Más edificios, menos acceso. La política de vivienda en Bogotá favorece a bancos y constructoras, no a quienes más la necesitan. Créditos: Camilo Cifuentes
Por: Heidy Sánchez Barreto
Concejala de Bogotá
El pasado 13 de abril, la concejala de Bogotá Heidy Sánchez Barreto, del Movimiento Político Pacto Histórico, lideró debate de control político sobre el problema de la vivienda en la ciudad, demostrando la ineficiencia neoliberal de la alcaldía de Carlos Fernando Galán para solucionarlo. Evidenció cómo la producción formal de vivienda hoy no atiende la demanda de los hogares de menores ingresos y, contrario a lo que exige la Ley, los más pobres no son los que prioritariamente se están beneficiando con los subsidios del Distrito. En conclusión, demostró que el verdadero ganador con esta política es un oligopolio privado conformado por cinco grandes constructoras y tres bancos, el cual centraliza el negocio de la vivienda social.
En la rendición de cuentas del 17 de marzo, el alcalde Carlos Fernando Galán calificaba su política de vivienda como “algo histórico”, “algo que no se había hecho nunca”, dando a entender que su gestión, además de inédita, causa un gran beneficio para Bogotá.
Por el contrario, en este artículo demostraremos que la política de vivienda de esta Alcaldía no es una innovación, sino más de lo mismo: una insistencia en la estrategia neoliberal de subsidio a la demanda con la que, contrario a lo que exige la Ley, la vivienda social que se realiza por parte de los privados, así como los recursos que invierte el Estado, no van dirigidos prioritariamente a garantizar el derecho a la vivienda digna a los hogares de menores ingresos. Paradójicamente, quienes sí resultan profundamente beneficiados son los bancos y las grandes constructoras privadas. Así, la vivienda es otro de esos grandiosos negocios particulares que se sostiene con los recursos del Estado, disfrazándose de buenas intenciones.
Revisaremos entonces cómo sucede esto en Bogotá y, a propósito de su ineficiencia, cerraremos esbozando algunos lineamientos para una política alternativa, en función de garantizar realmente el derecho a la vivienda a los más pobres y, con ello, cumplir verdaderamente con lo que dice la Constitución y la Ley.
- Déficit habitacional en Bogotá y el derecho a la vivienda
En Bogotá hay un total de 2.810.349 hogares. De estos, el 10% tiene ingresos de 3 a 4 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), el 15,6% de 2 a 3 SMMLV, el 23% (646.683) de 1 a 2 SMMLV y el 20,5% (576.107) de 0 a 1 SMMLV, recogiendo estos rangos de ingresos el 69% del total de hogares existentes en la capital del país. Como es evidente, los rangos de 1 a 2 y de 0 a 1 SMMLV son los que concentran mayor población y reúnen a los habitantes más pobres.
Con respecto a la vivienda, en Bogotá hay un déficit cuantitativo de 0,6% (cerca de 18 mil hogares). Por su parte, el 50,5% de los hogares en Bogotá habita en condiciones de arriendo. Sin lugar a duda, estas dos condiciones golpean con mayor fuerza a los hogares más pobres, quienes son además a los que más pesa dentro de sus ingresos el gasto en vivienda, a saber: 42,2% en el estrato 1, 41,5% en el estrato 2 y 38,7% en el estrato 3.
Es decir, el problema de la vivienda en Bogotá es particularmente agudo para la población más pobre. Por eso, la ley intenta proteger este derecho social de todos los colombianos proclamado en el artículo 51 de la Constitución Política. Este artículo dice que, para garantizar el derecho a una vivienda digna, el Estado debe fijar las condiciones de su materialización, promover planes de vivienda de interés social y sistemas de financiación a largo plazo, cuya ejecución puede involucrar formas asociativas.
En correspondencia, el artículo 91 de la Ley 388 de 1997 define la vivienda de interés social (VIS) como aquella que se realiza para garantizar el derecho a la vivienda a los hogares de menores ingresos, y determina que los recursos que se destinan por parte del Estado para su promoción se deben dirigir prioritariamente a la población más pobre del país.
Sin embargo, pese a los esfuerzos del Estado, los más pobres en Bogotá no consiguen garantizar su derecho a una vivienda digna, principalmente debido a dos razones: 1. La producción capitalista y formal de vivienda, actual forma de producción hegemónica de unidades nuevas, no atiende a la demanda más pobre; y 2. La política dominante de subsidio a la demanda es insuficiente y no recoge a la población de menores ingresos.
- Desequilibrio estructural en el mercado de vivienda
La producción capitalista de vivienda no tiene la finalidad de atender lo que verdaderamente se necesita, solucionar un problema social o garantizar un derecho, sino que su objetivo primordial es el de generar el mayor lucro posible para quien la ejecuta. Esto provoca un desequilibrio estructural en el mercado de vivienda. En otras palabras, lo que se produce no se acompasa con lo que se demanda.
Así, pese a que la vivienda social está pensada para ser adquirida por aquellos hogares con ingresos de hasta 4 SMMLV, los cuales representan el 69% de los hogares en Bogotá, en el periodo de 2005 a 2025 se iniciaron 768.127 viviendas, 44,1% VIS (tope de precio: 150 SMMLV) y VIP (tope de precio: 90 SMMLV), y 55,9% No VIS. Es decir, para la demanda potencial del 69%, se produce el 44,1% de las viviendas, y para el 30,9% de la demanda (hogares con ingresos de 4 o más SMMLV) se produce el 55,9% de las viviendas.
Este desequilibrio estructural en el mercado se ha venido corrigiendo con la intervención del Estado, a través de la política de subsidio a la demanda. Así, de 2018 a 2025, la iniciación de VIS ha ganado preponderancia, llegando a representar el 51,2% del total de iniciaciones en 2025 y, en conjunto con la VIP, suman el 68,1%. Sin embargo, aunque hay mayor equilibrio en el mercado gracias a que los subsidios del Estado (y las Cajas de Compensación) vuelven demanda solvente a una pequeña parte de los hogares con ingresos de 1 a 4 SMMLV, y por ello el crecimiento de la oferta VIS; los hogares más pobres, aquellos con ingresos de 0 a 1 SMMLV, siguen siendo profunda y preocupantemente excluidos.
Es solo de esta forma que se puede entender por qué, pese a la intervención del Estado para afinar la oferta de la producción capitalista y formal de vivienda, la autoconstrucción sigue teniendo un peso considerable en el total de viviendas producidas, esta seguramente desarrollada de manera informal y por parte de los hogares más pobres. Así, según Jaramillo y Cuervo (2022), se calcula que, en el periodo de 2005 a 2018, la autoconstrucción colocó el 34% del total de unidades producidas en Bogotá. De hecho, históricamente, gracias a esta forma de producción y a la promoción estatal, buena parte de los sectores populares pudieron acceder a una vivienda, de lo contrario, la penuria de los más pobres hubiera sido peor.
2.1. Limitación de la política neoliberal de vivienda
Por lo tanto, los hogares con menores ingresos en la capital están condenados a trabajar para pagar el arriendo y vivir hacinados, en cohabitación o en viviendas inadecuadas/improvisadas, pues de ninguna forma cuentan con el Estado para garantizar su derecho a la vivienda digna. Realidad que se vuelve aún más gravosa para los hogares que cuentan con personas con algún tipo de discapacidad, miembros víctimas del conflicto armado, grupos familiares con jefatura monoparental femenina y población con algún tipo de identificación étnica.
Con la Ley 3 de 1991, triunfó el neoliberalismo en la política de vivienda social del Estado. Así, se dio paso a la hegemonía del subsidio a la demanda y se terminó con la promoción estatal; en consecuencia, se liquidó el Instituto de Crédito Territorial. Esta política neoliberal aspira a que, con subsidios directos al consumidor, los hogares de bajos ingresos, sumando ahorro y crédito hipotecario, compren vivienda privada. Dicha operación, necesariamente en articulación con las constructoras capitalistas de vivienda y con el aporte de créditos hipotecarios por parte de los bancos.
Este modelo ha demostrado su insuficiencia debido a que solo recoge a aquella demanda que representa el menor riesgo financiero y que se vuelve solvente con los subsidios directos al consumidor, asegurando un buen negocio para las constructoras y los bancos, pero no garantizando el derecho a la vivienda digna a los hogares con menores ingresos y más pobres. Este comportamiento se puede ver reflejado en la política de vivienda impulsada por el alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá (2024-2027).
2.2. Desequilibrio en el mercado: Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027
De 2024 a 2027 se calcula que se crearán casi 80 mil hogares por año, un total de 319.632 hogares nuevos en los cuatro años, de los cuales el 68% (216.144 hogares) ganarán hasta 4 SMMLV. Para esta población que, bajo el enfoque político dominante, debería ser la beneficiaria de la vivienda de interés social, el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” (2024-2027) comprometió promover la iniciación de apenas 80 mil viviendas VIS y VIP. Es decir, si todo se cumple, habrá un déficit de 136.144 viviendas de interés social: 63%, dejando de lado el déficit cuantitativo ya existente.
Este es un primer problema que queremos resaltar: la producción formal de vivienda nueva subsidiable se queda corta ante el crecimiento de la potencial demanda por parte de los hogares más pobres. En ese sentido, urge crear una política alternativa y compleja que involucre seriamente formas sostenibles de añadir unidades disponibles, como lo puede ser el reúso de edificaciones o por subdivisión, por migración o supresión vital de hogares y por densificación de la ciudad popular garantizando su mejoramiento estructural y habitacional. En este caso, el Plan de Desarrollo de Galán es anacrónico, tiene metas de reúso mediocres: apenas promover 450 unidades; acabó con el mejoramiento estructural de vivienda popular y su densificación, y no comprende otras formas alternativas de generar unidades disponibles.
- Metas y programas de la alcaldía Galán
A este planteamiento lánguido de la política neoliberal, corresponden metas de ese estilo. Por ello, el Plan de Desarrollo se propuso asignar 75 mil subsidios de soluciones habitacionales, es decir, generar un déficit de más del 65%, teniendo en cuenta que no todos atienden al problema cuantitativo habitacional. Estos 75 mil subsidios ($1.1 billones), en lo urbano se descomponen así: 60 mil para adquisición de vivienda nueva ($890.676 millones), 3 mil para arrendamiento ($20.307 millones) y 11.400 para mejoramiento de vivienda ($234.168 millones). Es decir, por su peso, la centralidad de la política es la adquisición de vivienda nueva.
Una duda que salta a la vista es por qué si el déficit habitacional cualitativo es mayor, el énfasis de la política es en la adquisición de vivienda nueva. Bogotá tiene 205 mil hogares en déficit cualitativo (6,6%) y el Plan de Desarrollo compromete apenas 11.900 subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y rural ($245.427 millones), quedando un déficit del 94%. Sin embargo, continuemos con la lupa puesta en la principal inversión de la Alcaldía en cuanto a soluciones habitacionales.
En el caso de la adquisición de vivienda nueva, el Distrito tiene diferentes programas que ofrece bajo la política de “Mi Casa en Bogotá” con el objetivo de beneficiar a hogares sin vivienda que ganan hasta 4 SMMLV, a saber: 1. Oferta Preferente (OP): sobre planos, unidades separadas por Hábitat (VIS y VIP) y subsidio de hasta 30 SMMLV; 2. Reactiva tu Compra (RCo): se está en proceso de compra de VIS o VIP y subsidio de hasta 12 SMMLV; y 3. Reduce tu Cuota (RCu): se tiene el crédito aprobado para una vivienda VIS o VIP y subsidio de hasta 14 SMMLV para pagar las primeras 48 cuotas.
3.1. La tendencia: excluir a los hogares más pobres
En 2024 se asignaron 4.794 subsidios para la adquisición de vivienda nueva ($80.506 millones), así: 60% a través de OP, 39% con RCo y 0,2% por medio de RCu. Por su parte, en 2025 se asignaron 17.532 ($324.034 millones), así: 21% con OP, 44% con RCo y 34% con RCu. Como se evidencia, la tendencia de la política es a asignar más subsidios a través de los programas que exigen a los hogares mayor disposición de ingresos para ser beneficiados, es decir, RCo y RCu. Esta tendencia se confirma con las proyecciones que se presentaron para 2026 en la discusión del presupuesto distrital, donde se previó la asignación de 12.596 subsidios para la adquisición de vivienda nueva urbana y rural ($211.375 millones), 8% con OP, 40% con RCo y 32% con RCu.
Consecuentemente, en ambos años: 2024 y 2025, son los hogares de menores ingresos (de 0 a 1 SMMLV) quienes menos participan y no crecen en el porcentaje de beneficiarios. Similarmente, de año a año, el rango de hogares con ingresos de 1 a 1 y ½ SMMLV pierde participación, mientras el resto (hasta 4 SMMLV) la aumenta. De este modo, en 2024, los hogares de 0 a 1 SMMLV representaron el 4% de los beneficiarios (169 subsidios), los de 1 a 1 y ½ SMMLV el 54%, los de 1 y ½ a 2 SMMLV el 24%, los de 2 a 3 SMMLV el 13% y los de 3 a 4 SMMLV el 5%. Y, en 2025, los hogares de 0 a 1 SMMLV representaron el 4% de los beneficiarios (637 subsidios), los de 1 a 1 y ½ SMMLV el 44%, los de 1 y ½ a 2 SMMLV el 27%, los de 2 a 3 SMMLV el 17% y los de 3 a 4 SMMLV el 7%.
Es decir, contrario a lo que dice la Ley, la política del Estado en Bogotá no está enfocada a beneficiar prioritariamente a las personas de menores ingresos que, en este caso, conforman aquellos hogares ubicados en el rango de ingresos de 0 a 1 SMMLV e, incluso, con las ejecuciones de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, se empieza a excluir a aquellos que ganan entre 1 a 1 y ½ SMMLV, cuando la tendencia debería ser todo lo contrario.
3.2. Los más pobres son los que menos se benefician
Así, de los 22.326 subsidios para adquisición de vivienda nueva entregados en los dos primeros años de la alcaldía Galán ($404.540 millones), apenas el 4% (806 subsidios) ha beneficiado a los hogares con menores ingresos: de 0 a 1 SMMLV, el 47% a los que obtienen ingresos entre 1 a 1 y ½ SMMLV, el 27% a los que obtienen entre 1 y ½ a 2 SMMLV, el 16% a los que obtienen entre 2 a 3 SMMLV y el 7% a los que obtienen entre 3 a 4 SMMLV.
En otras palabras, solo el 4% de los subsidios está destinado a los hogares con ingresos de 0 a 1 SMMLV, siendo que estos son los más pobres y ponen el 30% de los hogares con ingresos de 0 a 4 SMMLV, mientras el 96% restante de subsidios beneficia a los hogares de 1 a 4 SMMLV, los cuales representan poblacionalmente el 70% de los hogares con ingresos de 0 a 4 SMMLV. Lo mínimo sería que la política intentara equiparar el peso porcentual poblacional con el peso porcentual en la participación de los hogares beneficiarios, pero no, como ya se demostró, la tendencia de esta Alcaldía es a excluir cada vez más a los hogares de menores ingresos.
Todo esto ocurre porque esta política neoliberal está pensada más en función de satisfacer las necesidades del capital constructor y bancario, que en razón de cumplir con lo que dice la Ley y garantizar el derecho a una vivienda digna a la población con menores ingresos. Y resulta ineficiente porque objetivamente estos hogares no alcanzan a realizar el cierre financiero que exige adquirir satisfactoriamente una unidad en el mercado formal, así intenten hacer concurrir diferentes fuentes para ello: crédito hipotecario, subsidios de vivienda y ahorro propio.
Un hogar que consigue ingresos de hasta 1 o 2 SMMLV y gasta casi la mitad de sus ingresos en arriendo, es muy difícil que pueda ahorrar y contar con recursos propios. Seguramente, estos hogares están recogidos en la informalidad laboral de alrededor del 34% y el desempleo de cerca del 9% que reporta Bogotá, inestabilidad en la fuente de ingresos que reduce la probabilidad de que sean sujetos de crédito. Por lo mismo, difícilmente están afiliados a una Caja de Compensación Familiar, motivo por el que quedan excluidos de este subsidio.
3.3. “Política Pública de Gestión Integral del Hábitat” 2022-2031
En el soporte técnico de la “Política Pública de Gestión Integral del Hábitat” 2022-2031, se hizo el cálculo del máximo de crédito al que podría acceder un hogar según su nivel de ingreso, teniendo en cuenta un crédito hipotecario en pesos con una tasa de interés efectiva anual del 12%, un subsidio a la tasa de interés del 5% (para VIP), un plazo de 20 años y una cuota del crédito igual al 30% del ingreso del hogar.
Así las cosas, un hogar con ingresos de 1 SMMLV podría tomar un crédito hipotecario aproximadamente de 40 SMMLV, mientras uno con ingresos de 4 SMMLV podría adquirir uno de 161 SMMLV. En el primer caso, no alcanzaría ni siquiera para adquirir una VIP, mientras en el segundo, por sí mismo, alcanzaría para una VIS. En este contexto, los verdaderos beneficiarios son la constructora que consigue vender sus unidades y el banco que tendría a los hogares pagando intereses por 20 años.
Bajo esta lógica, la prioridad de la política de subsidios deberían ser los hogares de menores ingresos; sin embargo, ya vimos que el plan de la alcaldía de Carlos Fernando Galán es todo lo contrario. ¿A quién busca favorecer entonces? De hecho, con estas cuentas, suponiendo que un banco le presta los 40 SMMLV al hogar con ingresos de 1 SMMLV, sin ninguna capacidad de ahorro ni afiliación a una Caja de Compensación Familiar, requeriría de un subsidio de mínimo 50 SMMLV para comprar una VIP; empero, en el mejor de los casos, esta Alcaldía con el programa de OP otorga un subsidio de máximo 30 SMMLV. Es decir, con la actual política neoliberal, es misión imposible garantizar el derecho a la vivienda a los hogares con ingresos de 0 a 1 SMMLV.
3.4. ¿Qué entiende por vivienda digna la Alcaldía?
Pero todavía no hemos visto lo más perverso de la política. Como lo dicen las cifras, excepcionalmente, la alcaldía de Carlos Fernando Galán en los dos primeros años de gobierno consiguió otorgar 806 subsidios a hogares con ingresos de 0 a 1 SMMLV. Sin embargo, estos subsidios fueron asignados en proyectos ubicados en las periferias de la ciudad, donde hay mayores carencias en materia ambiental, de espacio público, equipamientos sociales, trasporte, entre otras. El centro y la ciudad mejor equipada parece vedada para los más pobres, por eso los proyectos que recogen estos subsidios otorgados están ubicados casi que exclusivamente en la periferia urbana al sur, el occidente, noroccidente y suroriente de Bogotá, pero nunca en localidades como Puente Aranda, Teusaquillo, Candelaria, Santa Fe, Barrios Unidos, Chapinero ni al sur de Usaquén.
Sumado, el 45% de estas unidades tiene entre 36 y 40 m² (o no pasan los 46 m² el 35% que le sigue en tamaño) para hogares con un promedio de 2,8 integrantes (estrato 1), es decir, en general brindan entre 13 y 14 m² por persona. ¿Esto es una vivienda digna? Además, son unidades que se entregan en obra gris y que seguramente tienen que ser habitadas de esta forma por muchos años pues la prioridad para los hogares se convierte en pagar el crédito hipotecario.
- Los verdaderos beneficiarios
¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de estos programas? Los grandes bancos y las grandes constructoras quienes actúan como oligopolio en estas operaciones, o incluso están integrados como grupos financieros.
En el caso de los 16.129 subsidios otorgados en los dos primeros años de Gobierno (2024+2025), para adquisición de vivienda nueva en proceso de compra pero antes de tener aprobado un crédito hipotecario, 6.594 han sido con OP y 9.535 con RCo. En el caso de OP, son cinco grandes constructoras las que concentran el 71% de los subsidios otorgados, a saber: 1. CUSEZAR SA (20%); 2. CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ SAS (18,4%); 3. CONSTRUCTORA BOLÍVAR SA (11,3%); 4. CONSTRUCTORA LAS GALIAS SAS (10,8%); y 5. AMARILO SAS (10,5%).
Estas mismas cinco grandes, más una, concentran el 67% de los subsidios otorgados en el caso de RCo de la siguiente manera: 1. AMARILO SAS (17,3%); 2. CONSTRUCTORA BOLÍVAR SA (12,5%); 3. CUSEZAR SA (12,1%); 4. CONSTRUCTORA LAS GALIAS SAS (11,5%); 5. CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO (7,5%); y 6. CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ SAS (5,7%).
4.1. Oligopolio y capital financiero
Del total de los 16.129 subsidios, estas seis grandes constructoras concentran el 68%, así: 1. AMARILO SAS (15%); 2. CUSEZAR SA (15%); 3. CONSTRUCTORA BOLÍVAR SA (12%); 4. CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ SAS (11%); 5. CONSTRUCTORA LAS GALIAS SAS (11%); y 6. CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO (4%).
Y en lo que corresponde a los 6.011 subsidios para adquirir vivienda nueva cuando ya se cuenta con un crédito hipotecario aprobado, que fueron otorgados a través del programa RCu en los dos primeros años de la Alcaldía (2024+2025), el 77% lo concentraron cuatro entidades: 1. FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA (24,8%); 2. BANCO DAVIVIENDA SA (24,1%); 3. BANCOLOMBIA SA (20%); y 4. BANCO BBVA COLOMBIA (8,65%).
Es decir, hay un oligopolio privado conformado por cinco grandes constructoras y tres bancos (algunos financiadores de la campaña del alcalde Galán) que centralizan el negocio de la vivienda social y los subsidios otorgados por el Estado en Bogotá. Particular mención merece el grupo financiero Bolívar quien gana por punta y punta: como constructora, pero también como entidad bancaria por medio de DAVIVIENDA.
- Subsidio de arriendo: la única opción para los más pobres
¿Qué le queda entonces a los más pobres de la ciudad?, acudir a los subsidios de arriendo del Distrito, que son transitorios. En esta materia, la Alcaldía cuenta con dos opciones: 1. Ahorro para mi casa: hasta 7,4 SMMLV divididos en 12 meses, dirigidos a cubrir parcial o totalmente el canon de arrendamiento que paga un hogar con ingresos de hasta 2 SMMLV para que, de esta manera, consiga ahorrar una cuota mensual en función de una eventual adquisición de vivienda; y 2. Arriendo Temporal Solidario: hasta 3,7 SMMLV divididos en máximo 6 meses, dirigidos a cubrir parcial o totalmente el canon de arrendamiento que paga un hogar con ingresos de hasta 1 SMMLV perteneciente a unos grupos poblacionales priorizados y especialmente vulnerables.
Por lo mismo, estos subsidios de arriendo están dirigidos a los más pobres, como si fuera una resignación y un consuelo del Distrito al no brindarles una alternativa real que les garantice de manera definitiva el derecho a una vivienda digna. Consecuente con esta lógica, frente a los 806 subsidios para adquirir vivienda nueva que logró dar la alcaldía de Carlos Fernando Galán en dos años, en solo 2025, año en el que empezaron a funcionar los programas de subsidio de arriendo, se otorgaron 1.404 de estos a hogares con ingresos de 0 a 1 SMMLV, 47% de un total de 2.989 subsidios asignados ($26.815 millones).
Es decir, a los hogares más pobres la alcaldía de Carlos Fernando Galán solo les ofrece una ayuda transitoria de arriendo, pero no les garantiza de manera permanente el derecho a una vivienda digna. Prefiere destinar la mayoría de los recursos a subsidiar hogares con mayores ingresos, incluso a quienes no necesariamente lo requieren, con tal de que los bancos y las constructoras puedan mantener funcionando su negocio a costa del presupuesto público. Es decir, en Bogotá se hace todo lo contrario a lo que exige la Ley, pero eso sí, disfrazado de muy buenas intenciones.
- La tierra pública: ¿para el negocio o para el derecho?
En este contexto, se hace necesario y urgente el impulso de una política alternativa para realmente garantizar el derecho a una vivienda digna a los más pobres, es decir, para cumplir con la Constitución y la Ley.
Hoy RENOBO, como banco inmobiliario de Bogotá, posee 35 predios que suman 28,3 hectáreas de suelo disponible para la generación de vivienda. No es posible seguir entregando esta tierra, que es escasa y costosa en Bogotá, para que las constructoras la desarrollen y, en el mejor de los casos, hagan VIS y VIP. Ya demostramos que, así haya topes, a precios del mercado y buscando el constructor el máximo lucro, es muy excepcional o imposible adquirir una unidad de estas por parte de los hogares con ingresos de 0 a 1 SMMLV.
Peor aún, Transmilenio (tituladas a favor del IDU) hoy tiene mejores tierras que RENOBO, posee 1,49 hectáreas de remanentes de obra pública ligadas a la edificación del sistema de transporte colectivo. Estas tierras, que seguramente fueron expropiadas, se vienen volteando y vendiendo de manera formal por medio de los PRUMS, pasando a ser tierras con tratamiento de renovación urbana y áreas receptoras de actividades económicas. Esto es lo que sucede con el PRUMS de la Primera de Mayo: se ferian 25 mil metros cuadrados públicos construibles. De este modo, la tierra mejor servida en transporte se le está entregando a las constructoras y, lo que recibe Transmilenio SA como pago, se destinará para mantener el negocio de los operadores privados del SITP vía Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).
Así se confirma lo que denunciamos en su momento en la etapa de discusión y aprobación del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” (2024-2027): esta Alcaldía actúa en cada campo, el transporte público y la generación de vivienda, para beneficiar a los grandes privados, pero además busca formas para que confluyan extraordinarias prebendas para los grandes empresarios de ambos negocios: el oligopolio operador del transporte y el oligopolio constructor de vivienda. Esta fue la jugada maestra al convertir a Transmilenio S.A. y la Empresa Metro en operadores urbanos, y es lo que se está concretando con los PRUMS.
- Una política alternativa de vivienda
Así las cosas, en el caso de los hogares con menores ingresos (0 a 1 SMMLV), no se trata simplemente de generar VIP o VIS, sino que la vivienda de interés social se acomode en sus características y precio a los recursos con los que cuentan estos hogares, entonces tiene que ser digna en sus espacios y ubicación, debe valer menos de 90 SMMLV, debe poderse costear aportando también trabajo u otras formas de pago en especie y debe dejarse diferir su pago en más tiempo y no en un máximo de 25 o 35 años. ¿Esto lo haría una constructora capitalista? Difícilmente; entonces lo tiene que hacer el Estado. ¡El Estado debe volver a construir vivienda! Y, para eso, hay que devolver a la Caja de Vivienda Popular sus finalidades y funciones fundacionales, mutiladas por la política neoliberal.
Y el Estado también lo puede hacer si facilita las condiciones técnicas y se asocia con quienes han garantizado el derecho a la vivienda a los hogares más pobres a lo largo de la historia: las organizaciones populares de vivienda. Incluso, en estas operaciones se puede asegurar la vivienda como hogar (valor de uso) mientras dura la vitalidad de un núcleo familiar, y no necesariamente ceder la propiedad, superando la visión de la vivienda como un activo económico (valor de cambio). Con un stock público de vivienda retribuido a bajo costo y a largo tiempo por parte de estos hogares, además se coloca un tope en mercado al precio de los arriendos en su zona de influencia.
De este modo, hay que fortalecer la acción del banco inmobiliario y del Fondo de Compensaciones Obligados VIS/VIP con tal de que haya mayor cantidad y mejor tierra pública disponible para generar verdadera vivienda social con la que se beneficie a los hogares más pobres. De igual manera, manteniendo las condiciones de acceso, hay que potenciar las formas alternativas de generación de unidades disponibles porque la construcción de vivienda nueva, como lo evidenciamos, no es suficiente.
En síntesis, se requiere construir una política compleja que involucre seriamente formas alternativas y sostenibles para generar nuevas unidades disponibles de vivienda social, como el reúso, la subdivisión, por migración o supresión vital de hogares, y con la densificación de la ciudad popular. Igualmente, que priorice los recursos en los más pobres, jerarquizándolos al enfocar los subsidios a la demanda en los hogares que realmente lo requieren y alcanzan a volverse solventes con el apoyo del Estado (y las Cajas de Compensación): hogares con ingresos de 1 a 3 SMMLV; pero que, principalmente, utilizando la tierra pública, se atreva a generar vivienda nueva por promoción directa del Estado o mediante alianzas público populares, involucrando métodos alternativos de adquisición o tenencia, lo cual garantice el derecho a una vivienda digna a los hogares de menores ingresos: de 0 a 1 SMMLV.
Solo así avanzaremos dejando de ver la vivienda exclusivamente como un negocio de grandes empresarios subsidiados por el Estado, para pasar a garantizarla como un derecho a los hogares más pobres, los cuales, según la Ley, deberían ser los principales beneficiarios pero que, como quedó demostrado, hoy resultan cada vez más excluidos por la política neoliberal, con la cual se identifica plenamente la alcaldía de Carlos Fernando Galán.
Con información del Semanario Voz