Pereira después del terremoto del pasado 10 de agosto. Foto cortesía
Ante una gestión marcada por gobiernos que actúan de manera tardía, VOZ dialogó con líderes juveniles de Cali y Pereira sobre cómo la autogestión territorial se convirtió en la verdadera primera línea de rescate
Por: Daniel Rueda Arce
@daniel_100121
El sismo de magnitud 7,4 que sacudió el occidente y centro de Colombia el pasado 10 de agosto despertó, por encima del caos, la fuerza organizativa de la sociedad civil.
Tras un amargo fin de semana marcado por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la tierra se movió dejando a miles de personas sin hogar y cientos de víctimas.
Ante una gestión marcada por gobiernos que actúan de manera tardía, VOZ dialogó con líderes de Cali y Pereira sobre cómo la autogestión territorial se convirtió en la verdadera primera línea de rescate.
El hambre no da espera
En la capital vallecaucana, el colapso de 127 infraestructuras dejó un saldo de 130 personas fallecidas y cerca de 94 desaparecidas. A pesar de las normativas antisísmicas, los edificios cedieron y la Alcaldía de Alejandro Eder ha sido fuertemente cuestionada por su lenta reacción. Fernando Barreto, consejero de juventud del Distrito y militante de la Juventud Comunista, relata el panorama:
Fernando Barreto, consejero de juventud de Cali, y Diego Ricaurte, líder juvenil de Pereira. Fotos cortesía
¿Cómo se ha organizado el pueblo caleño y vallecaucano para atender la emergencia ante el déficit de acción oficial?
No hay respuesta institucional frente a la necesidad de recuperar los cuerpos y salvar vidas. Ante esto, la solidaridad del pueblo ha suplido la ineficacia de las entidades. Nos organizamos en los municipios afectados para buscar personas entre los escombros, preparar ollas comunitarias y abastecer centros de acopio autónomos con insumos médicos y kits de aseo. Mientras tanto, los acopios oficiales priorizan un tratamiento burocrático, perdiendo un tiempo indispensable. El hambre no da espera.
¿Cuáles han sido las principales tensiones entre esa solidaridad popular y la institucionalidad?
Ha habido negligencia pura. Hay denuncias de omisiones graves al no rescatar personas en edificios colapsados, como ocurrió en el Hospital Universitario del Valle. Las familias tuvieron que bloquear la Calle Quinta para que la Alcaldía se dignara a escucharlas. Además, pareciera que la institucionalidad estuvo más ocupada en lavarle la cara al ejército de Israel —que llegaron a tomarse fotos en los puntos afectados sin ayudar y acosando a rescatistas locales— que en apoyar realmente a la sociedad civil en un momento tan incierto.
Campamentos de resistencia y vida
El panorama en Risaralda no es menos desolador. Con 259 personas heridas y 270 desaparecidas registradas, las instituciones demoran en actuar y, cuando lo hacen, entran en choque directo con los procesos autogestionados. Diego Ricaurte, líder juvenil, licenciado e historiador, relata cómo el Parque Olaya se transformó en el epicentro de la resistencia humanitaria.
¿Qué rol ha asumido la juventud frente a la emergencia y cómo ha sido la respuesta estatal en Pereira?
Ante la ineficacia e indolencia oficial, el pueblo asumió la gestión de las consecuencias del sismo. Organizaciones sociales instalamos un campamento en el Parque Olaya desde la primera noche. Allí operamos cocinas comunitarias que hoy alimentan a más de 500 familias y un centro de acopio con redistribución inmediata de ropa y comida, supliendo la inoperancia de un Estado que priorizó el trámite de papel sobre la urgencia vital de las víctimas.
¿Qué vulneraciones han documentado causadas por la inacción de las autoridades locales y nacionales?
Hemos documentado tres fallas críticas que están obstaculizando la atención digna. La primera es la retención de ayudas. Durante la primera semana, los acopios oficiales recibieron suministros a gran escala, pero no los distribuyeron oportunamente en los territorios. Recibían y no entregaban.
Lo segundo es el hostigamiento. Entre el 13 y 14 de agosto, la fuerza pública intentó cercar el Parque Olaya para desmantelar nuestro espacio humanitario autónomo, lo que generó fuertes y peligrosos conflictos. Por último, existe una falsa cobertura oficial. Las autoridades difunden públicamente que ya trasladaron a la totalidad de los damnificados a los albergues. Esto es falso; cientos de familias quedaron excluidas del censo oficial y hoy dependen exclusivamente de la asistencia comunitaria.
¿Cuáles son las exigencias puntuales hacia el Estado?
Exigimos que la institucionalidad asuma su obligación legal frente a los desastres con total transparencia y sin politiquería. A través de comisiones de derechos humanos y el apoyo de congresistas alternativos de la región que han servido de mediadores, solicitamos que las ayudas oficiales sean eficientes, que cesen inmediatamente los hostigamientos policiales en los refugios populares y que se garantice, por encima de todo, el derecho a la dignidad y la vida de los damnificados.
El cambio de época
El sismo ha dejado una lección clara: ante la tragedia, el pueblo reactiva sus métodos históricos de organización comunitaria. La gestión de esta calamidad ha evidenciado a mandatarios —desde Eder hasta De la Espriella— que actúan tarde, priorizando la imagen pública sobre el bienestar social.
Sin embargo, las clases populares ya no esperan pasivamente la respuesta institucional; se adelantan, toman la iniciativa y demuestran que, en los tiempos más oscuros, solo el pueblo salva al pueblo.
23 de agosto de 2026
Con información del Semanario Voz