La Corte Internacional de Justicia ha constatado, por una amplia mayoría de sus jueces, la posibilidad de que Israel esté violando en Gaza sus obligaciones conforme a la Convención sobre Genocidio
Alberto Acevedo
El 26 de enero pasado, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió una orden sobre medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica contra Israel; esto por posible violación de sus obligaciones que le impone el ser parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
La ordenanza es una decisión preliminar de carácter urgente del tribunal de La Haya, distinta al fallo o sentencia de fondo, que será adoptada después en una decisión que puede tardar varios años.
El contenido de la ordenanza no es muy largo. Como se recordará, la solicitud de Sudáfrica planteaba, como primer punto, ordenar un cese al fuego inmediato, buscando detener la matanza del pueblo palestino. La dificultad para los jueces consistía en ordenar un cese al fuego entre dos bandos, cuando apenas uno estaba sentado en el banquillo del Palacio de la Paz de La Haya. Israel no estaba presente en ese escenario de juzgamiento.
Letra muerta
La Corte no acogió de manera implícita esta solicitud. Para algunos, podría interpretarse como que el tribunal de La Haya deja en manos de Israel la posibilidad de continuar sus acciones militares en Gaza, las cuales, hasta el momento de conocerse la decisión de los jueces, ha causado veintiséis mil muertos y sesenta y cuatro mil heridos. Lo que sí dice el pronunciamiento es que hay una inmediatez ordenada a Israel.
Pero esa inmediatez, hasta ahora, parece letra muerta. Para Israel parece no existir en absoluto el fallo de la Corte Internacional de Justicia. El régimen sionista sigue bombardeando objetivos civiles, destruye hospitales, ejecuta extrajudicialmente en las camas de los dispensarios a heridos, a quienes acusa de ser combatientes de guerra.
Y no solo eso. Posterior al veredicto de La Haya, Israel, como por arte de birlibirloque, se fabrica un expediente, que no invocó antes, mediante el cual acusa a funcionarios de las Naciones Unidas, en misión humanitaria en Palestina, de haber participado y apoyado al grupo de la resistencia palestina Hamás, durante su incursión en Israel, en una acción audaz que llevó finalmente al actual estado de confrontación.
Ayuda al exterminio
La acusación, que tiene un inocultable sabor a venganza, es tomada por Estados Unidos y otras potencias occidentales como pretexto para cortar toda ayuda a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA. Y lo que tenemos, en la práctica, es que los países de Occidente terminan ayudando a los propósitos de Israel de liquidar por hambre al pueblo de Gaza y Cisjordania. Dicho de otra manera, una contribución adicional al genocidio.
Sin contar, además, con que todos los países que ahora le suspenden la ayuda a la agencia de la ONU, son los mismos proveedores de armas a Israel, los financiadores de Israel para que siga este adelante en su empresa genocida.
La conjunción de circunstancias como que La Haya dice que es plausible que Israel esté cometiendo el delito de genocidio. Que Tel Aviv se pasa por la faja ese fallo. Y que, a pesar de ello, bajo un pretexto fútil, las potencias occidentales terminan involucradas en una campaña de solidaridad con el gobierno genocida, plantea, en opinión de algunos analistas, unos interrogantes de orden moral que, a su vez, cuestionan el papel de las Naciones Unidas.
¿Cómo lo hacen?
¿Se puede seguir manteniendo relaciones diplomáticas normales con un Estado al que la Corte Internacional de Justicia acusa de violar los términos de un estatuto emblemático como la Convención contra el Genocidio suscrita en 1948?
¿Se puede seguir exportando armas y municiones, componentes electrónicos, con fines militares a un Estado que ha demostrado no saberlos usar correctamente, con bombardeos indiscriminados y desproporcionados y una deliberada política xenófoba de destrucción total?
¿Se puede seguir manteniendo relaciones en el ámbito académico, en materia de cooperación técnica y científica, con un Estado que desde el pasado 7 de octubre destruye de manera intencional y deliberada escuelas, centros educativos superiores, y universidades en Gaza, aniquilando proyectos de vida de muchos jóvenes palestinos?
Otra de las peticiones de Sudáfrica a la Corte Internacional de La Haya es que ordenara a Israel permitir la entrada de misiones internacionales de investigación en Gaza, no solo para mirar sobre el terreno el problema del genocidio, sino la destrucción total de la infraestructura civil en Palestina y otras secuelas de la guerra.
Sí se violó el estatuto
La Corte Internacional, a este respecto, insinúa que actos cometidos en Gaza desde el 7 de octubre pasado sí afectan disposiciones de la Convención contra el Genocidio de 1948, lo cual es un mensaje que debería provocar que Israel modificara sus operaciones militares en Gaza.
Los jueces de la Corte Internacional manifestaron que este organismo tenía limitado su ámbito de acción, procediendo a verificar únicamente si las evidencias probatorias presentadas por Sudáfrica eran de recibo o no, y si guardaban alguna relación o no con las disposiciones de ese instrumento multilateral.
Con todo y esto al señalar en su ordenanza que sí existe una relación entre el accionar militar de Israel y la vulneración del estatuto sobre genocidio, y al ordenarle a Israel varias de las medidas provisionales solicitadas por la parte demandante, el equipo legal de Sudáfrica puede sentirse satisfecho por la labor realizada.
Informe en un mes
La Corte Internacional de Justicia ha constatado, por una amplia mayoría de sus jueces, que es plausible que Israel esté violando en Gaza sus obligaciones conforme a la Convención sobre genocidio. La orden sobre medidas provisionales, que la Corte emitió el 26 de enero, exige a Israel que tome todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de actos susceptibles de incurrir en los tipos criminales, que registra la Convención sobre el Genocidio, velando con efecto inmediato para que su ejército no cometa tales actos.
También exige a Israel que tome todas las medidas necesarias para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio, así como a tomar medidas efectivas para permitir la llegada inmediata de servicios básicos y asistencia humanitaria, que la población de Gaza necesita con urgencia.
Además, la Corte obliga a Israel a presentarle un informe en el plazo de un mes sobre el conjunto de medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a la orden.
Delegación sudafricana. Foto CIJ
Con información del Semanario Voz