Las implicaciones de modificar la Agencia Nacional de Tierras
La distribución de tierras fértiles para campesinos sería la principal política afectada si cambia la naturaleza de la Agencia Nacional de Tierras. Foto Agencia Prensa Rural
María Mónica Parada, asesora del Ministerio de Justicia, explica cómo se afectaría la reforma agraria y el Acuerdo de La Habana si el Congreso acepta las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia
Por:Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
A propósito del debate político y jurídico que se adelanta en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió sobre un documento que envió la Corte Suprema de Justicia al Legislativo, en el que se propone quitarle a la Agencia Nacional de Tierras la facultad de adjudicar los bienes baldíos, “es decir sustraer la administración de ellos de la autoridad administrativa modificando la columna del régimen agrario, sustrayendo de la administración de la Nación los bienes baldíos”, explicó la jefe de la cartera.
El hecho, ocurrido el 13 de mayo, despertó un debate de fondo sobre las competencias de la entidad del Ejecutivo, su naturaleza y el daño que se haría al Estado, a la reforma agraria que adelanta el Gobierno nacional y hasta a la implementación del Acuerdo de La Habana.
Sobre estos aspectos, VOZ conversó con la abogada y candidata a doctora en Ciencia Política, María Mónica Parada, quien es asesora del Ministerio de Justicia, para entender mejor los pormenores y las consecuencias de aceptarse las recomendaciones de la Corte.
Lo que busca la Corte
¿Está bien decir que la Corte busca modificar la naturaleza de una entidad, de la Agencia Nacional de Tierras, podría explicarnos?
Lo que ocurre es que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Civil y Agraria, envía al Congreso de la República, específicamente a la plenaria de la Cámara de Representantes, un documento con observaciones al proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, con unas reflexiones generales y unas propuestas muy concretas para redefinir el articulado.
Dentro de esas propuestas, la Corte incluye una disposición que elimina una competencia de los tribunales agrarios, que era la revisión de las resoluciones de adjudicación, y la reemplaza por entregarle al tribunal la competencia para adelantar los procesos de adjudicación.
Es como si cambiara la facultad que tienen los jueces de revisar las actuaciones de la autoridad agraria, para que sea el tribunal el que adjudique directamente los baldíos.
Esto es un problema porque es un cambio del régimen agrario que tenemos hace más de 100 años, en el que el Ejecutivo es el que hace el proceso de adjudicación de baldíos, la Agencia Nacional de Tierras es la que tiene la competencia de entregar los baldíos en el marco de procesos de reforma agraria.
Qué podría hacer la Agencia
Pero ¿hubo una aclaración de la Corte?
Después de que empiezan a pronunciarse diferentes organizaciones, después de haber cuestionamientos sobre lo que están proponiendo, ayer (14 de mayo) en la noche sacaron un comunicado de prensa en el que dicen que ellos no cuestionan la competencia de la Agencia Nacional de Tierras para adjudicar baldíos, pero que sí cuestionan que la Agencia tenga competencia para tomar otro tipo de decisiones frente a los baldíos, específicamente clarificarlos, recuperarlos, identificarlos y administrarlos.
Con eso quedamos un poco más tranquilos porque no es que la Corte esté insistiendo en que se cambie el régimen constitucional que establece la adjudicación de los baldíos en cabeza del ejecutivo , o por lo menos eso esperamos; pero sí está insistiendo en que la Agencia no tenga competencias para hacer un ejercicio de administración de baldíos, que le es natural por ser la autoridad agraria.
¿Ese cambio cómo afectaría los procesos?
Esto tiene muchos riesgos en términos de los tiempos, de la posibilidad de que la Agencia pueda administrar el patrimonio de la nación, que es patrimonio de todos los colombianos, que pueda administrar baldíos y que pueda recuperarlos para los procesos de reforma agraria que vienen después de la recuperación de los baldíos. En este momento estamos en ese debate.
Saboteo a Petro
Es un debate que viene desde hace meses.
Se han propuesto muchas mesas con los congresistas, con las mismas cortes para llegar a acuerdos y determinar en qué condiciones es necesario que el juez entre a definir y tomar decisiones de fondo sobre estos procesos que involucran baldíos, o tierras de la nación, y en cuáles no, en cuáles es necesario que la autoridad agraria, o sea, la Agencia Nacional de Tierras mantenga sus competencias. Ese es el estado del debate actual.
¿Eso no es un ataque al proyecto del Gobierno del cambio?
Sí, realmente el proyecto del gobierno lo que propuso desde el principio es retornar esas facultades a la Agencia Nacional de Tierras, como estaba en nuestro régimen jurídico desde 1961.
Entonces, efectivamente la Corte en este momento está haciendo un pronunciamiento que va en contravía, no solo de lo que propuso el Gobierno, sino de un acuerdo al que llegó el Gobierno con las bancadas en el primer debate del proyecto de ley, y un acuerdo al que se llegó con todas las bancadas de todos los partidos políticos, incluyendo a la oposición, en diciembre de 2024.
Se había acordado que no todas las competencias de recuperación, clarificación deslinde de los baldíos deberían llegar a la fase judicial, sino solo algunas; cuando se presente oposición, cuando alguien diga: «Yo no estoy de acuerdo, aquí están mis títulos de propiedad».
En esos casos donde realmente hay conflicto, pues tiene que ser un juez el que decida, pero hay muchísimos casos en los que no existe tal conflicto.
Estaríamos judicializando procesos que no tienen conflicto, en los que no hay litigio, retrasando la posibilidad de que las personas tengan seguridad jurídica frente a sus predios, que tengan la certeza de que están en propiedad privada o en propiedad pública, para saber qué procede.
Realmente sí, la propuesta de la Corte va en contra de la propuesta que hizo el Gobierno y de los acuerdos a los que se llegó con los congresistas.
Lo que viene
¿Se afecta de alguna u otra manera la implementación del Acuerdo de Paz?
Total. Porque si la Agencia no puede identificar y recuperar los baldíos de manera oportuna, sino hay que esperar a que haya un proceso judicial, pues nos vamos a demorar mucho más tiempo en llenar ese fondo de tierras con los tres millones de hectáreas que necesitamos para redistribuir.
¿Cómo es la posición del Centro Democrático?
El Centro Democrático en la Cámara de Representantes presentó una proposición que reproduce lo que propuso la Corte. En el Senado estamos viendo qué pasa porque el acuerdo al que llegamos en las comisiones primeras, lo hicimos justamente con las senadoras Paloma Valencia y con María Fernanda Cabal, con quienes habíamos tenido unos acercamientos y unos acuerdos alrededor de los principios.
¿Qué debe pasar ahora para avanzar?
Estamos en un momento de negociación nuevamente con los congresistas. Se armó una subcomisión en la Cámara de Representantes con representantes de todos los partidos políticos y en esta subcomisión estamos tratando de mirar bien las propuestas de la Corte, a ver si logramos llegar a un acuerdo. Si no llegamos a acuerdos, pues iniciar el debate en la Cámara para que a través del voto decidan cuál va a ser el curso de la Jurisdicción
Con información del Semanario Voz