Sentencia inapelable de la Corte Interamericana contra quienes asesinaron a más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica y militantes de otras organizaciones.
Por: Jaime Cedano Roldán (*)
No es contra Colombia. Es contra quienes desde el gobierno cometieron crímenes de lesa humanidad y construyeron un régimen político violento y excluyente
La Corte Interamericana de derechos humanos ha condenado al Estado colombiano por el exterminio cometido contra un partido político, la Unión Patriótica. Un crimen de lesa humanidad por razones políticas ejecutado durante más de 30 años con un saldo de más de 6 mil militantes asesinados, decenas de desaparecidos, más de un centenar de arbitrarias condenas judiciales, miles de desplazamientos forzados y centenares de exiliadas y exiliados. Un partido que fue condenado por los poderosos a desaparecer de la faz de la tierra y a perderse en las tierras del olvido. El 30 de agosto de 1986 asesinaron al congresista Leonardo Posada elegido en marzo y posesionado en julio de ese mismo año. Al día siguiente, el 1 de septiembre, mataron al también congresista Pedro Nel Jiménez, empezando una racha interminable. Dolorosamente interminable.
La Unión Patriótica fue constituida en 1985 en el marco del acuerdo de Tregua, Cese al Fuego y Paz firmado por el gobierno con las FARC-EP, y su ideario y ejes programáticos eran la paz y una democracia real y efectiva, política, económica y social. El inicio del exterminio significó la ruptura de la tregua y el reinicio de la confrontación armada. La UP se mantuvo como un partido legal y civilista hasta que a tiros la sacaron del escenario político. Ya en la década anterior se había producido el exterminio de la Unión Nacional de Oposición, la UNO, creada en 1974 en un importante proceso unitario de la izquierda colombiana.
Más allá de la Unión Patriótica
Esta es una condena que va más allá de la misma Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, integrante de este proyecto y víctima principal del exterminio. En la década de 1980 también hubo una ofensiva criminal contra otras organizaciones de izquierda como A luchar, el Frente Popular, el M19 y contra los movimientos sindicales, estudiantiles, agrarios, juveniles y viviendistas. En los años 90 el exterminio se fue enfocando en las zonas agrarias e indígenas contra lideresas y líderes sociales y comunitarios.
El fallo de la Corte Interamericana debe leerse también como una condena contra todas las formas de violencia política que durante dos siglos se han utilizado contra las voces disidentes al viejo poder bipartidista. Contra las violencias de toda nuestra historia ejercida contra los movimientos sociales, contra aquel o aquella que un día reclamó un pedazo de tierra para trabajar, una escuela o un centro médico para la olvidada vereda o el marginado barrio, un poco de agua potable, una carretera, un camino. Una condena contra la gente de los sindicatos que reclamaron un mejor salario, contra quienes denunciaron actos de corrupción.
No es una condena contra Colombia. Es contra quienes han gobernado a Colombia y construyeron un régimen político violento y excluyente, violentamente excluyente, desde los tiempos mismos de la independencia y el surgimiento como nación supuestamente soberana.
Es en este sentido que también debe entenderse la sentencia de la Corte Interamericana, que es una sentencia inapelable.
Nadie debe morir por sus ideas políticas
El gobierno colombiano a través de pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, del ministro de Justicia y de la directora de la agencia jurídica del Estado han expresado pleno acatamiento de la sentencia y la disposición a cumplir las órdenes de investigación, reparación y homenaje a las víctimas, de continuar buscando la verdad y la justicia y de trabajar para que estos hechos no vuelvan a ocurrir nunca más en Colombia. Porque como lo dijera lacónicamente en un tuit Aida Abella, presidenta de la Unión Patriótica: “Nadie debe morir en Colombia por sus ideas políticas”
Aida Abella es un caso emblemático dentro del exterminio contra la UP. El 7 de mayo de 1996, siendo concejal en Bogotá fue victima de un atentado en el que le dispararon con una bazuka al coche en el que se dirigía hacia las oficinas del Concejo y luego ella y sus escoltas fueron atacados a tiros de pistola por todos los costados. Salió ilesa. Uno de los escoltas llamó a una emisora en medio del ataque y lograron entrevistarla en medio de la tragedia y el sonido de su voz angustiosa clamando ayuda es quizás el testimonio más dramático en la larga y dolorosa historia de este exterminio.
La persistencia de las familias de las víctimas
Este exterminio son miles y miles de historias, de tragedias, de dolores. Quizás sea imposible reparar lo irreparable, como dice Erika Antequera, hija de uno de los dirigentes asesinados, José Antequera. La sentencia de la Corte hace parte de la prolongada catarsis, del consuelo para los duelos infinitos, la dignificación de los nombres de las víctimas y su rescate del olvido.
Hay que señalar que una de las fuerzas que permitió esta sentencia es la de las familias de las víctimas, su persistencia, su caminar unidas, esa prolongada búsqueda de la verdad y la justicia. Y una observación: al frente del largo proceso en busca de justicia para las víctimas ha estado ante todo un valiente grupo de mujeres con toda su fuerza y todo su insobornable compromiso.
Uno de los componentes importantes de la sentencia es la mención y los aspectos reparativos para las niñas y los niños afectados por el asesinato de sus padres, muy jóvenes la mayoría. Bernardo Jaramillo el candidato presidencial asesinado tenía 35 años, José Antequera 33 y así muchos y muchas.
Como se decía con Neruda en las marchas y se gritaba en las paredes “Podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera”. El exterminio contra la Unión Patriótica buscaba su desaparición total. La diezmaron y la silenciaron durante muchos años, pero la sentencia llega cuando la UP volvió al congreso y es un partido de gobierno con importantes responsabilidades ministeriales.
Ahora sigue el proceso por la implementación cabal de los mandatos establecidos por la Corte en cuanto a verdad, justicia y reparación, que serán determinantes para el afianzamiento del programa de Paz Total del gobierno del Pacto Histórico.
La lucha no ha terminado.
(*) Ex dirigente nacional de la UP. Concejal de la Unión Nacional de Oposición entre 1978 y 1982 en el municipio de Honda, departamento del Tolima. Exiliado político.
Con información de Mundo Obrero