De acuerdo con los indicadores oficiales, la economía colombiana creció 2.6% en 2025. Foto archivo
El gobierno entrante intenta posicionar la visión de un país en bancarrota. Los indicadores macro indican lo contrario: se redujo el desempleo, millones de personas salieron de la pobreza monetaria y la economía no solo creció, sino que también se diversificó
Por: Iván Posada Pedraza
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en su empeño en demostrar que recibe la economía del país en cuidados intensivos, aseveró en Estados Unidos, sin rubor alguno, que encontró una “patria miseria” y una “economía destruida”.
Las baterías contra el resultado económico del cuatrienio que finaliza se han enfilado hacía el déficit fiscal, el supuesto exceso de gasto y la magnitud de la deuda pública. Veamos brevemente esta argumentación.
Déficit fiscal
Para subsanar este déficit fiscal de 6,4% del PIB, (según cifras del DANE), el Legislativo aprobó una reforma tributaria recortada con alto contenido de progresividad; es decir, a mayores ingresos, mayor impuesto. Por eso se gravaron los ingresos y patrimonios altos, y se impuso una sobretasa al sector financiero y a las exportaciones minero-energéticas. Para nada se afectaron los salarios medios y mucho menos el IVA a la canasta básica familiar.
Además, las altas cortes decidieron que las regalías por la actividad de explotación de hidrocarburos, gas y minerales eran deducibles de los respectivos impuestos, por lo cual la nación dejó de percibir en promedio, unos seis billones de pesos por año, según cálculos del Ministerio de Hacienda.
La ley de financiamiento, hundida en un acto de oposición irracional y no argumentada, estaba dirigida a captar recursos provenientes de actividades que no tributan o tributan poco, como los juegos de azar en línea y las ganancias ocasionales, lo cual en nada afectaba ni a empresarios ni a los asalariados.
El gasto
Como ya se ha señalado anteriormente, por norma constitucional, cerca del 92% del gasto tiene destinación específica, como los recursos para cubrir las mesadas pensionales (entre ellas las del sector defensa), las transferencias a las regiones para salud, educación y agua potable, y los subsidios a las tarifas de gas y energía para los estratos bajos.
Asimismo, se canceló la deuda adquirida con el FMI a corto plazo y con altos intereses adquirida en la administración de Iván Duque, y se heredaron otros compromisos financieros por un valor aproximado de 100 billones de pesos (es decir, el 5% del PIB), privando así al Gobierno nacional de estos recursos para inversión y gasto social; en últimas, para el bienestar de la población y el crecimiento.
Así pues, el margen que tenía el Gobierno para redireccionar el gasto de acuerdo con la coyuntura era mínimo: apenas un 8%, una cifra simbólica con respecto al total.
Contratación
La Contraloría General de la Republica señaló que, entre 2022 y 2026, el valor de las Ordenes de Prestación de Servicios, OPS, se incrementaron en 4,1 billones de pesos, equivalente a 0,2% del PIB, una cifra insignificante para explicar un déficit de 6,4% con respecto a este mismo indicador.
El analista económico de la Universidad Nacional, Diego Carrero, afirma que el gobierno entrante bien podría prescindir de estas OPS vigentes y ello en nada reduciría el actual déficit fiscal.
Carrero señalaba también que el gobierno saliente, para llegar a las regiones apartadas del país (como Chocó, Amazonas o La Guajira) con salud y educación, efectivamente contrató a funcionarios en forma directa y en condiciones dignas, no como venían haciendo los operadores privados. Afirmar entonces que el déficit fiscal es causado por el exceso de contratación tampoco tiene sustento alguno.
La nómina oficial
El otro argumento que ha esgrimido el gobierno entrante es el supuesto crecimiento de la nómina de funcionarios públicos. Informes de la Contraloría General de la República indican que en los últimos años esta se ha mantenido alrededor del 4% con respecto al mercado laboral total, mientras que en los países de la OCDE, alcanza el 20 %.
En resumen, el gobierno del Pacto Histórico recibió una estructura de gasto público –como se señaló arriba– ya rígida de por sí, agravada por las controvertidas decisiones de las altas cortes y por el bloqueo por parte de la oposición y los gremios económicos a las diversas iniciativas que presentó el Gobierno ante el legislativo para subsanar el déficit presupuestal. Lo anterior demuestra que el Pacto Histórico presentó soluciones viables para superarlo, pero fueron saboteadas a propósito por los partidos de la oposición.
Esta controversia debería poner el centro del debate no en qué gobierno gasta más que otro, sino en pensar en una reforma estructural del presupuesto que flexibilice la rigidez del gasto central del Gobierno y, por el lado de los ingresos, en una política fiscal que profundice la progresividad tributaria, reduzca la evasión y elusión de impuestos, (que pueden estar alrededor de 80 a 100 billones de pesos al año); en suma, un verdadero pacto fiscal que garantice la justicia tributaria.
Propuesta neoliberal
La propuesta demagógica del gobierno entrante de suprimir ministerios, fusionar entidades y reducir gastos administrativos no va a solucionar en nada el déficit fiscal; pero de llevarse a cabo, si va a generar desempleo e informalidad, en momentos en que la política económica del Pacto Histórico logró un descenso histórico del desempleo nacional a 8,1 % (según el DANE). Esta nueva propuesta iría acompañada de una reforma tributaria regresiva, dirigida a golpear los salarios e ingresos de la clase media y popular.
Entonces, el mensaje para el vicepresidente Restrepo es que la “economía destruida” que según él recibe, se halla en buen estado de salud.
26 de julio de 2026
Con información del Semanario Voz