Guardias campesinas, cimarronas e indígenas del Cauca con Iván Cepeda y Aída Quilcué. Foto cortesía
El dirigente del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, Pupsoc, comparte opiniones sobre la política de Paz Total, la reconfiguración del conflicto y las complejas disputas en esta región del país.
Por: Natalia Sandoval Gordillo
@unapola_
En medio de la persistencia del conflicto armado en el suroccidente colombiano y de los debates alrededor de la Paz Total, continúan interrogantes sobre las causas estructurales de la guerra, el papel de los movimientos sociales y las posibilidades reales de una transformación democrática del país.
Sobre estos temas, VOZ conversó con Jonathan Centeno, dirigente social del Cauca, quien comparte una lectura crítica sobre el momento político y territorial que vive Colombia.
Desigualdad y ausencia de democracia
Jhonatan Centeno Muñoz. Foto cortesía
Durante muchos años se habló de la paz como el fin de la guerra. Hoy pareciera que el concepto está en disputa. ¿Qué significa hablar de paz, específicamente desde el Cauca?
El debate sobre la paz en el Cauca y el suroccidente colombiano está atravesado por las resistencias de pueblos y comunidades que han construido sus proyectos de vida alrededor de la defensa de los bienes comunes: el agua, la tierra, las semillas, las tradiciones culturales y las formas colectivas de organización y producción.
La disputa territorial en regiones estratégicas como el Macizo Colombiano, el Pacífico y la Amazonía ha estado marcada por el extractivismo, la concentración de la tierra y los monocultivos. Frente a ello, comunidades indígenas, negras y campesinas han desarrollado procesos organizativos, movilizaciones y propuestas de autonomía territorial.
En ese contexto, hablar de paz no puede limitarse al fin de la confrontación armada. También implica reconocer las luchas sociales, las desigualdades históricas y las consecuencias de modelos de desarrollo que expulsaron al campesinado y consolidaron ciudades profundamente excluyentes.
¿Cuáles son las causas estructurales que siguen reproduciendo la guerra, incluso después del Acuerdo de Paz de 2016?
Históricamente, tres factores han alimentado la guerra: las desigualdades sociales, la falta de democracia y la persecución contra quienes impulsan transformaciones políticas y sociales.
A esto se suma la consolidación de economías ilegalizadas que mantienen fuertes vínculos con sectores legales mediante alianzas con actores políticos, empresariales y armados.
Aunque el Acuerdo de Paz representó un esfuerzo importante, sectores insurgentes de las FARC-EP y del ELN advirtieron desde el comienzo dificultades para garantizar su implementación. Diez años después persisten incumplimientos, presiones sobre excombatientes, expansión de grupos armados y disputas por economías ilegales.
Además, continúan los megaproyectos que amenazan los territorios y una corrupción creciente en las instituciones públicas. Todo esto crea un coctel de guerra que vive hoy nuestra región.
Una visión crítica
La propuesta de Paz Total generó enormes expectativas. Sin embargo, hoy existen lecturas críticas sobre sus alcances. ¿Qué balance hacen de este proceso?
La política de “Paz Total” se construyó sobre instrumentos pensados para contextos distintos, como la Ley 418 de orden público. Eso generó tensiones alrededor del sometimiento, la negociación y la caracterización misma de los actores armados.
También se crearon expectativas de resultados rápidos sin que existieran diálogos sólidos, acuerdos previos entre las partes y claridad sobre las transformaciones estructurales en las causas del conflicto. Aunque se instalaron mesas y se alcanzaron algunos acuerdos transitorios, muchos procesos avanzaron sin mecanismos claros de seguimiento y verificación.
A esto se suma una política de fragmentación hacia las organizaciones armadas que, contrario a debilitarlas, terminó multiplicando conflictos dispersos en distintos territorios. Persisten además resistencias dentro de las fuerzas militares y de policía frente a una salida negociada al conflicto.
Otro fenómeno preocupante, que se viene denunciando, hacia el departamento de Nariño, es el avance de formas de gobernanza armada en algunos territorios, que buscan por medio de acuerdos legalizar negocios del capital privado con dineros públicos en dinámicas de extractivismo.
Mientras institucionalmente se habla de paz, en muchos territorios continúan las confrontaciones armadas y las violencias contra comunidades y líderes sociales. ¿Cómo interpretar esta coexistencia?
La continuidad y agudización de las confrontaciones en el suroccidente colombiano responden, en parte, a la falta de simetría en los procesos de negociación y a las dificultades para reconocer a los distintos actores involucrados.
También influye la disputa permanente por economías como la cocaína, la minería ilegal y otras rentas territoriales, además de discursos y decisiones que terminan alimentando nuevas acciones de guerra.
Existe un desprecio preocupante del respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos por parte de los actores, pero sobre todo del Estado. Las comunidades continúan atrapadas entre distintos actores armados mientras persisten controles territoriales, amenazas y desplazamientos.
Revolución democrática
Existe preocupación por la despolitización del conflicto y por la tendencia a reducir los problemas sociales a asuntos de seguridad o criminalidad. ¿Se está perdiendo la capacidad de pensar políticamente la guerra y la paz?
Sí. En Colombia, como en el mundo, avanza un proceso de securitización que prioriza la adopción de respuestas militarizadas, medidas legislativas transitorias y el intervencionismo de estadounidense frente a problemas sociales y políticos.
Se insiste en fórmulas que plantean primero el desescalamiento militar y luego las transformaciones estructurales, cuando históricamente los movimientos sociales han señalado que la paz requiere cambios democráticos, económicos y territoriales de fondo. Como si se invirtiera la tesis de la solución política y negociada al conflicto.
Finalmente, ¿qué tendría que ocurrir para que la paz dejara de ser únicamente una negociación entre actores armados y se convirtiera en un verdadero proceso de transformación democrática?
En el proceso electoral, se ha dado apertura a un debate sobre lo que llaman la revolución democrática, es decir, que las comunidades y los pueblos que han construido propuestas de vida, procesos organizativos y agendas territoriales deben ser reconocidas como parte central de cualquier proyecto de país.
Desde ese escenario nosotros consideramos que la solución política y negociada del conflicto necesita estar acompañada y el movimiento social tiene un papel preponderante en la vanguardia, reflejada en capacidad de movilización y en la disputa permanente por la autonomía para que los pueblos y comunidades dejen de ser un botín de guerra.
Con información del Semanario Voz