Campesino torturado en su tierra por hombres encapuchados quienes le exigieron abandonar el territorio, en Meta. Foto ANT
Hombres armados visitan y llaman a campesinos beneficiarios de tierras para decirles que deben regresarlas e irse de los territorios, o sufrirán las consecuencias. Aseguran tener el respaldo del nuevo presidente de la República
Redacción Territorios
La reunión con los campesinos afiliados a Somos Tierra transcurría con normalidad hasta que uno de los líderes recibió una llamada. Al otro lado de la línea, un hombre que se identificó como John Jairo, comandante del Clan del Golfo, le ordenó abandonar la tierra que les había sido adjudicada por la Agencia Nacional de Tierras, ANT.
El campesino corrió de inmediato hacia la lideresa Saray Rúa. —¡Saray, Saray! —le decía mientras se acercaba y le entregaba el teléfono celular. Sorprendida, ella respondió: —Soy Saray Rúa, abogada del señor. Cuénteme, ¿qué es lo que pasa?
—Yo soy John Jairo, comandante del Clan del Golfo. Tienen que salir de esas tierras que les entregaron. Tienen una hora para abandonar el predio y el municipio.
Saray advirtió que en la reunión se encontraba un funcionario de la ANT. Corrió hacia él, activó el altavoz del teléfono y dijo: —Nosotros vamos a hablar con las autoridades para verificar qué es lo que está pasando, porque no vamos a abandonar la tierra.
La respuesta fue inmediata: —Tienen que salir de la tierra porque ya los tenemos identificados. Y si el señor sigue de muy chismoso, con más veras lo vamos a matar. – Sin decir una palabra más, el supuesto integrante del grupo paramilitar colgó la llamada.
Los hechos sucedieron el 18 de junio, en la oficina de la organización campesina Somos Tierra, en Puerto Berrío, Antioquia.
Los primeros cultivos
Esta organización es una plataforma nacional que integra a otras de primer nivel, para impulsar la implementación de la reforma rural integral.
En el Magdalena Medio, cuenta con 25 organizaciones -3.000 familias-, y su trabajo se concentra en municipios como Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Yondó, Cimitarra, Puerto Parra, Puerto Nare y Puerto Triunfo, de los departamentos de Antioquia, Santander y Boyacá.
En el gobierno de Gustavo Petro, en esta zona unas 350 familias han sido beneficiadas con tierras, luego de un proceso mediado por la ANT, en el que con un acta se comprometieron con determinados cuidados de los terrenos.
“Entonces, las organizaciones a las que ya les entregaron, hoy se encuentran sacando producción de yuca, de plátano, ya nos ha salido maíz, auyama y sandía”, explica Saray Rúa.
Desde Somos Tierra se acompaña la postulación de las organizaciones para proyectos productivos y desde la ANT se avanzó en un proceso denominado Sembrando Vida, que brinda acompañamiento e insumos a las organizaciones.
Al recibir las fincas, los campesinos buscaron formas de organización para ponerlos a producir: “Algunos se trasladaron a vivir a esos predios y pues… hicieron su vida alrededor de la tierra. Para eso la han estado solicitando. Es una cosa interesante porque el campesino lo que quiere es volver a la tierra y eso es lo que están haciendo”, señala la lideresa de Somos Tierra.
No son solo cultivos de tubérculos o frutas, algunos lograron tener unas pocas vacas que les suministran leche para su diario vivir, pescado, pollos y gallinas para la producción de huevos, y algunos otros desarrollan un proyecto con búfalos para la producción de leche y queso.
Trabajo colectivo
Para su comercialización, han estado institucionalizando encuentros campesinos de economía popular con asistencia de la ANT, la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura.
“Lo que se ha creado es un tema de solidaridad alrededor de la tierra. Entonces, uno produce yuca, el otro produce plátano y se intercambian con trueque. Es una cosa hermosa porque se ha ido generando un escenario de solidaridad alrededor de la tierra y de lo que se produce”, comenta Saray Rúa.
Pero la solidaridad ha ido más allá del intercambio de alimentos. También han organizado jornadas de trabajo colectivo en las diferentes fincas para sacar adelante proyectos o una mejora de un predio: “Por ejemplo, hoy vamos a trabajar en mi tierra y todos me ayudan porque tengo que ararla y, entonces, la otra semana vamos donde otro compañero a hacer algo que allá se necesite. Se está volviendo a los principios de antes, a como se trabajaba antes”.
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de predios adjudicados estaban administrados por la Sociedad de Activos Especiales, SAE. No obstante, “Los entregó la Agencia Nacional de Tierras porque hicieron un acuerdo por medio del cual la SAE se los vendía a la Agencia para poder entregárselos a los campesinos”.
Volvieron por la tierra
En todo el país, el proceso de reforma agraria, aunque con problemas y errores, avanzaba con visibles resultados. Según la ANT, a diciembre de 2005, el Gobierno nacional había gestionado más de 2.5 millones de hectáreas para el campesinado.
De este total, 703.121 corresponden a compra, entrega y recuperación para acceso de familias campesinas y comunidades étnicas, y el restante (1.88 millones de hectáreas) ha sido formalizado mediante la entrega de títulos de propiedad.
Organizaciones campesinas y las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, han dado cuenta de cómo esta política ha afectado positivamente la economía del país, especialmente, la producción de alimentos.
Sin embargo, desde que empezó a tomar fuerza la campaña del entonces candidato Abelardo de la Espriella, inició el martirio para muchos de estos campesinos, porque líderes de esa campaña en varias partes del país comenzaron a decirles que los iban a sacar de las tierras.
La misma ANT emitió una comunicación en la que relaciona hechos en departamentos como Meta, Córdoba y la subregión de Magdalena Medio.
Es así que, en Puerto López, Meta, el 24 de junio a la 1:00 de la madrugada, cuatro hombres encapuchados y armados asaltaron la finca La Primavera, predio asignado el 28 de mayo a una organización campesina. Los criminales torturaron y golpearon con machetes y palos a cuatro personas adultas y a una menor de 14 años, quienes debieron ser trasladadas de urgencia al hospital.
Asimismo, incineraron la planta eléctrica, vehículos y enseres de la comunidad. El predio perteneció a Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a Estados Unidos y condenado por hechos relacionados con el narcotráfico.
Córdoba
De la misma manera, la ANT denunció que en Pueblo Nuevo, Córdoba, el 22 de junio integrantes de dos asociaciones campesinas fueron agredidos violentamente al intentar ingresar como beneficiarios al predio La Palmira, para realizar actividades productivas.
Además, en el mismo departamento, el 28 de junio hombres armados ingresaron al predio El Llano, adjudicado a una asociación campesina en Buenavista. Ante el peligro, las familias abandonaron el territorio para salvaguardar sus vidas. La finca también perteneció a Ignacio Álvarez Meyendorff.
En medios de comunicación regionales, también se han denunciado situaciones similares. En Puerto Triunfo, Antioquia, integrantes de una asociación de mujeres campesinas, beneficiarias con el predio La Perla, denunciaron amenazas directas contra su vida y su permanencia en el territorio.
Un hombre identificado como alias El Barco —hermano de alias Gina y familiar del exjefe paramilitar Ramón Isaza—, irrumpió en el lugar advirtiendo que, tras el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella, buscarían recuperar la propiedad por la fuerza.
Según Felipe Harman, director de la ANT, El Barco manifestó que estaba esperando la llegada del nuevo gobierno para ejecutar el desalojo de las campesinas.
Denuncias ante la Fiscalía
Ante los hechos, el 30 de junio Harman comentó: “Ya existe un patrón de comportamiento de los predios que hemos recuperado. Son más de seis fincas a las que han llegado sujetos a amedrentar a los campesinos en tan solo una semana. No podemos pasar por alto lo que está sucediendo. De forma clara y concreta, he puesto en conocimiento de la Fiscalía General quiénes serían los presuntos responsables de estos hechos”.
Por otra parte, en Puerto Berrío una campesina que pidió la omisión de su nombre comentó: “Lo que pasa es que acá uno no puede hablar porque uno tiene la lápida en el cuello. Acá en esta vereda, todos los dueños de finca están asociados con De la Espriella y estamos amenazados de que no podemos apoyar a otro partido, y que si hablamos de algo o hacemos algo, estamos ya con la muerte encima”.
La misma labriega relató que los campesinos de Yondó, Antioquia, también están amenazados: “Les dijeron que como ya había ganado De la Espriella tenían que desalojar las tierras. Los terratenientes llegan a las fincas con sus abogados y dan dos o tres días para que desocupen. Fuimos a poner el denuncio a la Fiscalía y al Ejército, y el Ejército dijo que ellos por acá no se metían, la Policía que tampoco. El Ejército aquí solo acompaña a los ricos. Por aquí hay un señor que se llama Fredy, alias el peludo, y él le paga al Ejército para que lo custodie.”
Ante los hechos, Saray Rúa vio la necesidad de mostrar los avances de la reforma agraria y denunciar las amenazas y las intenciones de quitarles la tierra. Pero: “Uno de los ganaderos nos llamó a decirnos que dejáramos de desinformar porque si no se iba a formar una guerra”, recuerda la abogada y lideresa campesina, quien agrega que fueron estos finqueros quienes aportaron grandes recursos para financiar esa campaña en esos municipios.
Temor y resistencia
Los campesinos tienen miedo. Han sido sometidos a burlas y humillaciones por parte de integrantes de la campaña del presidente electo, quienes les han manifestado que tienen que irse, que ellos votaron para que los desalojaran.
El temor tiene fundamento. La zona es manejada por poderosos finqueros, narcotraficantes y testaferros de la mafia. “De hecho, el 7 de junio mataron a un líder de la reforma agraria y del Pacto Histórico. Lo mataron a golpes en Puerto Boyacá. La gente está llena de miedo”, anota la lideresa de Somos Tierra.
En respuesta y como forma de resistencia, están proponiendo una red nacional de defensa integral de la reforma agraria. “He estado conversando con alrededor de 20 abogados y queremos ampliarnos más para generar una red que acompañe al campesinado con herramientas jurídicas”.
Por ahora, para defender los terrenos organizarán un sistema de alertas tempranas. Asimismo, quienes no vivan en los predios se irán a vivir allá para protegerlos, e iniciarán un diálogo con las instituciones para cuidar lo que les han dado y acelerar la entrega de títulos que faltan.
Han visto que poderosos sectores del Establecimiento no están a su favor. Por eso, ante pronunciamientos como el de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, quien aseguró que en las tierras entregadas no hay un solo proyecto productivo, Saray responde: “Es un mentiroso, porque, con todas sus falencias, la reforma agraria ha venido siendo integral”, y agrega: “Para mí es imposible que salga cualquier persona a decir que no ha habido reforma agraria, porque nosotros la estamos viviendo; nosotros nos encontramos a la gente en la calle que nos dice: ‘la reforma agraria me cambió la vida’”.
La tierra les pertenece
En respuesta a las agresiones en el departamento de Meta, el 26 de junio la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, expresó que los beneficiarios de la reforma agraria cuentan con todos los elementos jurídicos para proteger sus relaciones de tenencia, para que los campesinos tengan los documentos, los actos administrativos y el amparo para que las autoridades como inspectores de Policía, alcaldes, las autoridades nacionales y las gobernaciones los protejan.
La jefe de esta cartera indicó que se convocaría a las autoridades para que desplieguen medidas de protección, incluyendo a la fuerza pública, con quien existe una resolución para proteger a los beneficiados de la reforma agraria: “No puede ser la voz del miedo, de la ilegalidad, de aquellas fuerzas que se ocultan detrás de los procesos violentos, que no ampara el régimen jurídico, quienes terminen ganando”, expresó con vehemencia.
Por su parte, en los territorios crece la zozobra. Con desesperanza, pero con ganas de seguir resistiendo y defendiendo su terruño, la campesina de Puerto Berrío advierte: “Esta situación no va a cambiar, señor, porque si en estos momentos que está Petro hacen lo que están haciendo, ¿usted se imagina ahora que ganó De la Espriella?”
9 de julio de 2026
Con información del Semanario Voz