Encuentro en septiembre de 2025 entre Abelardo De la Espriella y varias iglesias cristianas pentecostales. Foto ADLE
Detrás de la estrategia del Gobierno de Abelardo De la Espriella se perfilan pasos regresivos que afectan las libertades democráticas fundamentales, alcanzadas por el pueblo colombiano.
Jaime Caycedo Turriago
La Constitución colombiana de 1991 establece un Estado laico con libertad de cultos, neutralidad frente a los fenómenos religiosos y consagra el principio de la libertad de pensamiento y de creencias.
El gobierno de Abelardo De la Espriella ha planteado como eje de su proyecto lo que denomina una “batalla cultural”, entendida como una disputa de valores, de sentidos comunes y de relato histórico. Detrás de estas formulaciones se perfilan pasos regresivos respecto de las libertades democráticas fundamentales conquistadas por el pueblo colombiano.
Más específicamente la pretensión de regreso al autoritarismo con base en la reiteración del genocidio como relación social, es decir, la destrucción simbólica o real del Otro, la justificación del odio y la violencia, tal como la vivimos en la dolorosa experiencia de la Unión Patriótica, el Partido Comunista y otras organizaciones sociales, populares y de izquierda.
El punto de arranque: la experiencia ya vivida
En los años ochenta del siglo XX, el llamado Informe Santafé II insistía en una antigua preocupación de los núcleos gobernantes de Washington: ¿Cómo propiciar una adhesión intelectual y moral de América Latina a la dominación imperialista de los Estados Unidos que esquivara la vía de la tradicional ocupación militar de los “marines”, el golpe militar y que permitiera una democracia “limitada”, como aliada permanente?
El modelo más acabado del proyecto había sido la Colombia del Frente Nacional (1958 – 1974) y su versión prolongada, el régimen uribista (2002 – 2010). Este retrato de familia se desdibujó en 2022 con el Gobierno del cambio. El actual proceso restaurador ensaya nuevas herramientas de dominio.
La batalla cultural de la extrema derecha busca, en esencia, el mismo objetivo que se propuso el genocidio contra la Unión Patriótica (1986 –2004): provocar una reorganización de la sociedad nacional, recurriendo a la “neutralización” selectiva de una parte de la misma (Cf. Daniel Feierstein), en el marco de una “democracia representativa”, restringida y altamente militarizada.
En el caso actual, también sin recurrir al golpe de Estado militar, utilizando los instrumentos electorales con manipulaciones fraudulentas y la posibilidad de legitimar estos procedimientos con el apoyo de una coalición transnacional impulsada por la potencia nuclear agresiva dominante: los Estados Unidos y un conjunto de nuevos aliados, que se agrupan en la estrategia definida por Trump bajo el nombre de Escudo de las Américas
Son pasos en lo interno: utilización masiva de bots para destruir la imagen de los dirigentes progresistas o de izquierda, provocar mediante el perfilamiento y el espionaje condiciones de exclusión y ghetto social. Y, por último, naturalizar y dar legitimidad al genocidio como práctica social, dentro de una verdad histórica alterada.
Lenguaje y conservadurismo
Un “nuevo” lenguaje religioso combina las expectativas del “milagro” como mecanismo ilusorio productor de transformaciones, con la resignificación de viejos valores conservadores, asociados a la terminología del protestantismo evangélico y el lefevbrismo católico.
El culto a la familia, al mérito, la obediencia, la disciplina, la patria, la obligación de creer en Dios, da tránsito a una forma de Estado confesional, contrario a la Constitución colombiana.
Este enfoque plantea una intervención en el campo de la educación, de la universidad, bajo el lema de sacar a Marx y traer a Dios, lo que se traduce en medidas que contrarían la libertad de enseñanza, aprendizaje y pensamiento; que vulnerarían el pensamiento crítico, la autonomía universitaria; que instaurarían la persecución de profesores universitarios, estudiantes y maestros, como también la censuren las organizaciones de las culturas las artes.
El objetivo de fondo: desarticular a la oposición
Al Pacto Histórico y la Alianza por la Vida se les postula de “enemigo interno”, como amenaza para la nación. El nuevo régimen en ciernes privilegió una transición entre administraciones, saliente y entrante, fundada en la criminalización, sin pruebas, de los logros del Gobierno del cambio y un sesgo de discriminación política.
El allanamiento ilegal al Ministerio de Agricultura indica complicidad oficial con el grave fenómeno de amenazas por parte de testaferros y paramilitares a campesinos adjudicatarios de tierras.
Un nuevo “Plan Patriota” con el Comando Sur resucita la contrainsurgencia bajo máscara antidrogas, fumigaciones, acción contra crimen organizado y terrorismo. Retorna el propósito de desfinanciar la Jurisdicción Especial para la Paz y el retiro de la Corte Penal Internacional, según impone el modelo de la doctrina Monroe.
Laicidad y construcción de democracia
El principio de laicidad es un principio organizador del Estado democrático y no solo de las relaciones con los órdenes religiosos. Una definición que avanza en sus alcances,precisa:
“La laicidad es el principio según el cual el poder político reside esencial y exclusivamente en la soberanía del pueblo compuesto de hombres y de mujeres libres, iguales y asociados (…) No puede someterse a ninguna potencia superior, a ninguna tutela exterior, a ninguna fracción del pueblo que pueda colocarse bajo la dirección de cualquiera otra autoridad. Esto excluye, concretamente, toda dependencia de una organización o de convicciones religiosas”. (Cf. Dharréville; 2013)
No es así para la extrema derecha. Dice Agustín Laje: “Quien logra influir decisivamente sobre los componentes culturales, consigue configurar los marcos a través de los cuales las personas viven”. El proyecto abelardista retoma, por una vía falsamente “civilista”, el conocido sueño nazi de Goebbels.
Si el examen que hemos adelantado tiene algún sentido significa que la sociedad colombiana en su conjunto enfrenta la amenaza de una “reorganización” que restablecería una lógica genocida, con instrumentación del miedo, dosificación del terror y el desangre. En el contexto de una guerra híbrida en la que el gobierno real lo constituye un guion de Washington, dirigido por un ciudadano estadounidense sin legitimidad, pero con la consigna de someter a control las mentes y las subjetividades rebeldes de la Colombia libre e insumisa.
31 de agosto de 2026
Con información del Semanario Voz