Estando en el Concejo de Bogotá y en representación de la Unión Patriótica, hemos evidenciado las necesidades que requieren las poblaciones más vulnerables, por esta razón desde el primer semestre de 2020, en el marco de la construcción del Plan Distrital de Desarrollo, planteamos metas en beneficio de la población LGBT y en especial a la población Trans, en lo que tiene que ver con derechos a la vivienda, salud, trabajo, entre otros; que desafortunadamente no fueron acogidas por la administración distrital y sobre las cuales hemos seguido insistiendo.
Por: Heidy Sánchez
Igualmente, con la llegada de la pandemia del Covid-19 visibilizamos las múltiples vulneraciones de derechos denunciadas por organizaciones y activistas Trans en la ciudad y especialmente en el barrio Santa Fe, como fue el caso lamentablemente recordado de Alejandra Monocuco quien fue víctima de presunta negligencia médica por parte de la Secretaría de Salud. Asimismo, hicimos eco de los abusos de la Policía contra mujeres Trans que ejercen trabajo sexual y respecto al control territorial de bandas multi crimen, incluso a través de debates de control político. Denuncias que la administración atendió solo hasta la desbordada crisis por inseguridad de 2022, donde por fin reconoció algunas situaciones que desde el año pasado habíamos puesto a su conocimiento.
Toda esta situación, nos llevó a citar un debate de control político para que el Distrito rindiera cuentas sobre sus acciones dirigidas a la protección de derechos de la población Trans, espacio que se realizó el pasado 23 de agosto en el marco del Día Nacional contra la Homofobia y los Crímenes por Orientación Sexual e Identidad De Género. Dicho escenario dejó cuestionamientos y preocupaciones ante la falta de detalle y profundidad en las respuestas de algunas entidades respecto a la atención a la población Trans.
En torno a la Secretaría de Seguridad, hay que señalar el poco avance para implementar las recomendaciones consignadas en la Alerta Temprana 046 de 2019 de la Defensoría del Pueblo, la cual expresa la necesidad de emprender acciones de protección específicas para grupos vulnerables, como la población Trans, y así evitar que fueran víctimas de grupos ilegales. Pasados casi 3 años de esta Alerta, la entidad señala que se encuentra en etapa de “diagnóstico” de barreras a la justicia e implementación de cursos y estrategias de difusión de las Casas de Justicia y canales de atención. Del mismo modo, queda en evidencia la poca armonía y trazabilidad respecto del seguimiento de las denuncias presentadas en contra de miembros de la Policía.
También se pudo confirmar que la Policía no cuenta con un protocolo actualizado de instrucción y formación para el uso de la fuerza y la no discriminación contra personas Trans, más allá de la resolución para el uso de fuerza y empleo de armas que se expidió para el tratamiento de la protesta en 2017. Igual ocurre con la guía de actuación policial para la atención de poblaciones vulnerables, pues esta data de 2014 y no es más que ilustrativa e informativa en términos genéricos sobre la población LGBT. Tampoco se da instrucción respecto al uso abusivo de la fuerza y la discriminación, que son quejas reiteradas. Otro aspecto que se dio a conocer en este campo fue el proceso de socialización de información sobre “género”, pero solo en lo que tiene que ver con el procedimiento de registro en los sistemas de información de personas LGBT, lo que evidencia un progreso prácticamente nulo.
Lo anterior se relaciona con el reporte de denuncias recibidas por abuso de autoridad y de conductas relacionadas en la Alerta Temprana 046 de 2019, donde de las 59 investigaciones disciplinarios, solo una refleja una suspensión por 180 días y el resto se encuentran en trámite de traslado por competencia o simplemente archivadas. Otro elemento mencionado es el recuento de diferentes encuentros de programas de inclusión, sensibilización y seguridad de la Policía, donde hay que señalar que falta incorporar de manera integral a las y los uniformados en agendas de formación.
Sumado a lo anterior, no se cuenta con equipo móvil especializado conforme recomendación de Defensoría, solo un equipo territorial que desarrolla actividades de acercamiento a la población. Adicionalmente, los servicios enumerados y prestados por parte de la estrategia de las Unidades Móviles de Acceso a la Justica de esta entidad no cuentan con servicios encaminados hacia la no discriminación y tratamiento de violencias basadas en género.
Así las cosas, un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo en 2022 indica la consumación de los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 046 de 2019, ya que en el transcurso de este año las violencias mencionadas aumentaron, como lo son amenazas de muerte y extorsión, registro de vídeos que circulan sobre homicidios con extrema violencia que generan un ambiente hostil para las personas que desarrollan actividades sexuales en los sectores donde se concentra la población Trans. Dichas violencias además tienen afectación del entorno familiar de esta población y de las personas que dependen económicamente de estas.
Con la llegada del grupo delincuencial “Tren de Aragua” a la ciudad, los delitos dirigidos a la población Trans aumentaron, de enero a agosto de 2020 se registran 39 homicidios, 18% más con relación al 2021. Sumado esto, al incremento alarmante de denuncias por amenazas, que pasó de 516 en el 2021 a 932 en el 2022. Considerando lo anterior, se hace un llamado urgente de intervención a las autoridades competentes para implementar medidas que busquen esclarecer los hechos denunciados y a emprender acciones de prevención y protección, en aras de garantizar el goce efectivo de derechos a esta población. Aun así, saludamos la implementación y avance con la figura de vigías la cual debe ser fortalecida e implementada en todas las localidades y espacios del Distrito ya que permite incorporar la voz y sentires de la propia población Trans en las distintas instancias de participación y decisión de la ciudad.
Otro componente para mencionar respecto a la situación de la población Trans en Bogotá es la problemática social, la cual está directamente relacionada con la situación económica. Como lo evidenciamos en el debate de control político, producto de la segregación social, la mayoría de las personas Trans se ven obligadas a abandonar sus estudios, no profesionalizándose y dedicándose casi que de manera exclusiva a actividades en salones de belleza o a las actividades sexuales pagas. En ese sentido, uno de los puntos centrales debe ser la intervención de la Secretaría de Desarrollo Económico y las alternativas brindadas. Para julio de 2021 se informó desde la identidad que había “proyectos para el rescate económico y social” para la población LGBTI, relacionando las 11 acciones afirmativas, sin embargo, ha pasado más de un año y los resultados son muy limitados.
Aspectos indispensables como lo es la generación de empleo se reducen a la socialización de la ruta de empleabilidad de la Agencia Pública de Empleo en los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros (CAIDSG), donde los procesos de formación son valiosos, sin embargo, al ser cursos cortos no reemplazan la necesidad de profesionalización para la obtención de empleos de calidad. Asimismo, se viene hablando desde hace más de un año de un directorio de MiPymes que beneficie a la población LGBTI, no obstante, aún no está listo.
De todas formas, después de un año de promesas, tan solo el 20 de septiembre de 2022 se lanzó el programa de empleo para personas Trans mayores de 50 años, llamado «Programa Empleo Incluyente» (Decreto 399 de 2022), el cual beneficia a mayores de dicha edad principalmente y población Trans que aplique, para lo cual, hay que decir, que no es tal cual como se promocionó exclusivo para dicha población.
Por otra parte, la Secretaría de la Mujer, que lidera el Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU), si bien implementó una manzana de cuidado en la localidad de Los Mártires para garantizar servicios a esta población, la única diferencia significativa es un documento de “recomendaciones para la incorporación del enfoque diferencial en la atención a personas Trans y no binarias en el marco de la Manzana del Cuidado de la localidad de Los Mártires”, el cual todavía se encuentra en proceso de implementación. Con lo anterior, la entidad confirma que no cuenta con servicios diferenciados o exclusivos para esta población. Después de 2 años funcionando el SIDICU con 18.490 personas atendidas, tan solo el 0,2% han sido población Trans (35 personas) con servicios de formación complementaria en áreas de cuidado u otras, orientación psico jurídica y talleres de transformación cultural.
Algo similar viene sucediendo con el sector salud, en donde se reporta por parte de la Secretaría que viene adelantando 6 documentos de lineamientos, 9 asistencias técnicas, trabajo de asesoría según las diferentes normas y resoluciones del sector a la IPS y las entidades prestadoras de los servicios de salud, para que implementen lineamientos de enfoque diferencial. Ejemplo de esto, la guía de atención a personas Trans y no binarias en salud mental con un 68% de implementación y algunas estrategias territoriales con un impacto de apenas de 597 personas de los sectores LGBT, trabajo con redes comunitarias del sector en San Cristóbal, Los Mártires, Tunjuelito y Teusaquillo.
En ese sentido, hay que señalar que tales resultados, en contraste a las necesidades y la complejidad de la población, son insuficientes. No menospreciamos la necesidad de elaborar documentos técnicos o realizar asesorías, pero al entrar en el último año gobierno es necesario llevar el cuidado y la actividad al territorio, masificar la atención y las estrategias de calle en todos los requerimientos de salud para una población que, por sus condiciones de construcción de identidad de género, también ha derivado en cambios físicos y psicológicos que no dan espera a la elaboración de documentos.
Un ejemplo de la situación en mención sucede con lo relacionado al VIH y la Viruela Símica, donde no solo se ha delegado a las entidades promotoras de salud su prevención, atención y soporte, sino que en ambas ha crecido el contagio en Bogotá. Según SaluData, a la fecha, para VIH por cada 100.000 habitantes la curva ha sido ascendente en contagio, pasando de 31.6 en 2017 a 56.5 en 2021. Igualmente, desde la activación de la alerta de Viruela Símica, en el último trimestre van 1.812 casos reportados en una curva ascendente, ante lo cual, aún es tímida la acción del Distrito al respecto en prevención y atención efectiva.
En ese sentido, es necesario que la Secretaría Distrital de Salud, no solo continúe y concrete toda la parte técnica de lineamientos, protocolos y demás, sino que pase a la atención de la población de manera efectiva y recobre su papel como rectora de política de salud en el Distrito. Más allá de la asesoría a las entidades prestadoras de salud, es fundamental que atienda directamente, sistematice, guíe y reporte la atención para garantizar que el derecho a la salud en personas Trans.
Del mismo modo, llama la atención los precarios resultados de la Secretaría de Integración Social, que además de ser la encargada de atender a la población vulnerable, cuenta con los recursos más altos de todas las entidades del Distrito para la atención a la población LGBT. Los resultados presentados, además de una falta de gestión y dirección dan cuenta de la lentitud en los procesos para concretar iniciativas centrales que beneficien directamente a la población Trans, lo que se refleja en las cifras de atención. El balance que nos entrega la entidad, para los años 2020, 2021 y a corte 30 de abril de 2022 es un total de 1.291 personas Trans atendidas, sumando todos los servicios de esta entidad. Asimismo, en cuanto a un tema tan sensible como la alimentación, solo 148 personas Trans fueron atendidas en toda la ciudad y respecto a transferencias monetarias, con corte a septiembre de 2022, apenas 218 personas fueron beneficiadas.
De igual forma, como parte de las metas del Plan de Desarrollo la puesta en marcha de nuevos CAIDSG en el norte y sur de la ciudad, dada la poca planeación para la gestión de estos espacios, desembocó en la apertura y cierre de un CAIDSG en el norte, el cual perdió su sede y la respuesta fue la excusa de una itinerancia cuando las metas del Plan de Desarrollo señalan claramente unidades operativas como las ya existentes. Caso similar el del CAIDSG sur, que ha tenido que operar con equipamiento viejo y con poco recurso humano para su puesta en marcha. A toda esta situación, se suman los crecientes conflictos por denuncias sobre posible maltrato laboral hacia personas Trans al interior de la subdirección LGBT y el recorte de presupuesto en esta entidad para el proyecto de atención LGBTI en 18.74% para 2023.
Finalmente, consideramos importante que la política LGBT cuente con los recursos para poder desplegar las metas del Plan de Acción 2021-2032, a través del CONPES Distrital 16 de 2021, que compromete $280.000 millones de pesos para un periodo de 10 años, lo que significa que para el año y medio del plan de gobierno de la alcaldesa Claudia López, debería ejecutarse no menos de 56.000 millones de pesos en la política LGBTI, los cuales no se han visto comprometidos ni en la vigencia de 2022 y 2023. En esta misma conducta, se pronuncian diferentes entidades del Distrito, lo que es contradictorio con los anuncios de la administración sobre inversión en políticas LGBT. Por ejemplo, algunas alcaldías locales y otras instituciones han englobado la inversión en proyectos macro para diferentes poblaciones y no directamente para población LGB y Trans, como la necesidad social lo requiere. No se puede prometer la más grande inversión, comprometiendo a alcaldesas o alcaldes futuros, sin aportar ahora mismo estos dineros y por el contrario recortando recursos en el periodo restante.
A propósito, la Alcaldía Mayor de Bogotá, radicó el 1 de noviembre ante el Concejo de Bogotá un presupuesto de $31.5 billones de pesos para 2023 y, una vez aprobado por acuerdo o por decreto, las diferentes entidades deberán ajustar y especificar la inversión para el próximo año. Por esa razón, este último año de gobierno de la actual administración debe garantizarse en recursos económicos y humanos y en atención efectiva y concreta, la cual ha sido pobre en estos 3 años de gobierno para la población Trans; esta es la forma de hacer realidad la política de “poder ser Trans en Bogotá” pero desde los derechos reales.
(Con información Cuarto de Hora)