El “Clan del Golfo” es una de las organizaciones que podrá verse beneficiada con la Ley de Sometimiento. Foto Fundación Ideas para la Paz
La bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República advirtió que con este dispositivo jurídico el Gobierno se sometió a los intereses de la ilegalidad. Estos fueron los cuestionamientos hechos por la oposición.
Por: Simón Palacio
El proyecto de la Ley de Sometimiento terminó su trámite legislativo el 3 de noviembre, cuando el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el articulado. El 4 de noviembre, el presidente De la Espriella sancionó la iniciativa, que quedó identificada como la Ley 2640 de 2026.
Esta iniciativa busca establecer un marco jurídico para “facilitar” el sometimiento individual y colectivo de estructuras criminales a la justicia, particularmente de organizaciones armadas y grupos vinculados a economías ilegales.
Sin embargo, la bancada del Pacto Histórico en ambas corporaciones advirtió que con este dispositivo jurídico el Gobierno se sometió a los intereses de la ilegalidad. Estos fueron los cuestionamientos hechos por la oposición.
Narcotráfico, lavado de activos y testaferrato
Para el Pacto Histórico, más beneficios penales no significan automáticamente menos violencia. En opinión de la oposición los resultados deberían verse en la reducción de extorsiones, reclutamientos, desplazamientos y control criminal; es decir, la ley no contempla metas verificables.
Sobre el fenómeno del narcotráfico, en el debate se advirtió que estas estructuras no se sostienen solo con el poder de las armas, sino que se necesitan lavar recursos, ocultar propiedades y mover capitales. Pero en la discusión, el proyecto no dejó claro cómo evitar que estas redes sigan operando.
Además, la ponencia aprobada contempla suspensión condicionada de la pena para ciertos colaboradores vinculados con lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, pero no es clara en la acreditación real de los aportes de estos colaboradores del narcotráfico.
Por ejemplo, entregar bienes ilícitos no equivale a revelar quién financia, encubre o se beneficia de una estructura criminal. De igual forma, la ley es flexible frente a un testaferro que puede ocultar propiedades y facilitar la continuidad de una organización ilícita, al mismo tiempo que recibe el beneficio penal.
Beneficios penales
La ley sancionada propone rebajas de hasta el 50 % para integrantes sin mando y del 30 % para quienes ejercieron un liderazgo, condicionadas a “aportes verificables”. Pero el cuestionamiento está en que por ningún lado existe un instrumento que compruebe un relacionamiento entre este tratamiento diferencial y el desmantelamiento real de una estructura criminal.
Aunque el proyecto prevé controles judiciales y revocatoria de beneficios por incumplimiento, las reglas escritas solo funcionan si hay capacidad para detectar fraudes, reincidencia y activos ocultos. Y sobre este punto, la ley es insuficiente.
Otra arista importante, es que la ley contradice el artículo 68-A del Código Penal, que limita los beneficios para delitos como lavado de activos y testaferrato. El instrumento jurídico aprobado carece de una armonización entre el tratamiento especial frente a estos delitos.
Los derechos de las víctimas
Aunque la ley de sometimiento promete reparación, establece diferencias en las vías de atención, siendo el único criterio la tipificación que se le da a la organización responsable. Una especie de clasificación del agresor que vulnera los derechos que tienen las víctimas.
Además, las víctimas siempre tendrán derecho a conocer la verdad y exigir reparación. Pero ni la ley ni la política de justicia, establecen mecanismos de participación efectiva de las víctimas en los compromisos que establezca el Gobierno con las estructuras que se sometan. En ese caso, los anuncios de reparación, requieren hechos concretos, recursos y seguimiento.
Sobre la búsqueda de personas desaparecidas, la ley establece que para habilitar beneficios serán fundamentales las contribuciones. No obstante, el articulado es deficiente a la hora de establecer mecanismos de verificación para que la información sea útil. A este punto se le agrega la intención del Gobierno en desfinanciar la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), institucionalidad de paz amenazada por la extrema derecha.
Reclutamiento de menores
En materia de reclutamiento de menores, la ley deroga la exclusión absoluta de beneficios prevista en la Ley 418 para condenados por reclutamiento ilícito de menores. Pero no establece salvaguardas específicas que reemplacen esa prohibición.
Asimismo, el proyecto exige entregar a las niñas y niños reclutados forzadamente que estén bajo control de una organización criminal. Pero, una vez más, no establece los mecanismos que protejan de la vida humana de estos menores, asegurando localización, atención integral y no repetición del reclutamiento.
Cuando hay reclutamiento de menores –tipificado por el derecho internacional y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como un crimen de guerra–, no basta con prometer colaboración. El debate que exigió la oposición es precisar cuáles serían los beneficios compatibles con la gravedad del delito y las garantías que tienen las víctimas.
Finalmente, la ley tiene un marco uniforme que no establece diferencias entre guerrillas, paramilitares, estructuras narcotraficantes y redes urbanas. De hecho, emplea una categoría genérica de actores armados ilegales o terroristas, clasificación que abre la puerta a una interpretación subjetiva de las autoridades, lo que puede terminar en arbitrariedad.
Las voces opositoras
Para la representante María Fernanda Carrascal, la ley tiene problemas de fondo: “Criminaliza la protesta social, desconoce los derechos de las víctimas, no garantiza su reparación y, en cambio, contempla beneficios para quienes han reclutado menores de edad. Además, no diferencia adecuadamente a los grupos armados, pese a que sus estructuras, capacidades y formas de operar son distintas y requieren tratamientos diferenciados”.
Sobre el reclutamiento de menores, la senadora María Eugenia Londoño protestó porque la escuela está siendo revictimizada: “Dejan en riesgo a las y los estudiantes en los territorios, concediendo impunidad a los reclutadores de menores de edad. ¡Queremos más escuelas, no queremos más fusiles!”.
Por último, el representante Gabriel Becerra advirtió que la paz debe ser un derecho y una política de Estado, con respeto al derecho internacional humanitario, los derechos humanos y participación de las víctimas: “Exigimos eliminar expresiones que puedan criminalizar la protesta social y que sea un juez, no el Presidente, quien determine la pertenencia a un grupo criminal”.
La Ley 2640 fue publicada en el Diario Oficial 53.680 del 4 de noviembre de 2026 y tiene una vigencia de cuatro años.
11 de noviembre 2026
Con información del Semanario Voz