La compra de los aviones de guerra Gripen, fabricados por la empresa sueca Saab, es un negocio que Colombia ha estado evaluando desde hace 15 años. Es decir, no es una decisión de Petro, es una decisión de Estado. La decisión, desde el punto de vista técnico y financiero, es muy acertada porque Saab, en convenio con la empresa brasileña de aviación Embraer, ha construido una planta de producción de aviones en Brasil, lo que reduce enormemente los costos de mantenimiento.
Editorial 3266
Desde el punto de vista político, también es un acierto porque con el negocio el país se distancia de Israel, fabricante de los KFir, y de Estados Unidos que ofertaba los F-16 en la puja por este negocio. Negociar con Suecia, que si bien es miembro reciente de la OTAN, al menos le permite al país diversificar sus relaciones militares, y por tanto, sus relaciones políticas.
Este negocio estaba prácticamente confirmado desde hace al menos cinco meses, pero solo hasta ahora se hace oficial. Se comprarán 16 aviones a un costo de 100 millones de dólares cada uno, aproximadamente. El impacto fiscal ya estaba previsto y el pago se diferirá a varios años para que no haya mayor impacto en las finanzas públicas. Además, es un negocio transparente que se le arrebata a las estructuras corruptas enquistadas en el Estado y también en las Fuerzas Armadas, que persisten en estas prácticas.
El avión es apropiado para las necesidades de la defensa aérea del país. Es un cazabombardero polivalente ligero de cuarta generación, el mejor avión del mundo de su tipo en guerra electrónica, que puede alcanzar velocidades de 2,3 veces la velocidad del sonido y su mantenimiento es seis veces más barato que el de otros aviones de su tipo. Además, como es más pequeño, se adapta muy bien a pistas cortas. Actualmente, además de Suecia, lo usan entre otros Sudáfrica, República Checa, Brasil, Hungría, Tailandia, Indonesia, India y ahora Colombia.
Respecto a factores positivos adicionales, el presidente Gustavo Petro expresó que “habrá una compensación en inversión social que consistirá en una fábrica de producción de paneles flexibles solares, de última tecnología, que se ubicará en el departamento de Córdoba, la instalación de agua potable para varios puntos del departamento de la Guajira y la restauración e instalación de equipos médicos de última tecnología en la torre central del hospital San Juan de Dios en Bogotá”.
Ahora bien, comprendiendo la necesidad estratégica del Estado, este tipo de negocio no dejan de generar preocupación sobre las prioridades del Gobierno y de la sociedad colombiana. Especialmente en los territorios golpeados por la guerra irregular, caracterizados por altos niveles de pobreza y marcados por el subdesarrollo, es inevitable que cuando hay estas inversiones se pregunten ¿y nosotros?, ¿y nuestros territorios, carreteras, acueductos, alcantarillados y hospitales?
En el Presupuesto General de la Nación se asignaron $58,5 billones para el sector de Inclusión Social y Reconciliación, que deben ir, entre otros, a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito a través del PNIS y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. Este último tiene una inversión proyectada de $30 billones de pesos hasta 2031, de los cuales ya se han ejecutado unos $15 billones en proyectos vinculados directamente a la paz territorial. Pero la percepción de quienes viven día a día el impacto del conflicto es que aún no se hace lo suficiente. La lentitud de la inversión es una característica del proceso.
Por ello, aviones sí, pero aceleremos el paso en la transformación territorial. Sí a la inversión en una buena defensa de la soberanía nacional, pero también sí a la inversión en un Estado próspero y justo.
Con información del Semanario Voz