Su condena sentaría un precedente peligroso para el periodismo al abrir la puerta a enjuiciamientos similares de otros individuos que publiquen información basada en filtraciones clasificadas, lo que amenazaría a numerosos medios de comunicación y periodistas
Ricardo Arenales
Al término de una audiencia de apelación, realizada los días 20 y 21 de febrero pasado, en la que un equipo de abogados del periodista australiano Julian Assange buscaron convencer a un tribunal británico para evitar la extradición del acusado a Estados Unidos, los magistrados del tribunal se limitaron a escuchar las argumentaciones de la defensa y anunciaron que se tomarán el tiempo necesario para producir un veredicto, en el sentido de si se confirma o niega la extradición.
Desde hace varios años, las autoridades norteamericanas han reclamado la extradición del fundador de la agencia de información WikiLeaks, bajo la sindicación de espionaje, divulgación de información privilegiada que puso en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y, en últimas, traición a la patria, una sumatoria de cargos criminales que le podrían significar una pena de prisión de ciento setenta y cinco años entre rejas.
Edward Fitzgerald, uno de los abogados de la defensa, indicó que todos los cargos criminales constituyen un montaje político para castigar en Assange el hecho de que hizo públicos una serie de eventos de corrupción de la administración norteamericana. Assange no es un espía, es un periodista, argumenta la defensa.
Sin rastro del daño
Los hechos que se le imputan están relacionados con filtraciones que contenían detalles sobre las operaciones militares norteamericanas en Afganistán e Irak. WikiLeaks no fue la única agencia que filtró esos documentos. Se trató de una cooperación en la que estuvieron involucrados otros medios como The New York Times, The Guardian, El País de España, entre otros.
Trece años después de conocidos los hechos, sólo se han imputado cargos criminales contra Assange por delitos de filtración de documentos y espionaje, pero Estados Unidos no ha presentado evidencia del daño real causado a personas o instituciones, por la divulgación de esos documentos. En este sentido, la defensa de Assange insiste en que no hay en la actitud del imputado la comisión de un crimen real, sino de un montaje político. Se trata de la intención de infligir una pena severa, que equivale a una cadena perpetua, por un delito que no existe.
De manera puntual, el equipo de defensa de Assange en su alegato indicó que el delito político invocado no es causal para la extradición, se incurriría en un extraño caso de castigo sin delito, en que se pretende aplicar una pena desproporcionada y armar un juicio injusto contra un ciudadano extranjero. Estas figuras delictivas violan el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del cual el Reino Unido es signatario, y acceder al pedido de extradición a Estados Unidos, además de violatorio de una normatividad internacional, envía un pésimo mensaje hacia el ejercicio de las libertades democráticas, particularmente la libertad de prensa.
¿Espionaje o información?
El abogado Fitzgerald reiteró ante el tribunal el argumento que tanto el delito que se imputa a Assange como el proceso en curso en Estados Unidos son de naturaleza política. Y que el espionaje, por el que Assange es acusado de diecisiete cargos por fiscales federales de Estados Unidos, es universalmente aceptado como un delito político, y como tal está excluido de prácticamente todos los tratados bilaterales de extradición que el Reino Unido ha suscrito con decenas de países.
WikiLeaks es una agencia de noticias que, liderada por Assange, estableció una innovación tecnológica. Creó un mecanismo que permitió que los denunciantes pudieran remitir información sin que nadie conociera su identidad, ni siquiera la propia organización. Recibió información relevante sobre corrupción en Islandia, ejecuciones extrajudiciales en Kenia, vertidos tóxicos en Costa de Marfil y censura a internet en China, entre otros muchos paquetes de información de interés público.
Aitor Martínez, quien hace parte del equipo de defensa del periodista australiano, dice que “si pierde Julian Assange perdemos todos”, la democracia, la libertad de prensa.
Es un criterio compartido por la prestigiosa organización Reporteros Sin Fronteras, que al respecto asegura: “Su condena sentaría un precedente peligroso para el periodismo al abrir la puerta a enjuiciamientos similares de otros individuos que publiquen información basada en filtraciones clasificadas, lo que amenazaría a numerosos medios de comunicación y periodistas, y crearía consecuencias disuasorias sobre la divulgación de información de interés público”.
Con información del Semanario Voz