En 20 años de existencia, el Esmad ha asesinado a 34 manifestantes, la mayoría jóvenes. Foto Sophie Martínez
El 31 de octubre, en la represión de la marcha de disfraces que convocó el movimiento estudiantil, nuevamente hubo abusos policiales del Escuadrón Móvil Antidisturbios
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
El movimiento estudiantil convocó para el pasado 31 de octubre una marcha por un nuevo modelo educativo, público, gratuito y de calidad; asimismo, por la libertad de los prisioneros políticos y el desmonte definitivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.
Los estudiantes salieron a las calles con disfraces, antorchas y canticos; exigían sus derechos. Sin embargo, en Bogotá se presentó un caso de brutalidad policial en la calle 45, donde el Esmad capturó a dos personas y lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes, incluidos niños y personas de la tercera edad.
A través de diversos videos, que están en la Internet, y la denuncia hecha por el semanario VOZ en sus redes sociales, nuevamente se abre el debate en Bogotá en torno al Esmad, los constantes abusos en contra de la juventud, el uso de la fuerza desmedida y la vulneración de los derechos humanos, lo que lleva a la solicitud urgente de una reforma a la Policía y el desmonte definitivo de este Escuadrón.
Escuadrón de la muerte
En Colombia, la ciudadanía ha presenciado múltiples excesos policiales contra los jóvenes, estudiantes y manifestantes. En el estallido social de 2019, que tuvo una masiva participación de la ciudadanía, vimos la represión como respuesta del Gobierno nacional de Iván Duque y la alcaldía de Enrique Peñalosa. Así, el Esmad fue la solución de los gobiernos de turno para callar las exigencias en la defensa de los derechos fundamentales.
El uso desmedido de la fuerza por parte del Esmad dejó a cientos de jóvenes heridos en la capital colombiana, represiones en las entradas de las universidades públicas, en las principales vías y en los barrios. La presencia del Escuadrón generó terror en la comunidad.
Uno de los casos que evidenció la brutalidad policial fue el asesinato de Dilan Cruz perpetrado por el Esmad. El joven estudiante de secundaria recibió un disparo en la parte posterior de su cabeza, con munición no convencional. Este hecho sucedió el 23 de noviembre a pocas calles de la Plaza de Bolívar en el desarrollo del Paro Nacional, que tuvo a los estudiantes como principales convocantes.
Otra vez
En 2021, el país volvió a experimentar un escenario de protestas sociales que, rápidamente, derivaron en un estallido social. A diferencia de los hechos ocurridos dos años atrás, en esa oportunidad, la alcaldesa de la capital era Claudia López.
La ciudadanía volvió a las calles para mostrar su oposición al proyecto de Reforma tributaria presentado por el expresidente Iván Duque. La Reforma propuesta era injusta y desequilibrada porque gravaba los ingresos de la clase media-baja que ganaran más de dos salarios mínimos, al ampliar la base gravable a los productos y alimentos de la canasta familiar.
En las protestas sociales se volvió a presenciar los abusos y represiones, con la narrativa violenta de Iván Duque, quien llamaba a los manifestantes “vándalos” y “terroristas”, legitimaba las violaciones a los derechos humanos de los protestantes y daba fuerza al Esmad para que este continuara maltratando al pueblo colombiano.
Esto se apreciaba en las agresiones físicas que sufrían los manifestantes, tales como lesiones o pérdidas de la vista, produciéndoles deformaciones y perturbaciones funcionales.
Por tal razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó al Estado colombiano por las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas del 2021 y reiteró la importancia de respetar los más altos estándares de la libertad de expresión, el derecho a la movilización y a investigar el uso de la fuerza.
“La CIDH expresa su extrema preocupación por la pérdida de vidas en el marco de las protestas. Al respecto, la CIDH destaca especialmente los casos de Lucas Villa, quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir ocho disparos durante su participación en una protesta pacífica; el de Sebastián Quintero, quien falleció el pasado 15 de mayo en Popayán, tras recibir el impacto de una granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de la fuerza pública”, argumentó la entidad de la Organización de Estados Americanos, OEA.
La preocupación, ante las repetitivas vulneraciones de los derechos humanos en las protestas sociales, también se dio en la comunidad internacional, que fue testigo de los abusos policiales contra los colombianos, y la estigmatización por parte del gobierno Duque a los manifestantes.
Por otro lado, “la CIDH recuerda y hace un llamado a atender las causas de las protestas sociales y a respetar los derechos humanos de las personas manifestantes, e insta a que todas las violaciones a los derechos humanos sean investigadas diligentemente y juzgadas por la jurisdicción ordinaria, según los estándares internacionales”.
El desmonte
Ahora bien, nuevamente el Esmad es noticia por su brutalidad y abuso de poder hacia los estudiantes. El 31 de octubre de 2023, con gases lacrimógenos, dispersó a personas que iban disfrazadas de sus personajes favoritos y ejercían su derecho a la protesta.
El debate sobre la disolución del escuadrón sigue vigente. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó la nueva Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, que gira en torno a la protección de la vida y generar condiciones de seguridad en todos los territorios de Colombia, donde se avanza en el fortalecimiento de la Policía Nacional a través del proceso de la transformación policial más humana.
Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro se estipula la transformación de la policía para las garantías de los derechos, convivencia, seguridad humana y libertades públicas. Se pone como eje central la transformación del cuerpo policial por medio de la profesionalización de los agentes y del modelo de servicio orientado a las personas, con un carácter preventivo.
En el documento se menciona la eliminación del Esmad y la creación de una unidad orientada a la solución pacífica de los conflictos: “se debe incluir un componente de intervención ante situaciones de alteración del orden público, que implique actividades delictivas, violentas o contrarias a la convivencia y que actúe bajo los estrictos protocolos de respeto a los derechos humanos”.
Estas políticas pasan inexorablemente por una reforma constitucional, en la cual el cuerpo policial recupere su vocación de un órgano civil, que se despoje de la concepción militar del enemigo interno como doctrina en el manejo tanto de la seguridad, la convivencia ciudadana y las libertadas públicas.
El enemigo interno
El enemigo interno ha sido una doctrina que ha llevado a la violación de los derechos fundamentales y las libertades de la ciudadanía, especialmente el derecho fundamental a la asociación, huelga y protesta. Esto se evidencia cuando se han levantado en lucha los sectores populares, sindicales, étnicos, estudiantiles y demás por la reivindicación de sus derechos quebrantados por el Estado.
Por tal razón, es necesaria y urgente una reforma de fondo al cuerpo policial, que considere la disolución del Esmad, cree un órgano acorde con el respeto y defensa de los derechos humanos de la sociedad.
Con información del Semanario Voz