Miles de trabajadores, docentes, estudiantes y campesinos marcharon en todo el país contra el proyecto de Ley de Rescate Económico de Abelardo de la Espriella. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la policía reprimió en Bogotá, Cali, Cajibío y Barranquilla.

El Paro Nacional convocado por las centrales unitarias de trabajadores llenó el jueves calles y carreteras de Colombia, con sindicatos, trabajadores de la salud, el magisterio, estudiantes y organizaciones campesinas. Miles de personas se movilizaron en al menos 40 ciudades del país contra la Ley de Rescate Económico del presidente Abelardo De la Espriella, un proyecto que busca frenar el crecimiento de la deuda pública con recortes presupuestarios y aumentos de impuestos.

El expresidente Gustavo Petro se sumó a la movilización en Cali, donde cuestionó las políticas económicas del Ejecutivo, reiteró su denuncia de un presunto fraude electoral y llamó a exigir la renuncia.

“No es esperar el 2030, es que un gobierno ilegítimo tiene que irse ya”, expresó el exmandatario ante los participantes, a quienes instó a convertir la demanda de dimisión en una consigna nacional.


Al grito de “Hay que parar para avanzar”, los manifestantes recorrieron las ciudades con banderas, música y expresiones artísticas. Los sectores movilizados consideran que las medidas trasladan el costo del ajuste a los trabajadores y las poblaciones vulnerables, mientras benefician a los grandes empresarios.

La jornada transcurrió en forma pacífica durante la mañana y parte de la tarde. Pese a la promesa presidencial de respetar la movilización, las marchas en Bogotá, Cali, Cajibío y Barranquilla fueron reprimidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

En Bogotá, las concentraciones partieron de distintos puntos, entre ellos la Universidad Pedagógica Nacional y el Museo Nacional, para confluir en la Plaza de Bolívar. Sin embargo, el corresponsal de TeleSur, Hernán Tobar, denunció que las fuerzas policiales reprimieron las movilizaciones, especialmente en las inmediaciones de la Universidad Nacional, donde estudiantes y docentes tenían previsto marchar hacia el Ministerio de Educación.

De acuerdo con el reporte, los agentes utilizaron gases lacrimógenos y tanquetas antimotines para impedir que los universitarios se incorporaran a las movilizaciones. La intervención obligó a estudiantes y profesores a refugiarse dentro de las instalaciones universitarias, desde donde también se reportó el lanzamiento de gases lacrimógenos.

Uno de los testimonios recogidos por TeleSur fue el de Óscar Moreno, integrante de una organización defensora de derechos humanos, quien expresó su preocupación ante la política represiva ejecutada por el gobierno de Abelardo De la Espriella en los últimos tres meses. Al referirse a la jornada señaló: «el día de hoy estarbamos en una manifestación pacífica con expresiones culturales, artísticas y demás que fue fuertemente reprimida«.

Moreno relató que recibieron disparos de gases lacrimógenos directamente al cuerpo. Además, denunció el momento en que un grupo de aproximadamente 20 agentes «llegan por detrás de la manifestación, se bajan, empiezan a golpear a la gente».

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Foto: EFE

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Foto: EFE

En ese operativo capturaron al encargado de atención prehospitalaria (APH) de la organización, una persona con discapacidad. Al momento de la entrevista, sus compañeros desconocían su paradero y aseguraron que no habían logrado localizarlo en la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Las agresiones, según su testimonio, también alcanzaron a integrantes de otros colectivos de derechos humanos, entre ellos organizaciones vinculadas a la Universidad Pedagógica y al colectivo José Martí. Moreno aseguró que un policía llegó a empujarlo con un cuchillo en la mano y denunció restricciones para registrar los procedimientos policiales.

La represión se intensificó entre las cinco y media y las seis de la tarde, con tanquetas y disparos de aturdidoras hacia la universidad. Los estudiantes levantaron barricadas para impedir el ingreso policial y defender la autonomía universitaria.

En Barranquilla, la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) repudió la actuación del Esmad. La marcha salió alrededor de las 10:00 desde las inmediaciones del colegio INEM, en Soledad, con docentes, sindicatos, centrales obreras y estudiantes, y según el comunicado fue disuelta con gases lacrimógenos. La Adea pidió al Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería Distrital que investiguen, identifiquen a los responsables y los sancionen.


Paola Guerrero, una docente, contó que el plantón en la avenida Murillo con calle 8 apenas comenzaba cuando llegó el Esmad y lanzó gases. Según su testimonio, dos profesoras fueron alcanzadas por disparos, una en los pies y otra casi en el rostro. Varias personas tuvieron dificultades respiratorias, entre ellas una joven llevada al hospital y un adulto mayor con síntomas de asfixia.

De igual forma, el senador Iván Cepeda calificó la propuesta de “profundamente regresiva” y sostuvo que afecta los derechos sociales, pese a que el Ejecutivo anunció el retiro del impuesto al valor agregado previsto para productos de la canasta familiar.


Las denuncias de represión también se extendieron a Cali y Cajibío. Hasta el momento no se registra un balance definitivo de personas detenidas ni de las vulneraciones de derechos humanos registradas durante la jornada.

Rechazo al ajuste de Abelardo De la Espriella

Según los análisis técnicos difundidos por la central obrera, el aporte subiría del 4 % al 8 % para los trabajadores asalariados y del 12,5 % al 15,5 % para los trabajadores independientes. Asimismo, el gremio sindical cuestionó la propuesta de reducir del 4 % al 3 % los aportes parafiscales destinados a las cajas de compensación familiar.

El sector educativo también manifestó su preocupación por el recorte de aproximadamente 119 millones de dólares al presupuesto de inversión, al advertir que compromete el nombramiento de maestros, el mejoramiento de escuelas y la reconstrucción de instituciones afectadas por el terremoto de agosto.

Por su parte, organizaciones campesinas rechazaron los denominado «acuerdos de Barranquilla», al considerar que abren la puerta a la entrega de recursos minerales estratégicos a empresas estadounidenses. También reclamaron garantías para la reforma rural integral y la protección de los territorios campesinos.

Aunque el Gobierno anunció modificaciones al proyecto económico, entre ellas no aumentar el IVA de la canasta familiar, las centrales sindicales y organizaciones sociales mantuvieron la convocatoria al paro nacional.
19 de noviembre 2026
Con información de TeleSur

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