Bajada: Golpes, detenciones arbitrarias y ataques contra una persona con discapacidad evidencian el rostro represivo del gobierno de De la Espriella. Mientras los damnificados piden un techo, la fuerza pública responde con violencia.
Por: Simón Palacios
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), acompañado por la Policía y el Ejército, irrumpió sin previo aviso en el refugio improvisado que las víctimas del terremoto habían levantado en la vía Combia-Marsella, en Pereira. Los afectados denunciaron agresiones físicas, detenciones arbitrarias, el despojo de sus pertenencias y un ataque contra una persona con discapacidad. Los videos que circularon en redes sociales son la prueba irrefutable del abuso de poder y la falta de humanidad de un gobierno que, en lugar de proteger a quienes lo perdieron todo, los golpea cuando solo piden un techo.
Este desalojo violento no es un hecho aislado, sino la continuación de una política de mano dura que el presidente Abelardo De la Espriella ha convertido en su sello de gobierno. Mientras ordena bombardeos y cierra mesas de diálogo, sus fuerzas de seguridad se ensañan con las familias damnificadas, tratándolas como enemigas del orden en lugar de ciudadanas que requieren protección. La militarización no solo se ejerce en los territorios en conflicto, sino también contra la población civil que sobrevive a la catástrofe y que solo reclama el derecho a la vivienda y a la dignidad.
La crisis en Pereira es una herida abierta. La Alcaldía reporta más de 35.000 viviendas con daños y cerca de 120.000 damnificados, mientras la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre cientos de familias, muchas con menores de edad, que permanecen en asentamientos artesanales ante la escasa oferta de refugios institucionales. El sismo, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), afectó a 16 departamentos y dejó 331 fallecidos, 4.500 heridos y más de 360.000 damnificados, según la UNGRD. Pero el gobierno parece tener una sola respuesta para la tragedia: represión y opacidad en el manejo de los recursos.
El abuso policial contra los damnificados es una muestra más de la impunidad con la que actúa la fuerza pública bajo este gobierno. La Defensoría ha advertido que toda evacuación debe ser concertada y garantizar un espacio digno antes de recurrir a la fuerza, pero el gobierno ignora estas advertencias. La solidaridad popular, que ha sido la única respuesta efectiva ante la emergencia, vuelve a ser golpeada por el Estado. Este es el rostro del gobierno de De la Espriella: un gobierno que reprime a los que sufren mientras los poderosos se benefician de la tragedia.