Por: Diego Martínez
El camino hacia la paz en Colombia enfrenta avances y retrocesos, pero también posibilidades de transformación. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el país enfrenta un nuevo desafío: el tratamiento de las estructuras consideradas sucesoras del paramilitarismo, cuya fuerte relación con las economías ilegalizadas exige salidas integrales en los territorios.
En este contexto, la negociación con el “Clan del Golfo”, la organización criminal más poderosa de la actualidad se convierte en un punto de inflexión. La política de la Paz Total, emanada del Gobierno nacional y del Congreso, y avalada por la Corte Constitucional, otorga un marco institucional que trasciende al gobierno de turno.
Se trata de una política de Estado que, con errores y contradicciones, ofrece un antídoto para pacificar los territorios más allá de la mera respuesta militar. Lo anterior se inscribe en el marco de la continuidad de un modelo fracasado por parte de Estados Unidos, que promueve el desuso del derecho internacional y, con ello, el auge de una guerra, basada en el uso extralegal de la fuerza. Ejemplo de ello es el bombardeo de pescadores en aguas internacionales.
Los antecedentes de negociaciones con estas estructuras no son tan recientes. En primer lugar, la Ley GAO, impulsada por Néstor Humberto Martínez fue un experimento que nunca logró un desmantelamiento masivo y se convirtió en una talanquera para las negociaciones con la insurgencia política del ELN. Por el contrario, encendió la violencia y el auge del crimen organizado.
Sin embargo, no es de extrañarse que la élite política tenga una doble moral respecto a los acuerdos o pactos, pues solo les interesan aquellos que se negocian “por debajo de la mesa” y que buscan beneficios.
Los expertos llaman a esto pax mafiosa: pactos informales donde el Estado se abstiene de intervenir a cambio de beneficios ilícitos. Se trata, no de un fenómeno aislado, sino de una práctica sistemática de las élites para preservar sus privilegios. A manera de ejemplo, en Colombia se pactó con grupos criminales como el cartel de Medellín bajo los presidentes Barco y Gaviria, y con los paramilitares en el proceso orientado por Uribe entre 2004 y 2006, el cual fue inconcluso y carente de verdad. Hoy esas mismas élites rechazan la idea de un sometimiento vía diálogo con estructuras criminales frente a un Gobierno que, por primera vez, simboliza los intereses de los sectores sociales y populares.
El horizonte estratégico del Gobierno es consolidar una Paz transformadora, en continuidad con los esfuerzos de la negociación de La Habana, que este año cumple sus 10 años en materia de implementación. Esto supone acuerdos transparentes con énfasis y participación de los territorios, protección a las comunidades y sus liderazgos, eliminación de la gobernanza criminal y el derecho al buen vivir.
De ahí la relevancia de la propuesta de Paz Integral de Cepeda: un verdadero Acuerdo Nacional por la paz, sin pactos mafiosos ni doble moral de las élites.
Con información del Semanario Voz