Campesinos en San Marcos, Sucre. Foto archivo
La sustitución de la palabra “campesino” del lenguaje institucional está ligada a una narrativa que el actual Gobierno viene construyendo desde la campaña electoral: que la Reforma Agraria no logró sus objetivos y que hubo un derroche de recursos públicos.
Carlos A. Morales
(Grupo de Investigación del Sumapaz)
El 15 de septiembre, La Silla Vacía reveló una comunicación informal dirigida a contratistas de la Agencia Nacional de Tierras en la que se recomendaba evitar el uso recurrente de “campesinos” y de “reforma agraria”, sustituyéndolos por expresiones como “productores rurales”, “acceso a tierras” o “formalización”.
Tres días después, ante las comisiones económicas del Congreso, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, confirmó públicamente esa orientación: “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesino es despectivo”, afirmó, justificando el cambio como una manera de “elevar el estatus” de quienes producen los alimentos del país.
Sujeto de derechos y especial protección
El episodio podría parecer una discusión sobre las palabras que utiliza una institución para referirse a una parte de la población rural. Pero ocurre en un momento particular: apenas tres años después de que la Constitución reconociera expresamente al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección.
Por eso, más que preguntarnos únicamente por qué el Gobierno quiere cambiar una palabra, conviene preguntarnos ¿qué cambia en la manera de entender el campo colombiano cuando el campesino deja de ser nombrado como tal? Antes de avanzar, conviene dimensionar aquello que está en juego. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2025, publicada por el DANE en junio de 2026, estima que 11,08 millones de personas mayores de 15 años se identifican subjetivamente como campesinas en Colombia: el 26,6 % de la población en ese rango de edad. Además, la encuesta estima unos 5,8 millones de hogares campesinos, equivalentes al 30,6 % de los hogares del país, en los que viven cerca de 17,1 millones de personas.
Y esta discusión ocurre, además, en medio de diversas acciones administrativas y jurídicas que buscan revisar o reversar algunas de las medidas adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Entre ellas se encuentran las iniciativas para derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, y las acciones judiciales dirigidas contra figuras de ordenamiento y territorialidad campesina como las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, y los Territorios Agroalimentarios Campesinos, TECAM. Tomadas en conjunto, estas decisiones permiten preguntarse si estamos ante hechos aislados o ante los primeros movimientos de una orientación distinta de la política agraria.
La sustitución de la palabra “campesino” está ligada a una narrativa que el actual Gobierno viene construyendo desde la campaña electoral: que la Reforma Agraria no logró sus objetivos y que hubo un derroche de recursos públicos.
Es cierto que las metas fueron ambiciosas y que varias no se cumplieron en su totalidad. Pero, durante este periodo se produjeron avances importantes en materia de tierras y reconocimiento de derechos. Evaluar sus resultados exige discutir cifras y alcances; convertir de antemano esas limitaciones en la prueba de un fracaso es, en cambio, una decisión política y narrativa.
Una perspectiva de clase
La eliminación de la palabra “campesino” no es un hecho aislado; hace parte de una batalla por construir una nueva narrativa sobre el campo colombiano, capaz de despolitizar al campesinado, relativizar los derechos conquistados y presentar como necesaria una contrarreforma de las políticas agrarias.
Además, lo que cambia en el campo cuando al campesinado se le despoja de su condición de sujeto histórico y se le reduce a “productor” o “empresario”, también desaparecen del relato las relaciones de poder que atraviesan el campo: concentración de la tierra, desigualdad, conflictos territoriales, luchas históricas por la reforma agraria, las violencias que ha sufrido el campesinado.
La afirmación del ministro Indalecio Dangond de que “campesino” es un término despectivo –aunque posteriormente se retractara– resulta elocuente. Sugiere una mirada que considera inferior o indeseable la identidad campesina y busca sustituirla por una categoría empresarial. No es difícil leer allí una mirada de clase sobre el campesinado: aquella que históricamente ha menospreciado sus formas de vida, sus saberes y sus formas de organización.
La operación tampoco es nueva. Reducir al campesinado a su dimensión económica tiene una larga trayectoria en los discursos desarrollistas, neoliberales y conservadores sobre el campo. Las contrarreformas no comienzan necesariamente derogando una ley. A veces comienzan modificando el lenguaje con el que una sociedad entiende aquello que esa ley buscaba transformar. Esta es la “batalla cultural” que el presidente nos ha planteado.
¡Que vivan los campesinos!
Defender la palabra campesino es proteger la existencia de quienes han trabajado, habitado y construido el campo colombiano; es defender su memoria, sus derechos y su capacidad de decidir sobre sus territorios, la justicia social en el campo, el acceso a la tierra para quienes la trabajan y el derecho a una alimentación que llegue a la mesa de todos los colombianos y colombianas.
Por eso, frente a quienes hoy pretenden cambiar el nombre del campesinado, vale la pena recordar las palabras del maestro Jorge Velosa: “Que vivan los campesinos y los dejen vivir, que campo sin campesinos existe sin existir”.
16 de septiembre de 2026
Con información del Semanario Voz