Manifestación cultural a las afueras del Museo Nacional de Colombia. Foto Revolución en Rosa
El retiro deliberado de piezas del Museo Nacional de Colombia constituye un acto de censura que amenaza décadas de esfuerzos por construir una memoria plural. La intervención gubernamental no es un hecho aislado: pone en discusión quién tiene derecho a formar parte de la historia colombiana.
Por: Anna Margoliner
El Museo Nacional de Colombia se encuentra en el centro de una disputa por la historia y la memoria del país. Desde el pasado 15 de octubre, el gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, ordenó retirar de sus salas permanentes más de treinta piezas relacionadas con movimientos sociales, organizaciones políticas de izquierda, luchas feministas, diversidad sexual y procesos de construcción de paz.
Entre los objetos retirados se encuentran afiches de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, una bandera del movimiento LGBTIQ+ y elementos relacionados con el Acuerdo de Paz de 2016. La ministra de Cultura, Paola Holguín, justificó la decisión como una revisión curatorial destinada a impedir el “supuesto adoctrinamiento político” y la “apología de la violencia”.
Sin embargo, lo ocurrido no puede reducirse a una modificación museográfica. Se trata de un acto deliberado de censura, dirigido contra representaciones históricas que cuestionan una visión homogénea de la nación. Su gravedad radica en la pretensión de establecer, desde el poder político, quién merece aparecer en la historia nacional y quién debe ser excluido de ella.
Una nación que comenzó a reconocerse diversa
Los museos nacionales han sido instrumentos fundamentales en la construcción de identidades colectivas. A través de sus colecciones y exposiciones, seleccionan acontecimientos, personajes y objetos para representar una determinada idea de nación. Durante buena parte de la historia republicana colombiana, estos relatos privilegiaron a las élites políticas, los héroes militares y las instituciones estatales, relegando las experiencias de mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y sectores populares.
La Constitución de 1991 introdujo una transformación fundamental al reconocer a Colombia como una nación étnica y culturalmente diversa. Este principio abrió la posibilidad de cuestionar los relatos históricos tradicionales y construir representaciones más amplias de la sociedad colombiana.
En este contexto, desde finales de la década de 1990, el Museo Nacional comenzó un proceso de reflexión sobre sus narrativas, acompañado de consultas públicas, investigaciones y encuentros académicos. En 2011 se inició formalmente la renovación integral de sus guiones y montajes museográficos, orientada a incorporar múltiples voces y superar una historia centrada exclusivamente en las élites.
Salas como Memoria y Nación y Hacer Sociedad fueron resultado de ese proceso, desarrollado durante diferentes administraciones gubernamentales. Su propósito era reconocer que la nación también se construye desde las resistencias, los movimientos sociales, las disputas políticas y las experiencias de quienes históricamente fueron excluidos.
Borrar al otro para negarlo políticamente
Toda narrativa histórica implica seleccionar aquello que se recuerda. Pero cuando esa selección obedece a la decisión deliberada de excluir determinadas identidades y experiencias políticas, deja de ser un ejercicio de investigación para convertirse en un mecanismo de censura.
Retirar objetos de las salas del Museo Nacional no elimina los acontecimientos que representan, pero sí restringe su reconocimiento público. Al invisibilizar a quienes han cuestionado el orden establecido, se busca imponer la idea de que sus luchas y contribuciones no forman parte legítima de la historia colombiana.
Esta operación tiene consecuencias democráticas. Negar al otro como sujeto histórico facilita su desconocimiento como sujeto político. Una democracia no puede limitarse a reconocer únicamente a quienes coinciden con la visión de nación defendida por el gobierno de turno.
El caso de la Unión Patriótica resulta particularmente significativo. Su exterminio fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las violaciones cometidas contra sus integrantes. Retirar las representaciones de dirigentes asesinados, como Bernardo Jaramillo Ossa, constituye una forma de silenciamiento que entra en tensión con las obligaciones estatales de memoria, reparación y no repetición.
Exhibir la historia de una organización política no equivale a respaldar sus posiciones. Confundir representación histórica con adoctrinamiento desconoce la función crítica de los museos y pretende convertirlos en espacios de legitimación de una única versión del pasado.
Del Smithsonian al Museo Nacional
Lo ocurrido en Colombia encuentra un antecedente reciente en Estados Unidos. Durante su segundo mandato, Donald Trump impulsó una ofensiva contra instituciones culturales, particularmente el Smithsonian y el Kennedy Center.
En marzo de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva titulada Restoring Truth and Sanity to American History, mediante la cual cuestionó las exposiciones que abordaban el racismo estructural, las desigualdades y las experiencias de comunidades históricamente discriminadas. La administración promovió una revisión de los contenidos del Smithsonian bajo el argumento de combatir narrativas consideradas divisivas y antipatrióticas.
Paralelamente, Trump intervino en la dirección del Kennedy Center, reemplazó integrantes de su junta directiva y asumió su presidencia, provocando cuestionamientos sobre la independencia artística de la institución y cancelaciones de artistas.
Aunque se trata de instituciones y procedimientos distintos, ambos casos evidencian una tensión común, la utilización del poder estatal para condicionar las narrativas culturales y privilegiar determinadas representaciones de la identidad nacional.
La respuesta académica, cultural y judicial
La intervención del Museo Nacional provocó el rechazo de instituciones académicas y culturales. La Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional cuestionaron las decisiones gubernamentales y defendieron la autonomía de la investigación histórica y museológica.
El Consejo Internacional de Museos (ICOM Colombia) también expresó preocupación por las implicaciones de la intervención para la ética profesional y la independencia de los museos. A estos pronunciamientos se sumaron instituciones museísticas de diferentes regiones del país.
La controversia llegó a los tribunales mediante una acción de tutela promovida por el representante del Pacto Histórico Gabriel Becerra Yáñez, el Colectivo León Zuleta y Revolución en Rosa. El 19 de octubre, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió la acción y decretó medidas provisionales para garantizar la conservación de las piezas retiradas e impedir nuevas remociones sin justificación administrativa.
Aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre el fondo, la intervención judicial constituye un mecanismo de protección frente a posibles vulneraciones de derechos culturales y de memoria.
21 de octubre de 2026
Con información del Semanario Voz