.

Aun cuando esos sucesos constituyen el pasado reciente de Colombia, el actual escenario pareciera revelar una renovada obsesión por los números.

Tras su primer mes en el poder, la Presidencia divulgó lo que estimó son los grandes éxitos logrados por Abelardo de la Espriella: 15 mil capturas de integrantes de bandas criminales, neutralización de 23 cabecillas, la firma de 52 extradiciones, entre otros guarismos.

En el balance aparecen además maniobras especiales como la Operación Beta contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo, donde fueron abatidos dos miembros de ese grupo.

En la Operación Amón, revelan fuentes oficiales, fueron 11 las bajas contra las estructuras de alias “Calarca” en el Guaviare, tres de ellos menores, mientras que en la Operación Azarías contra alias “Iván Mordisco”, hubo 23 muertos, dos de los cuales no eran aún adultos.

También fue abatido alias “Bendito Menor”, integrante del grupo conocido como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que, según se especula, representaba un dolor de cabeza para esa propia estructura armada debido a sus excentricidades.

Una cuestión polémica surgió tras la muerte de quien en verdad se llamaba Naín Andrés Pérez y fue su multitudinario sepelio celebrado en el norteño departamento de La Guajira.

Tras las imágenes difundidas, que mostraron a cientos de personas acompañando al féretro, el presidente aseguró que quien pretenda seguir el ejemplo del criminal terminará como él.

“No voy a tolerar que la cultura de la ilegalidad sea la ‘normalidad’. Esta es la orden a toda la Fuerza Pública: vamos por estos terroristas y démosles su merecido. ¡Están advertidos, miserables!”, escribió en su cuenta de X.

Resulta que en Colombia, tras décadas de desigualdad, pobreza y exclusión, decenas de las comunidades más pobres optaron por fuentes ilícitas como medio de sustento y no reconocen más autoridad, por afinidad o por coacción, que la de los grupos armados.

La problemática, a todas luces, es mucho más compleja que solo abatir a unos cuantos hombres o a quienes los defienden.

Ante lo que pareciera ser un desmedido deseo de acabar rápidamente por medio de la confrontación con los grupos irregulares, la Defensoría pidió al Estado y el Gobierno no “dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”.

La defensora, Irís Marín, consideró que el combate a las estructuras en armas no puede convertirse en una disputa sobre “quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en una demostración de poder”.

El pronunciamiento de la funcionaria ocurrió después de que el De la Espriella caminara entre los restos mortales de los presuntos abatidos tras la operación Azarías, que cubiertos por telas blancas reposaban sobre el suelo para ser expuestos públicamente.

Un episodio que involucró a un líder regional reveló que hay actores en el país muy conscientes de la complejidad de intentar acabar con la violencia sin medir las consecuencias.

Recientemente, De la Espriella lanzó una “advertencia” al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, para que se abstuviera de entablar pláticas con grupos armados.

El aludido le contestó que cualquier política de seguridad debe llevar implícitas acciones de transformación, desarrollo y oportunidades para las comunidades.

“Yo, como gobernador, no voy a permitir que al departamento de Nariño lo llenen de sangre”, afirmó de manera lapidaria.
9 de Septiembre 2026
Con información de Prensa Latina

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