En la última etapa, la juventud ha sido protagonista de las movilizaciones sociales. Foto Joel Gonzáles
Aunque son apenas dos meses de la posesión del gobierno de extrema derecha, la primera gran movilización surge de un malestar acumulado sobre el rumbo político que viene tomando el país.
Por: Simón Palacio
La historia dirá que la primera jornada de movilización contra el gobierno de Abelardo De la Espriella fue el miércoles 14 de octubre. Sindicatos, organizaciones y movimientos políticos salen a las calles a rechazar las decisiones iniciales del Ejecutivo, las cuales consideran lesivas para los derechos sociales, laborales y democráticos.
La marcha es respaldada en conjunto por las centrales obreras, la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, el Pacto Histórico, la Alianza por la Vida, entre otras organizaciones, constituyéndose en el primer pulso de movilización entre la oposición y el nuevo gobierno.
Sobran los motivos
Aunque han transcurrido más de dos meses desde la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, la protesta surge de un malestar acumulado sobre el rumbo político que viene tomando el país.
Los anuncios de limitar el ejercicio de la protesta social, las decisiones sobre política económica y social que afectan a los trabajadores y al campesinado beneficiario de la reforma agraria, la reactivación de una política exterior subordinada al imperialismo y el sionismo, el regreso de la guerra total en contra de la población civil, el riesgo de volver a la privatización de la educación pública, entre otras preocupaciones, hacen parte de los motivos de la convocatoria.
Con esta jornada, las organizaciones sociales buscan convertir esas inconformidades en una expresión colectiva de resistencia frente a los anuncios represivos del Gobierno. Se trata de un mensaje político contundente después de los resultados electorales, donde la mitad del país se opone a una regresión en los derechos históricamente ganados y que en la administración de Gustavo Petro fueron prioridad.
Protesta social bajo amenaza
Una de las principales preocupaciones del movimiento social es el peligroso proyecto presentado por el gobierno De la Espriella que busca modificar el protocolo de actuación de la fuerza pública en las manifestaciones.
Aunque el ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostuvo que la iniciativa busca diferenciar la protesta pacífica de los hechos violentos y establecer criterios más rigurosos de intervención policial, organizaciones defensoras de derechos humanos y voces críticas han manifestado que se estaría asistiendo a un retroceso de las libertades democráticas y un riesgo al derecho constitucional a la movilización social.
“El proyecto de Estatuto Antiterrorista genera preocupación por el riesgo a que sus disposiciones acaben con la democracia e inauguren prácticas dictatoriales, y crímenes de Estado”, reaccionó del excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro.
En defensa de los derechos sociales
Una de las organizaciones que convocan a la jornada de protesta es la Federación Colombiana de Educadores y Educadoras (Fecode). La agenda que defiende el magisterio es la defensa de la educación pública, la salud de los maestros, los derechos laborales y la reconstrucción de las escuelas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Fecode ha denunciado además una permanente campaña de estigmatización, orquestada contra los maestros por las fuerzas de la derecha política que hoy se encuentran en el gobierno. Por su parte, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), además de sumarse a la movilización del 14 de octubre, convocó un paro de 24 horas para cuestionar el incumplimiento de acuerdos colectivos, los descuentos salariales y las sanciones a docentes que participaron en pasadas movilizaciones.
“Hacemos un llamado a las trabajadoras y trabajadores, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y populares y a toda la ciudadanía que cree en un país más justo, para que alcemos la voz, nos organicemos y rechacemos medidas como limitar el salario vital. Los derechos de la clase trabajadora se defienden”, ha sido la invitación de la senadora del Pacto Histórico, María Eugenia Londoño.
Por su parte, organizaciones campesinas y pueblos indígenas también se han sumado a la protesta social. Estos sectores se movilizan en respuesta a los giros extremos que viene liderando el poder Ejecutivo en las políticas para agricultura, ambiente y defensa, donde no solo se desechan los esfuerzos de paz del anterior gobierno y se vuelve a la confrontación militar contra los grupos armados, sino que también existe una intención de desmarcarse de la reforma agraria y retornar al extractivismo y los megaproyectos minero energéticos.
14 de octubre de 2026
Con información del Semanario Voz