Movilización del 11 de noviembre en Barcelona. Foto Armando Negro, Diario Red
En los últimos cinco años, mientras que los salarios aumentaron un 15,7%, la canasta familiar creció un 26,5% en medio de un bloqueo permanente de los empresarios y una campaña de desestabilización de la derecha y la ultraderecha contra las propuestas de la izquierda y el gobierno progresista.
Por: Pietro Lora Alarcón
En España, a 20 días de las elecciones generales, la huelga general de este 11 de noviembre demostró un salto cualitativo de la movilización popular. Todo inició reivindicando el derecho a la vivienda, convirtiéndose en símbolo el rostro de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, militante del sindicato de inquilinas, que el 23 de septiembre fue desahuciada de su casa y que falleció semanas después. Pero rápidamente trascendió a otras exigencias del conjunto de los trabajadores y del pueblo.
El llamado fue a una movilización a la ofensiva y razones para ello no faltan. En el país, en los últimos cinco años, mientras que los salarios aumentaron un 15,7%, la canasta familiar aumentó un 26,5% en medio de un bloqueo permanente de los empresarios y una campaña de desestabilización de la derecha y la ultraderecha contra las propuestas de la izquierda y el gobierno progresista.
Los alquileres y la responsabilidad de la derecha
El caso de la vivienda es patético, porque el incremento del precio de los alquileres es una causa determinante de la degradación de las condiciones de vida.
Según el Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, el problema en España no se soluciona necesariamente construyendo más viviendas a fin de equilibrar el mercado, porque el poder del gran capital llegó a un punto en que esta medida solamente favorecería a la burbuja inmobiliaria. Lo imprescindible es la vivienda popular, asequible para el conjunto de la ciudadanía.
Otros estudios arrojan que el aumento de los alquileres entre el 2024 y este año fue del 56,2%, obligando a que el 85% de las personas que alquilan destinen más de un tercio de sus ingresos a pagarlo. En esas condiciones, una de cada tres personas inquilinas dedica más del 50% de su sueldo a la vivienda; el 61% de las personas que vive de alquiler no consigue ahorrar después de pagarla; una de cada tres personas en el 2025 se mudó porque no podía pagar; y solo el 14% de las personas sin vivienda en propiedad cree que podrá comprar una en el futuro.
Otros datos muestran un aumento de las ejecuciones hipotecarias. En los últimos tres meses llegaron a 3.703, un 27,5% más que en el mismo periodo de 2025 y la cifra más alta registrada en nueve años.
Castigo a la economía familiar
Voceros del Partido Comunista Español (PCE) destacaron que el problema es producto de la voraz lógica capitalista, desatada tras décadas de políticas neoliberales y privatizadoras de los anteriores gobiernos del bipartidismo, especialmente del Partido Popular, que favorecieron al capital financiero y redujeron al mínimo el parque público de vivienda.
Por eso, la situación castiga la economía familiar, a pesar de las políticas de aumento del salario impulsadas en los últimos años y de los subsidios de los gobiernos progresistas.
Hasta el 31 de diciembre del 2025 estuvieron suspendidos los procesos de lanzamiento para familias en situación de vulnerabilidad. Pero entre enero y abril la ultraderecha y sus aliados impidieron la continuidad de la moratoria. Un comunicado de organizaciones como Amnistía Internacional y Oxfam culpa directamente al Partido Popular (PP), a VOX y a Junts Per Catalunya de haber derribado el decreto de moratoria y atentar contra las familias españolas.
La derecha no solo se opone a los decretos, también rechaza las inversiones para las viviendas públicas y busca favorecer a los grandes especuladores que adquieren terrenos, edificios e incentivan el turismo de precios elevados y grandes ganancias. Igualmente, se opone al incremento salarial y amenaza con proponer una reforma laboral y privatizar el sistema pensional.
La jornada del 11
Por eso la gente salió a las calles y paralizó las actividades laborales el 11 de noviembre. Y aunque los empresarios españoles comuniquen a la gran prensa internacional que la huelga fue un fracaso, no hay cómo tapar el sol con las manos.
El éxito de la huelga es histórico y la realidad es que las actividades en grandes empresas de Asturias como ThyssenKrupp o Arcelor, o en puertos como Coruña en Galicia, fueron paralizadas casi que en su totalidad. Igualmente, en Euskadi la paralización se dio en prácticamente todos los territorios vascos.
En Madrid se calculan más de 120 mil personas en marchas realizadas a las doce del mediodía y seis de la tarde. En Barcelona y Valencia superaron las 50 mil. En otras ciudades de menor porte la afluencia fue también masiva durante varias horas del día. En todas las manifestaciones la acción de la policía dejó un saldo de personas detenidas y centenas de víctimas del gas pimienta arrojado indiscriminadamente.
Tanto los sindicatos como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmaron a los medios de prensa que “la huelga ha sido un éxito y las calles han hablado alto y claro: hay que acabar con la gran fábrica de desigualdad que es la especulación”.
De pie contra el fascismo
Detener a la derecha y la ultraderecha que ya aplican en comunidades autónomas el recorte de derechos sociales, es un objetivo fundamental de la lucha popular, porque el curso de un proyecto fascista para España –negacionista de la crisis ambiental y de la dominación patriarcal, privatizador en lo económico, que abandona los derechos sociales–, no ha cesado.
Por eso, como advierte el PCE, la unidad, la cooperación y la coordinación de todas las fuerzas obreras, para llegar a todo el país y defender lo que se ha conseguido hasta ahora, advirtiendo sobre las amenazas a la democracia y a la soberanía nacional si llegan al gobierno quienes ya han vendido el país a trozos y lo volverán a hacer poniendo a España al servicio del imperialismo, es una cuestión central.
Es necesario una conciencia que debe traducirse en votos, porque las elecciones del 29 de noviembre tienen un carácter de clase y antifascista. Es necesario impedir la entrada de la ultraderecha al gobierno por primera vez desde el fin de la dictadura franquista, con la enorme involución en derechos y libertades que eso implicaría.
El pueblo español continúa de pie y en lucha contra el fascismo.
20 de noviembre de 2026
Con información del Semanario Voz