En los municipios de Manaure, Maicao y Uribia en La Guajira, los casos de desnutrición infantil siguen estando presentes. La falta de agua potable para las comunidades wuayuu que residen en rancherías hace aún más precarias sus condiciones de vida.

De acuerdo con El Tiempo, esta situación fue presentada por diversas autoridades locales ante la Corte Constitucional que viene adelantando un seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en relación con los derechos a la alimentación, a la salud y al agua potable de esta población.

En la sesión, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien preside este seguimiento, dijo que el último boletín epidemiológico de la Secretaria departamental indicó que por desnutrición o causas asociadas a esta «a la fecha han fallecido 39 niños. Nos acercamos a los 50 del 2018 y apenas vamos en mitad de año.

«Esta situación nos impone el deber de aproximarnos con la mayor rapidez posible al número de cero muertes por desnutrición, (falta de acceso al) agua en esos municipios», dijo Reyes al advertir que de no avanzarse en esta situación, la sentencia se puede convertir en «papel mojado» y en un fallo más para coleccionar.

Javier Rojas Uriana, representante de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribía, denunció que esta semana fallecieron tres niños que estaban a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y señaló que desde que la Corte hizo una inspección en el territorio, la asociación que dirige reportó la muerte de 13 niños.

«Esta situación es de un exterminio físico y cultural silencioso», dijo al indicar que la crisis humanitaria no ha cesado.

Rojas aseguró que, en su criterio, las autoridades del ICBF o del Ministerio de Vivienda no los «reconocen como seres humanos y como sujetos de derecho porque se oponen a un diálogo directo para la construcción de modelos propios para la atención de nuestras comunidades, sino que quieren seguir imponiendo la intermediación».

«El ministerio muestra un número inflado de beneficiarios que contrasta con la realidad de la necesidad de nuestro pueblo Wayú, incurriendo en fraude y desacato en las órdenes de la Corte, porque las pilas públicas (de agua) no son la solución a la problemática de suministro de agua en el territorio. No se puede llamar solución a un negocio particular que beneficia a unas cuantas personas y que no tiene cobertura universal», agregó.

Rojas explicó que están recibiendo con carrotanque 10.000 litros de agua mensuales para 30 familias, lo que, dijo, «no es suficiente para subsanar las necesidades».

La verdad es que el futuro de la población Wayuu es incierto, tenemos dificultades, los alcaldes nunca se reúnen con nosotros: representante indìgena

Custodio Valbuena, representante de las comunidades indígenas, dijo que desde 2018, cuando se interpuso un incidente de desacato al fallo de 2017 que ordenó al gobierno tomar medidas para solucionar la crisis, la situación no ha cambiado. En cambio, denunció que se estarían inflando cifras de personas beneficiadas o de consultas previas realizadas en los últimos dos meses.

«Pareciera que cada día, mientras más autos y órdenes (de la Corte) se producen, nos estamos alejando de la realidad de la garantía de los derechos. No se le pueden decir mentiras a los jueces», dijo.

«Por eso insistimos en el desacato (…) el gobierno anterior, el gobierno presente y estamos a cinco días de otros gobierno y la verdad es que el futuro de la población Wayúu es incierto, tenemos dificultades, los alcaldes nunca se reúnen con nosotros», agregó.

a directora del ICBF, Lina María Arbeláez, le dijo en la audiencia a los representantes indígenas que este gobierno sí reconoce al pueblo Wayú como sujetos plenos de derechos e indicó que de los niños que han fallecido, nueve eran atendidos por esa entidad.

«Nos tiene que doler los 38 niños que han muerto por causas conexas a la desnutrición. Quiero decir que nueve eran atendidos por servicios del ICBF, por operadores escogidos por autoridades Wayú. Esto nos indica que tenemos que seguir trabajando de manera mucho más ardua por garantizar que ningún niño o niña muera», dijo la funcionaria.

«Del universo de niños y niñas fallecidas, el 32 por ciento está en los menores de seis meses y de los 0 a los 6 mese la alimentación que debería recibir un niño es lactancia materna exclusiva. No es que nosotros nos estemos excusando y aquí yo quiero ser absolutamente clara: la responsabilidad también nos atañe a nosotros y el Icbf debe redoblar los esfuerzos. Lo que yo vengo a mostrar es que lo hemos hecho, hemos incrementado todos los cupos, los servicios, las funcionalidades», agregó.

Arbeláez agregó que las muertes se han reducido en un 45 por ciento en La Guajira. «Esto no es aceptable y no es positivo, pero claramente es un avance», dijo.

Fuente: La Regional

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