Para lograr una transformación del sistema de educación superior, en beneficio de los intereses de las clases populares, se debe confrontar la raíz del problema: el neoliberalismo
Cristian Andrés Reyes Rey
@CristianReyesR_
En el Congreso de la República se dio inicio a la discusión del Proyecto de Ley 224C que busca regular “el Derecho Fundamental a la Educación”. Este proyecto de origen gubernamental es el resultado de un acumulado histórico de experiencias del movimiento estudiantil, profesoral y de trabajadores, y tiene el potencial de transformar el sistema educativo del país.
Neoliberalismo y crisis de la educación superior
El neoliberalismo en Colombia conquistó todos los espacios públicos y privados, se constituyó en la conciencia determinante sobre el cual avanzó el Estado y la clase dominante que desarrolló una fiera privatización de todo en lo que tuvo posibilidad, desde los derechos fundamentales como la salud y la educación, pasando por fructíferas empresas públicas y de mercancías que décadas atrás era impensable su conversión a mercancías ficticias.
De esta manera, para lograr una transformación del sistema de educación superior en beneficio de los intereses de las clases populares se debe hacer cara a la raíz del problema, que se encuentra en el neoliberalismo implantado política e ideológicamente en las Instituciones de Educación Superior, IES, cambiando la condición moral de las mismas, en donde las y los estudiantes han pasado a convertirse en clientes.
En el caso del sistema universitario, tras la promulgación de la Ley 30 de 1992, el sistema educativo comenzó a tener una variación constante donde la demanda se convirtió en el eje central, llegando al punto que de las arcas públicas los Gobiernos Nacionales y locales implementaron programas de crédito-beca encaminados al fortalecimiento de la financiación a la demanda en las instituciones de carácter privado, esto bajo la ilusión como la libre elección. Con este, y otros espejismos, los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque llevaron a cabo programas como Ser pilo Paga, SPP, y Generación E, con costos billonarios que hoy continúan demandando recursos públicos.
Hoy el sistema de educación superior cuenta con 2.466.228 estudiantes, de los cuales el 52 por ciento se encuentra en las instituciones oficiales y el 48 por ciento en las privadas. Con el debilitamiento durante las últimas tres décadas de lo público, las instituciones privadas aumentaron de forma constante su número y presencia en todo el país, llegando hoy a doscientas dieciséis instituciones privadas, mientras el sistema público aún y con más estudiantes a penas cuenta con sesenta y cinco instituciones¹, y una deuda histórica estimada en dieciocho billones por concepto de recursos en bienestar, infraestructura, entre otros, que han dejado de percibir las instituciones oficiales.
Potencias y dificultades
Dentro de los elementos del Proyecto de Ley que contienen una potencia transformadora del sistema de educación superior se encuentra el artículo quinto que establece, dentro de los principios, la universalidad, la cual permite que todo habitante del territorio colombiano pueda acceder a la educación sin discriminación; la calidad, que en un esfuerzo por resignificar este término ligado a la mercancía educativa se describe como parte del marco de la dignidad humana que aglutinara los esfuerzos de todas las partes que se encuentran dentro del sistema para atender al mejoramiento continuo con criterios sociales, geográficos y culturales; la gratuidad, que se enmarcara en la garantía progresiva de la educación en los establecimientos oficiales, dejando claro que el esfuerzo financiero del Estado debe enfocarse en el sistema público; la democracia, que establece la participación real y efectiva de la comunidad educativa en la toma de decisiones; entre otros principios.
En consonancia, con los avances anteriores se establece en el artículo doce, deberes y obligaciones del Estado, la financiación integral de la educación en el conjunto de los niveles a partir de la priorización y fortalecimiento de las instituciones oficiales. En la misma vía se encamina el artículo dieciocho que establece el derecho fundamental a la educación superior. Estos artículos son medidas que pueden revertir la tendencia de disminución en las transferencias de la nación que, entre el 2002 y 2016, pasaron de 55,7 por ciento al 37 por ciento², esto en sintonía y como muestra de la política de debilitamiento de lo público, en particular, de las Universidades oficiales en pro del fortalecimiento de las instituciones privadas.
En el marco de las dificultades que existen para quienes ejercen la labor docente, el Proyecto de Ley establece la dignificación de esta labor a partir, entre otras, de la garantía de condiciones salariales y laborales justas y dignas. De esta forma, se responde a las demandas realizadas por el gremio docente ante situaciones laborales indebidas y el no ajuste proporcional a la labor impartida.
Además, el régimen especial respecto del funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores, sobre lo cual es preciso avanzar teniendo en cuenta que de estas se constituye el nueve por ciento de la planta docente del país, equivalente a veintinueve mil maestras y maestros³.
Aprobado en primer debate
Tras la primera discusión, en el marco de la comisión primera de la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley pasó con una amplia mayoría a partir de una extensa discusión que involucró varias sesiones y un amplio número de proposiciones que permitieron mejorar el documento. El único artículo, que no alcanzó los votos necesarios, fue sobre las facultades extraordinarias.
De esta forma, el texto pasará a discusión en el marco de la plenaria de la Cámara de Representantes, con posibilidad de empezar a discutir a partir del 16 de marzo. Es necesario recordar que, al ser una Ley Estatutaria, debe ser aprobada en cuarto debate hasta el 20 de junio del 2023.
Apoyo popular, eje del cambio
Sin la movilización popular y ciudadanía no es posible alcanzar las reformas que enfrenten al modelo neoliberal en cada uno de los sectores en donde este funge como actor central. Como estamos siendo testigos, en el caso de la reforma al sistema de salud, los intereses de las entidades privadas prestadoras del servicio han generado una confrontación con la propuesta presentada por el Gobierno nacional ante el temor de perder los beneficios económicos que ostentan.
Condición similar puede ocurrir en el sistema de educación superior, donde prevalece la búsqueda de beneficios por parte de clanes y familias ligadas comúnmente a la política regional clientelista. Además, de la constante búsqueda de las instituciones privadas por adquirir aportes del Estado, solo en lo referido al financiamiento del Programa Ser Pilo Paga, SPP, las universidades privadas obtuvieron el 85 por ciento de las matrículas, mientras las universidades públicas solo alcanzaron el 15 por ciento.
De manera que se hace preciso ampliar el respaldo social a la reforma estatutaria a la educación como engranaje de la reforma educativa y del fortalecimiento de la política pública que generen las transformaciones requeridas al modelo de educación superior en el país, en particular, el respaldo de los sectores educativos. Hasta donde llegue la organización y la movilización podrán llegar las reformas y aspiraciones de cambio que tiene la inmensa mayoría del pueblo colombiano.
1 Ministerio de Educación Nacional. Información nacional 2012 – 2022 de la Subdirección de Desarrollo Sectorial.
2 Sistema Universitario Estatal-SUE, “Financiación y sostenibilidad de las universidades públicas colombianas 2018” (Colombia: SUE, 2018) 90.
3 Alejandro Álvarez (16 de 09 de 2022). Llegó el momento de dignificar la profesión docente. El Espectador.
Con información del Semanario Voz