Ante las recientes denuncias de acoso sexual y laboral en Caracol Televisión, el canal terminó el contrato con los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego
Las denuncias de acoso sexual y laboral en Caracol Televisión sacuden a uno de los medios más poderosos del país. Detrás del escándalo hay algo más urgente que los nombres propios: la pregunta sobre qué tipo de lugares construimos para las mujeres que trabajan
Por: Anna Margoliner
@marxoliner
El canal Caracol se enfrenta a uno de los escándalos de acoso sexual más relevantes de su historia reciente, con numerosas denuncias públicas de varias mujeres periodistas que evidencian patrones de abuso y hostigamiento ejercidas por figuras de alto perfil en el medio.
El martes 24 de marzo de 2026, Caracol Televisión anunció la terminación del vínculo laboral con los “periodistas/presentadores” Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, luego de que varias mujeres hicieran públicas sus experiencias. No fue un gesto espontáneo. Fue el resultado de una presión sostenida, de mujeres que decidieron hablar sabiendo perfectamente lo que ese acto les podía costar.
Lo que se reveló no fue solo la conducta de dos individuos. Fue la imagen de una cultura que durante años eligió proteger reputaciones en lugar de personas.
El precio de hablar
Denunciar el acoso no es un acto simple. Es una decisión que muchas mujeres postergan durante años, o nunca toman, porque los costos son reales y concretos: perder el empleo, enfrentar el desprestigio, cargar con la prueba de algo que ocurrió a puerta cerrada.
Uno de los testimonios recopilados revela que una periodista pasó años evitando quedarse sola en la redacción para prevenir nuevos episodios, hasta que finalmente renunció, momento en que, según cuenta, recibió amenazas verbales.
Otro caso denunció acoso laboral procedente de colegas dentro del canal y explicó cómo la hostilidad escaló cuando pasó de ser reportera a presentadora, enfrentando sabotajes y difamaciones reiteradas.
Este patrón, el del abuso que crece cuando la mujer avanza, no es una casualidad. Es una estructura. Y estructuras así solo se sostienen cuando el entorno lo permite.
Los entornos seguros no son un lujo
Las comunicadoras que se pronunciaron coincidieron en la necesidad de dejar atrás el silencio y crear garantías de seguridad para quienes enfrentan o denuncian agresiones. Esa frase encierra una exigencia que va mucho más allá del caso Caracol. Los entornos seguros no son un beneficio adicional, son una condición básica para que el trabajo sea posible.
Un lugar de trabajo seguro implica que existan canales de denuncia reales, que quien denuncia no sea castigada por hacerlo y que los protocolos no sean documentos decorativos.
La discusión pública se ha intensificado tras la aprobación de la Ley 2365 de 2024, que endurece las obligaciones de las empresas para prevenir y sancionar el acoso laboral, ampliando la protección a contratistas, practicantes y pasantes. La ley existe. El reto está en que se aplique antes del hecho, no después.
El problema de que sea Caracol
Hay una dimensión de este caso que no puede pasarse por alto: no estamos hablando de cualquier empresa. Estamos debatiendo sobre uno de los medios de comunicación más influyentes en el país, un canal que forma opinión pública, que cubre casos de violencia de género, que entrevista a víctimas y que transmite campañas institucionales contra el acoso.
La repercusión de estos casos ha generado una ola de testimonios y reacciones que no solo cuestionan la gestión interna del canal, sino que plantean la urgencia de transformar la cultura laboral en los medios de comunicación del país.
Que un medio hegemónico normalice el acoso en sus propias redacciones no es solo una contradicción moral. Es un mensaje tácito hacia toda la sociedad: que esas conductas son tolerables, que quienes denuncian pagan el precio y que los poderosos están protegidos. Los medios no solo reflejan la realidad. La construyen. Y esa responsabilidad los obliga a un estándar más alto, no más bajo.
Desde 2018, señales de que algo no funcionaba dentro del canal fueron ignoradas, y quienes alzaron la voz antes pagaron con la exclusión. Ocho años después, esas voces encontraron eco.
El cambio cultural no llega por decreto
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación y habilitó el correo electrónico [email protected] para recibir denuncias, con el propósito de brindar plenas garantías de protección a las víctimas, preservando sus derechos fundamentales y evitando su revictimización.
Es un paso necesario. Pero las investigaciones judiciales responden al daño ya hecho. Lo que se necesita es que las organizaciones —los medios incluidos— construyan culturas donde ese daño no ocurra. Donde una mujer no tenga que rezar para volverse invisible antes de entrar a trabajar.
Una de las periodistas que habló públicamente dirigió un mensaje directo a las jóvenes que están comenzando: que hablen, que no carguen solas, que merecen entornos seguros y sin tener que soportar el abuso.
Ese mensaje debería estar en el corazón de cada redacción del país. No como un cartel en la pared, sino como una práctica diaria.
Con información del Semanario Voz