En el informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se solicita, por primera vez, el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, tomando en cuenta el informe de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, del año 2021, quien concluyó que “las sanciones sectoriales no tienen base normativa en el Derecho Internacional y han agudizado la situación de las personas en situación de vulnerabilidad”.
Por: Oscar Hernando Avellaneda
En diversas oportunidades y ante diversas instancias las autoridades venezolanas han denunciado el criminal impacto económico de esas medidas coercitivas ilegales, impuestas por el imperialismo norteamericano, que afectan los Derechos Humanos (DDHH) de toda la población, e impulsaron la migración de millones de personas en los últimos años.
El Gobierno venezolano ha denunciado las 920 medidas unilaterales contra el país y en enero pasado, el Presidente Nicolás Maduro precisó que las pérdidas totales para la economía nacional (sector público y privado) por la caída del Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2015 y 2022, fue de 642.000 millones de dólares.
Mediante su cuenta en la red social X, el canciller venezolano Yván Gil presentó la “cronología del asedio contra Venezuela”, señalando que en marzo de 2015, la orden ejecutiva 13692 (“Decreto Obama”) sentó las bases para las medidas coercitivas contra la economía venezolana impuestas en los siguientes años”, y agrega:
“Durante el mes de agosto de 2017, el Gobierno de Donald Trump impone sanciones contra PDVSA (estatal petrolera), incluyendo el bloqueo de transacciones en los mercados financieros internacionales y la prohibición de emitir o renegociar nueva deuda (…) A inicios del año 2019, el Departamento de Estado establece un bloqueo total del sector petrolero venezolano prohibiendo a empresas estadounidenses operaciones en el país. Congela activos venezolanos, entre ellos CITGO, la subsidiaria de PDVSA en Houston, Texas”
A esto se suma que, durante febrero y marzo de 2020, el imperialismo amenazó a empresas internacionales de gas y petróleo con sanciones secundarias (extraterritoriales) si “continúan comercializando con Venezuela”, y añadió que sectores de la derecha se sumaron al pedido de sanciones.
Venezuela no forma parte de la OEA desde 2013, cuando se hizo efectiva formalmente la decisión de abandonar el organismo, tomada un año antes.
La CIDH, órgano “autónomo” de la Organización de los Estados Americanos (OEA) “encargado de la promoción y protección de los DDHH”, permanentemente hace críticas infundadas sobre “presuntas restricciones a los derechos de reunión y detenciones arbitrarias” en Cuba, lo que contrasta con su absoluto silencio sobre las violaciones de DDHH en los EEUU, como las ocurridas en las últimas semanas, con el uso de gases, pistolas Taser, y balas de goma, contra centenares de estudiantes y profesores que se manifiestan pacíficamente para pedir el fin del Genocidio en Gaza, los cuales aparte de ser agredidos, son arbitrariamente detenidos, poniendo en evidencia que la “libertad de reunión, de expresión y manifestación” en EEUU es sólo propaganda barata.
En las entrañas del imperio las manifestaciones a favor de “Israel” son protegidas por la policía, pero las que se hacen a favor del Pueblo Palestino son reprimidas violentamente.
La “autónoma” CIDH tampoco se pronuncia sobre el bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU a Cuba, que tiene como objetivo provocar todo tipo de dificultades y carencias, y constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los DDHH de todos los Cubanos, con el fin de debilitar su firme decisión de continuar la construcción del Socialismo