Para que se ponga fin a la permanente disputa sobre la interpretación jurídica sobre la libertad sindical y la protección del derecho de huelga, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, solicitó ante la Oficina Internacional del Trabajo para que sea incluida para su análisis en el próximo Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, a realizarse entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre en Ginebra, Suiza.
En dicho encuentro los trabajadores del mundo pedirán a ese organismo que la controversia sobre el derecho de huelga que existe desde 2012 sea trasladada a la Corte Internacional de Justicia. Esta petición ha sido respaldada por el movimiento sindical colombiano y por el Gobierno del Cambio.
A través de una comunicación dirigida al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, Gilbert Houngbo, con sede en Ginebra, la titular de la cartera Ramírez Ríos, señala que el Gobierno de Colombia apoya las peticiones del Grupo de los Trabajadores, quienes lo formalizaron en el anterior Consejo de Administración en marzo pasado.
“Los mandantes tripartitos han realizado varios intentos para superar la prolongada discusión, incluso a través del diálogo social. A pesar de estos esfuerzos, no se ha logrado un resultado consensuado. En caso de que continúen las controversias sobre la interpretación jurídica, la OIT debería recurrir al procedimiento constitucional previsto en el Artículo 37, Apartado 1, de la Constitución de la OIT, y someter el asunto a la Corte Internacional de Justicia”, señala la misiva.
La ministra manifiesta que, para facilitar el debate y la toma de decisiones en el próximo Consejo de Administración a realizarse n noviembre, se prepare un informe detallado que contenga todos los elementos necesarios para la remisión al Tribunal, incluidos los temas que deben plantearse a la Corte Internacional de Justicia.
“Este debate mundial es muy importante y se da en el marco de nuestra reforma laboral. Este Gobierno reconoce, respeta y quiere ampliar el derecho de huelga en la reforma y las garantías para su ejercicio, pues hace parte esencial de una sociedad democrática como durante décadas lo han sostenido los órganos de control de la OIT y nuestras propias cortes”, puntualizó la titular de la cartera laboral.