Crece la tensión diplomática entre Brasil y Argentina, después de que el gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, pidiera explicaciones sobre la implicación del gobierno de su homólogo argentino, Javier Milei, en la fuga del senador y excandidato Flávio Bolsonaro esta semana.
Por: Stella Calloni, corresponsal
En una reunión celebrada en la cancillería brasileña -cuyas conclusiones se desconocen- Brasilia solicitó precisiones oficiales a interrogantes sobre controles migratorios, la organización del vuelo y su financiamiento, así como una eventual participación de funcionarios argentinos en el operativo de traslado.
De igual manera, en Argentina aumentan las solicitudes de investigación sobre estos acontecimientos así como la exigencia de respuestas al ejecutivo, ya que se considera de extrema gravedad involucrar al país en tales actividades, y en momentos críticos que ya se están caracterizando aquí como un intento de guerra fría que declara el gobierno ultraderechista de Milei, quien no solo insultó al mandatario de Brasil, sino que sostiene que actuar contra Lula “es defender a América Latina de la entrada del comunismo”.
Los diputados opositores de Unión por la Patria (peronismo) integrantes de la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, solicitaron determinar si la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) participó del operativo de fuga de Flávio Bolsonaro a través de la Argentina. Los legisladores peronistas Agustín Rossi, (ex ministro de Defensa), Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez solicitan saber si existieron informes de inteligencia, alertas, documentos o reportes anticipatorios que permitieran planear el operativo.
También, si hubo participación de agentes de inteligencia en el paso fronterizo Tancredo Neves, por el cual llegaron a Puerto Iguazú Bolsonaro y su familia, y qué significaría que la Side lo hubiera acompañado. Pero también solicitan que se informe sobre el rol de Santiago Caputo, el máximo asesor del presidente, encargado de controlar a los organismos de inteligencia y si el accionar estuvo triangulado con Estados Unidos, Paraguay y agencias extranjeras de espionaje. Se consulta, además, si la Side mantiene alguna relación de prestación de servicios con la empresa Baires Fly, que envió el avión privado a Puerto Iguazú.
En tanto, sorprendió que la justicia de la provincia de Misiones desestimara la denuncia de la diputada Marcela Pagano sobre el “caso Bolsonaro” y hay denuncias de periodistas que advierten sobre presiones y amedrentamientos, para quienes testifiquen sobre este caso.
Presión diplomática de Estados Unidos en Buenos Aires
Mientras todas las miradas estaban concentradas en este suceso, una verdadera invasión de funcionarios y congresistas de Estados Unidos ocurrió en el país en las últimas semanas. El vicesecretario de Estado estadunidense, Christopher Landau, encabezó una comitiva entre el 21 y el 26 de octubre con el objetivo de “repasar acuerdos de ciberseguridad, inversiones, el programa de exención de visas y, fundamentalmente, dialogar sobre el impacto regulatorio en las corporaciones de su país de cara al plano legislativo”, en referencia a la lucha que se está dando en ambas Cámaras ante las reformas de leyes constitucionales o su anulación (ilegal) que intenta el presidente Milei.
Landau estuvo acompañado además por Viviana Bovo, asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental y Juan Pablo Segura, hijo de inmigrantes argentinos, nombrado recientemente por el presidente estadunidense, Donald Trump, como secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. La llegada de Landau constituye la primera visita oficial tras la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) realizada en febrero de 2026.
También participó un grupo de congresistas como parte de la comitiva estadunidense. En las reuniones con el gobierno argentino revisaron acuerdos, hubo un encuentro con bloques legislativos y aliados en el Parlamento, representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, ante quienes se manifestó una profunda preocupación de los visitantes por el proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Esta ley contemplaba duras sanciones para empresas extranjeras vinculadas a la explotación de recursos en las Islas Malvinas, “lo cual ponía en riesgo las operaciones de fondos y compañías estadunidenses” logrando modificaciones clave al texto “para limitar el alcance de las sanciones”; se propuso la creación de una Comisión Bicameral en el Congreso para auditar las políticas de seguridad nacional y acuerdos sobre energía, inversión, seguridad y tecnología confiable: el Corredor Andes-Atlántico ya muestra resultados concretos.
Estados Unidos y Argentina avanzan juntos, es la síntesis aquí, y la injerencia es abierta incluyendo propuestas al propio Congreso de la nación. Sobre estas visitas y acuerdos que tienen que ver con la soberanía nacional no se informa nada a los medios, son “temas fantasma”. No hay informes de la cantidad de funcionarios de Estados Unidos que en estos momentos preparan la apertura de las oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia (FBI) y de El Escudo de las Américas, cuya sede en el sur estará en esta capital.
Por otra parte, en una noticia dura para Milei, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas aceptó el pedido de dos ONG y se involucró en la causa $LIBRA apelando el sobreseimiento del mandatario y su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para impulsar la reapertura de la investigación.
Esto sucede una semana después de que un juez “amigo” del presidente, Marcelo Martínez de Georgi, pidió al fiscal Eduardo Taiano -también del partido Judicial, apelativo con el cual se designa al funcionamiento parcial y corporativo de la justicia argentina- decidiera el sobreseimiento de los otros 10 acusados en la causa.
Foto: Afp
30 de octubre de 2026
Con información de La Jornada