Petro replicó las acusaciones y el llamado a tribunales extranjeros de la Espriella y revindicó el mandato popular ante cualquier abuso de poder.
El expresidente colombiano Gustavo Petro respondió a través de sus redes sociales a Abelardo De la Espriella, quien sostuvo en una de sus alocuciones desde la Casa de Nariño el 19 de noviembre que «la administración anterior fue una empresa criminal con transgresiones a leyes y disposiciones internacionales», aunque no presentó pruebas sustanciales para sostener sus afirmaciones.
De la Espriella afirmó que existe una supuesta competencia de Estados Unidos para investigar, procesar e incluso encarcelar al exmandatario por presuntos hechos de corrupción, narcotráfico u otras conductas delictivas, además de señalar que «las movilizaciones convocadas tras el discurso en Cali equivaldrían a un intento de golpe de Estado», en un discurso que acude a viejas prácticas de la ultraderecha continental como la instrumentalización de la justicia con fines políticos y la subordinación a Washington en cuanto a lo judicial.
La democracia es el poder del pueblo. Significa que las decisiones de un pueblo libre son mandato.
Nunca los pueblos dan golpes de estado, estudie y lea Abelardo, es el pueblo la fuente del poder.
Su insulto es a Colombia porque amenaza con justicias extranjeras cuya bandera obedece por ser súbdito extranjero, pero yo hablo de Colombia y sus problemas, la democracia es el poder del pueblo y si un tirano va contra la vida y la existencia de su pueblo, entonces es el pueblo el que decidirá sobre el tirano. https://t.co/d6bsDSOKW7
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 20, 2026
En consecuencia, Petro en su pronunciamiento centró el eje de la réplica en la defensa de la soberanía popular frente al llamado a autoridades judiciales extranjeras. El expresidente sostuvo que «La democracia es el poder del pueblo. Significa que las decisiones de un pueblo libre son mandato». El exmandatario rechazó que la protesta social pueda equipararse con una ruptura del orden institucional. «Nunca los pueblos dan golpes de Estado, estudie y lea Abelardo, es el pueblo la fuente del poder».
En el mismo comunicado, Petro acusó al jefe actual del Estado colombiano de «agraviar al país» al invocar «jurisdicciones externas» dentro de una controversia política interna. Explicando que «Su insulto es a Colombia porque amenaza con justicias extranjeras cuya bandera obedece por ser súbdito extranjero, pero yo hablo de Colombia y sus problemas».
En el cierre de su mensaje en X, el expresidente vinculó el mandato popular con la resistencia frente a los abusos de autoridad. «La democracia es el poder del pueblo y si un tirano va contra la vida y la existencia de su pueblo, entonces es el pueblo el que decidirá sobre el tirano», sentenció.
La respuesta de Petro surgió tras la petición explicita hecha al Gobierno norteamericano por De La Espriella donde insiste que las investigaciones en Estados Unidos avancen con todo rigor e independencia judicial al afirmar que «no permitirá ataques contra la democracia ni contra el país», y extendió sus cuestionamientos al senador presidencia Iván Cepeda y a sectores del Pacto Histórico y la oposición.
En su declaración, hechas sobre la base de supuestos y no amparadas bajo ninguna prueba para mantener tales aseveraciones, De la Espriella sostiene que «quienes se apropiaron de recursos públicos deben responder ante la ley sin importar cargos ni influencias», haciendo hincapié en los señalamientos sobre «corrupción, narcotráfico o una presunta empresa criminal», los cuales forman parte más del debate político entre ambos dirigentes, que de una posible repuesta judicial.
La gobernabilidad de Abelardo De la Espriella atraviesa un escenario de fuerte tensión desde que asumió la Presidencia. Su gestión, centrada en el endurecimiento de la seguridad mediante el uso de la fuerza, el combate al narcotráfico, el impulso a una reforma tributaria neoliberal y la ruptura con las prácticas políticas tradicionales, choca de manera frontal con el exmandatario Gustavo Petro y con la política promovida por el Pacto Histórico.
La jornada de protesta del 19 de noviembre de 2026 en ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla, marcadas en parte por el rechazo a la reforma tributaria oficialista y por cuestionamientos sobre el manejo del orden público, evidenciaron la profundidad de esa fractura entre la postura gubernamental y la voluntad expresa de la ciudadanía.
Para el Ejecutivo, el llamado a sostener una movilización permanente sin aguardar futuros ciclos electorales supone un riesgo para la estabilidad institucional. Petro y sus respaldos sostienen, por el contrario, que la protesta ciudadana es legítima frente a un Gobierno que consideran carente de legitimidad y que aplica medidas de contención severas ante el malestar social.
Llevar el conflicto político interno hacia la apelación a autoridades judiciales de Estados Unidos añade un factor externo que altera el equilibrio institucional, endurece las posturas en el debate nacional y tensiona los acuerdos básicos sobre soberanía, protesta social y legalidad en Colombia.
Foto: EFE
20 de noviembre de 2026
Con información de TeleSur