Lima.-La parlamentaria peruana Margot Palacios confirmó una denuncia internacional que presentó contra la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, por genocidio, debido a las muertes de civiles durante las protestas sociales.
Indicó que entregó la denuncia por escrito a la avanzada técnica de la visita de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hasta hoy recogió información y declaraciones sobre los luctuosos sucesos posteriores a la destitución del presidente Pedro Castillo y la instalación de su sucesora Boluarte.
La denuncia incluye al hasta ayer primer ministro Pedro Angulo; a su reemplazante y antes ministro de Defensa, Alberto Otárola, y al exministro del Interior César Cervantes, reemplazado también la víspera.
Señala a los denunciados como responsables de las 26 muertes que hasta este miércoles tenía registradas la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos como caídos por disparos presumiblemente de militares y policías.
Palacios también señaló como denunciados a los jefes de la Segunda Brigada de Infantería del Ejército, general Jesús Vera, y de la Policía, general Ántero Mejía, ambos responsables de sus respectivas fuerzas en la región surandina de Ayacucho.
Ese territorio es el de mayor mortandad, pues fueron abatidos allí 10 manifestantes a los que el Gobierno señala como vándalos y violentistas que atacaron el aeropuerto de la ciudad ayacuchana de Huamanga.
Según la legisladora, las muertes se registraron en un contexto de violación de derechos humanos, sancionada por el Código de Procedimiento Penal, de lo cual citó casos concretos.
Afirmó que los caídos “hacían uso de su derecho político a manifestarse sobre una coyuntura política” y que la represión fue abalada en una reunión, ha sido avalada por representantes de los órganos del sistema de justicia, como el Poder Judicial (PJ), la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC).
Precisa que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el titular del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, se alinearon “con las políticas establecidas por el Ejecutivo”.
“Queda graficada la concertación entre la señora Dina Boluarte y los representantes del sistema de administración de justicia nacional, lo que impide la imparcialidad en el juzgamiento de los hechos denunciados”, agregó para justificar la apelación ante la citada comisión internacional.
Agrega que en el misma encuentro participaron el presidente del Congreso (parlamento unicameral) José Williams y los integrantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cúpula castrense que así incurrió en deliberación política que la Constitución le prohíbe.
Con información de Prensa Latina