Ginebra.-Disposiciones de Estados Unidos pueden profundizar la crisis humanitaria y la vulneración de los derechos de los migrantes en el norte de México, advirtió un grupo de expertos en función de Naciones Unidas.
Las prácticas sistemáticas de devolución de nacionales de terceros países, bajo dichas medidas, colocan a numerosas personas en una situación de gran vulnerabilidad, que incluye diferentes manifestaciones de maltrato y violaciones de sus derechos, concluyó el Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios.
En su cuarto informe periódico sobre México, el órgano reconoció los esfuerzos legislativos e institucionales del país y destacó los avances en la armonización de su Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Además, acogió con satisfacción las recientes iniciativas del Estado para fortalecer la asistencia y la protección consular de sus nacionales en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.
No obstante, lamentó “la falta de claridad y transparencia respecto a la existencia y el contenido de acuerdos, formales o informales”, entre México y Estados Unidos en esta materia.
Eso puede implicar “la externalización del control fronterizo por parte de las autoridades estadounidenses, la tercerización de sus obligaciones internacionales en materia de asilo y otros derechos humanos”, advirtió la fuente.
También hizo referencia a las expulsiones de Estados Unidos por vía aérea hacia el territorio de Chiapas, de mexicanos y extranjeros, que no reciben información ni apoyo institucional adecuados, y quedan expuestos a riesgos de violencia, trata o explotación.
Toda cooperación migratoria, recordó el pronunciamiento, debe cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluidas las regulaciones de la Convención y el principio de no devolución y el acceso a procedimientos individualizados de protección.
Del mismo modo, exhortó a México a robustecer la protección de los derechos de sus trabajadores migrantes en el extranjero, sobre todo en suelo de la vecina potencia, con mayores esfuerzos diplomáticos para garantizar que los países receptores respeten los derechos laborales y humanos.
La embajadora Francisca Méndez asistió a la presentación del informe en Ginebra, y reafirmó el compromiso del Gobierno mexicano con la protección de los migrantes y su disposición para colaborar con la comunidad internacional en la mejora de las condiciones de movilidad humana.
Con información de Prensa Latina