Balance de un mes.
Aunque no es rigurosamente fiable derivar conclusiones de un gobierno en tan corto lapso de tiempo, intentaré hacerlo del primer mes de gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. Porque con todo y ello, las iniciales ejecutorias de un mandatario sí marcan su disposición en relación con las expectativas creadas en el electorado con las ofertas que se le hicieron en campaña. Y es que por lo general en sus primicias todo gobernante trata de mostrar su fidelidad con ellas. Así también con frecuencia ocurra que a poco de andar las rescinda como es el caso desconcertante del presidente chileno Gabriel Boric que trae de los cabellos a amigos y analistas. Que no será desde luego el caso del mandatario colombiano.
Por: Luz Marina López Espinosa
El presidente Petro, el primero de izquierda en la bicentenaria vida republicana del país, en sus primeras decisiones tenía que hacer actos significativos de esta diferencia, “marcar territorio”. Y a fe que lo hizo. Y en forma tan clara, que dejó sin reacción a los afectados que tampoco tenían margen de maniobra distinto a declaraciones de inconformidad de mayor o menor aspereza. La primera decisión presidencial fue la designación de la nueva cúpula militar, que “descabezó” alrededor de cincuenta generales del Ejército y la Policía que debieron pasar a retiro al ser los designados de menor antigüedad. Decisión de innegable trascendencia y acto afirmativo de autoridad. Un mensaje absolutamente claro: el presidente en la medida de lo posible – las limitaciones para esto son estructurales porque el ejército que tiene es el que es y no otro -, quiere gobernar con una generación de militares que no estén por formación y tradición tan íntima y misionalmente comprometidos con las doctrinas del “enemigo interno” y la “seguridad nacional”. Éstas, médula de la desviación ideológica urdida y lograda por los Estados Unidos en su universidad de dictadores, la tristemente célebre Escuela de las Américas hoy rebautizada con el aséptico nombre de “Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental”. La misma responsable de la vergüenza de los “falsos positivos”. Por lo pronto y documentados, 6.402 civiles asesinados hechos pasar como “guerrilleros dados de baja en combate” para mostrar resultados operativos en la “lucha contra el terrorismo” y reclamar beneficios de todo tipo. Dolorosa página en la que el presidente Petro como cuestión de principios, ha tenido sin ambages una posición de repudio. Rara avis entre los presidentes colombianos.
Ese el primer acto de talante y diferenciador del novel gobernante. Y vinieron más cuya significación tal vez solo sea clara para los nacionales que son quienes conocen cuál ha sido la tradición que como un guante de hierro ha regido en la materia, y por lo tanto los intereses que afecta el Presidente. Se trata de la designación de un miembro de las negritudes como embajador en los Estados Unidos, de una activista indígena como embajadora en la ONU y otro nada menos que en el espinosísimo tema de restitución de las tierras despojadas, y la de un exguerrillero en el delicado cargo en Colombia de responsable de la oficina de protección de los amenazados por bandas criminales. Designaciones que no por recaer en personas de gran perfil académico y vidas limpias, dejan de ser herejías inaceptables para algunos representantes del poder defenestrado. “¡O témpora, o mores!” Saltándose los siglos exclaman éstos con Marco Tulio Cicerón contra su Catilina criollo.
Lo anterior, en el aspecto más formal y digamos burocrático del poder presidencial. Pero yendo a lo sustancial, tenemos la presentación de una reforma tributaria que toca -y en qué forma -, privilegios e intereses que hasta ahora habían tenido fuero de inmunidad en las reformas tributarias del pasado, que son legión. Y que atañen a los sectores, grupos y conglomerados no solamente más ricos, sino más poderosos del país. Cualquiera supondrá las tensiones y debates que esta osada intromisión suscitará – ya lo está – en los medios de comunicación y en el voluble Parlamento. La expedición del Estatuto del Trabajo, deuda de treinta años no solo con la clase trabajadora del país sino con la Constitución de 1991 que lo ordenó, es otra inmediata decisión presidencial. Como para que no quede duda de ello, designó Ministra de Trabajo a una curtida activista sindical y militante comunista. Nueva herejía que sorprendió al mismo Partido Comunista, asombro doblado al recibir un segundo ministerio, el de Cultura.
La anunciada transición energética para comenzar a liberarse de la dependencia exclusiva de los combustibles fósiles, el cambio de la política antidrogas revirtiendo la sumisión absoluta a los Estados Unidos y el enfoque exclusivamente militar de ella, el expedito inicio de conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional ELN la ortodoxa guerrilla castrista, y el inmediato restablecimiento de relaciones con el satanizado régimen de Venezuela, son otras cuatro decisiones políticas que muestran cómo este gobierno no es más de lo mismo y que eso del cambio esta vez si va en serio. Siendo lo más la reivindicación y posicionamiento de “los nadies”. Para horror de las élites que hegemonizaron el poder durante tantos años.
Y relevando que la noche de la elección presidencial el 19 de junio y el día de la posesión el 7 de agosto el país vivió una explosión de júbilo sin antecedentes con las llamadas clases subalternas en las calles y plazas celebrando el que sentían su triunfo, regocijo que se reedita en cada lugar a donde el Presidente va, teniendo presente éso, igual advertimos que el mandatario colombiano no la tiene fácil. Que muchos factores conspiran en su contra: la canalla mediática – creo que fue Pascual Serrano quien acuñó el feliz término – no da tregua; las amistosas – más peligrosas cuanto más lo son – embajadas de altos dignatarios del imperio manifestándole su solidaridad al gobierno y deseos de colaborar con él, forma de encarrilar al presidente indócil, y los portavoces más recalcitrantes de la derecha batida vociferando con el escándalo que presumen descubrir cada día, son quizás los principales. Sin descuidar uno estructural que por lo mismo es el que más conspira: la crítica situación fiscal con un déficit de cerca del 7% y la consecuente pérdida del grado de inversión decretada por las agencias calificadores con el correlativo aumento de la tasa de interés de la deuda externa pública de 101.000 millones de dólares, un 29% del Producto Interno Bruto. Y a esto sumémosle los amarres financieros, contractuales y aún obscenamente burocráticos que heredó del gobierno de Iván Duque, todo lo cual es un palo en la rueda de la principal promesa del candidato del Pacto Histórico, atender la situación de miseria de millones de colombianos. De ahí la gran reforma tributaria que es el primer imprescindible paso para obtener los apremiantes recursos necesarios para ello, y el anuncio de medidas terriblemente impopulares pero al parecer inevitables como es el aumento del precio de la gasolina, de por sí muy costosa en Colombia.
Por último, otro escenario en el que se debe mover un gobierno que genera tantas esperanzas: el Pacto Histórico, la confluencia de partidos y movimientos sociales de izquierda, bandera bajo la cual alcanzó la presidencia Gustavo Petro, es también una confederación de intereses por lo común muy sectoriales. Entonces, dentro de ella ya se notan reclamos, inconformidades, y con frecuencia celos y antipatías frente a algunos nombramientos presidenciales, que consideran no responden a los deseos o particular mandato del sector que manifiesta esas inconformidades. Sectarismos y fundamentalismos que hacen daño. Sin que dejemos de rescatar y apoyar con todo vigor, las presiones que desde ámbitos políticos y movimientos sociales sobre todo juveniles y barriales, se le hacen al Presidente amigo para que con las dificultades que ello le entrañe, cumpla y no transija en promesas de campaña innegociables. Ejemplo, la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional el tenebroso ESMAD, responsable de la sangrienta represión del estallido social de los años 2021 y 2022, además de numerosos crímenes; y el llamado a calificar servicios al general Juan Carlos Correa nuevo Inspector General del Ejército y por ende guardián de la legalidad y moralidad de su conducta, quien aprobó el más reciente y escandaloso “falso positivo” cometido por las tropas en los estertores del gobiernos de Iván Duque; la masacre del Putumayo el 28 de marzo de 2022 que sacrificó a once indefensos campesinos e indígenas.
Y los jóvenes exigen a su Presidente el cumplimiento de la promesa de campaña en lo que concierne a la conducta de la fuerza pública que tanto los afecta, porque en la Colombia Humana, divisa de la campaña de Gustavo Petro, no será posible la sentencia del filósofo francés Michel de Montaigne que pareciera grabada en bronce en el imaginario de casi todos los anteriores presidente de Colombia, y que ya en la Edad Media advertía: “El bien público exige que se traicione, que se mienta, y que se masacre”.