Debate de la oposición en el Concejo De Bogota sobre el Plan Distrital de Desarrollo. Foto X Heidy Sánchez
Este 16 de mayo desarrollamos en el Concejo de Bogotá debate de la oposición en torno al Plan Distrital de Desarrollo (PDD) presentado por la administración de Carlos Fernando Galán, próximo a empezar su discusión en la comisión de Plan. Durante nuestra intervención planteamos los puntos que más nos preocupan en materia tributaria, en educación superior y medioambiente; temas claves en la agenda de ciudad que deben ser tenidos en cuenta para el bienestar de las y los bogotanos.
Por: Heidy Sánchez.
Concejala de Bogotá por la UP.
Desarrollo económico de la ciudad
Entendemos que en la ciudad de Bogotá se centra el motor de la economía colombiana, pues por ser la capital del país cuenta con una economía diversificada y una participación de diferentes actividades económicas que llevan a cabo su acción productiva en la ciudad. Esto, a pesar de que hace algunos años las actividades más representativas de Bogotá y que más aportaban al Producto Interno Bruto (PIB), eran las relacionadas con los servicios, el comercio, las industrias manufactureras y la construcción, hoy el panorama es desolador, pues frente a estos sectores en el año 2023 hubo un decrecimiento significativo: en la construcción fue del 11.4%, en la industria manufacturera fue de un 6.9% y el comercio decreció en un 2.1%, cifras alarmantes porque representan el 50% del empleo en Bogotá.
Esto nos lleva a una problemática de desigualdad en la ciudad, ya que a causa de la pandemia la pobreza monetaria y la pobreza extrema para el año 2022 se encontraban en el 28.1% y en el 8.1%, que, a pesar de haber disminuido estos índices en comparación con el año 2020 y 2021, la realidad es que muchas personas que pertenecían a las capas medias de los trabajadores pasaron a ser parte de estas cifras, sobre todo por la falta de políticas serias que atendieran las necesidades de los ciudadanos, por contar con empleos informales, o independientes, e incluso por el cierre temporal de sus puestos de trabajo y de las microempresas de la capital. Recordemos que Bogotá es en donde más se crean empresas, por cada 100 empresas que hay en la ciudad 87 son microempresas, 12 pymes y tan solo 1 es grande, y que la mayoría de las que se liquidan son microempresas, según la Cámara de Comercio de Bogotá.
La propuesta tributaria de Galán
A partir de lo anterior, la propuesta que trae esta administración en materia tributaria es la profundización de la desigualdad social que ya se vive en Bogotá, pues se quiere gravar aún más a las capas medias de los trabajadores con impuestos, como el que se propone en el artículo 149 del PDD en torno a la contribución por el servicio de estacionamiento fuera de vía, un 17% adicional al valor de la tarifa de parqueo, afectando a quienes utilizan los medios particulares de transporte, y que incluso recurren a estas alternativas por un transporte público ineficiente e indigno. Sin olvidar, además, que tendrán que pagar el 0,2% adicional de impuesto de vehículos para la creación de la Agencia Regional de Movilidad de la Región Metropolitana (ley 2199 de 2022), y que en este Plan se propone poner en marcha.
Esto lo quieren realizar con el argumento de que será para subsidiar a los más vulnerables bajo la estrategia de “gasto en ciudad” que contendrá el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), pero cuando revisamos el dinero que se piensa destinar en los objetivos del PDD, encontramos que en el programa que contiene la estrategia del IMG, “Bogotá con menos pobreza”, solo se piensa invertir $2,9 billones, y si bien estamos de acuerdo con la distribución de la riqueza, esto no es suficiente para las necesidades de los más vulnerables de la ciudad. Adicionalmente, con programas que tienen que ver con el transporte público como “Movilidad segura e inclusiva” se destinarán $2,8 billones, solo para mejorar las estaciones de Transmilenio y evitar la evasión del pasaje, o en programas como “Movilidad sostenible”, donde la inversión será de $15.8 billones para la operación de más troncales de Transmilenio, y los proyectos de las líneas del metro, entonces, quieren subsidiar a costa de la clase trabajadora, en especial de sus capas medias, sin tocar las ganancias de los operadores privados de transporte. ¿La prioridad son las personas vulnerables o el negocio de los privados?
No siendo suficiente, se propone el impuesto al alumbrado público en Bogotá en el artículo 148 del PDD, donde se desea excluir de su pago a los estratos 1 y 2, pero cobrándole a los estratos 3, 4, 5 o 6, además de las microempresas comerciales o industriales, entre el 5 y 10% adicional del valor de la factura de la luz. Aquí nuevamente serán las microempresas las más afectadas y sobre quienes recaerá la mayor carga para atender las necesidades de la ciudad, así como según el artículo 147 del PDD, pagarán el 1% del valor del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para financiar la actividad bomberil, esto para la gestión integral del riesgo con base en las consecuencias del cambio climático, con lo cual estamos de acuerdo, el problema es que afecte principalmente a las micro y pequeñas empresas que son las que más quiebran.
Más impuestos para las capas medias de los trabajadores y no para las grandes empresas
En la misma vía, personas naturales o jurídicas que soliciten a la Secretaría de Movilidad derechos de tránsito como planes de manejo de tránsito, estudios de movilidad, estudios de cierres viales por eventos, tendrán que pagar una tasa para revisión, evaluación y seguimiento de derechos de tránsito, según lo propuesto en el artículo 76 del PDD. A pesar de que se quieran generar incentivos en las empresas privadas para la creación de empleo, esto no compensa la carga tributaria que van a tener absolutamente todas las microempresas de la ciudad, y por ende, capas medias de los trabajadores y pequeños empresarios, mientras que las grandes empresas, como las constructoras, tendrán incentivos tributarios y exenciones de los impuestos distritales bajo los mecanismos de obras por impuestos, por la construcción de obras de importancia estratégica para la ciudad, construcción de viviendas de interés social y prioritario; a las cuales las clases vulnerables no pueden acceder.
Por esto, es necesaria una discusión de fondo del impacto que se va a generar en el desarrollo económico de la ciudad, entendiendo sus diversidades y particularidades en términos de productividad, ya que, como todos los ciudadanos tenemos deberes en materia fiscal, el Distrito también tiene el deber de incentivar la igualdad, la equidad y la progresividad de los impuestos, tanto del recaudo como de la distribución de los recursos, no se puede cargar más a la clase trabajadora mientras quienes realmente concentran la riqueza no contribuyen en igualdad de condiciones, ni equitativamente al progreso de la ciudad. Por esto, la revisión de las condiciones de las grandes empresas y de la estructura tarifaria de los impuestos y contribuciones tiene que ser el primer paso para el desarrollo fiscal y no el meter de forma amañada en el PDD una propuesta regresiva para Bogotá.
La profundización de la política neoliberal en educación superior
En materia de educación superior hay una profundización de la política neoliberal. En ese sentido, la administración Galán con “Jóvenes a la E” proyecta culminar la tarea que inició Claudia López con “Jóvenes a la U”, esto es: poner a disposición el fondo creado, denominado ATENEA, para desviar billonarios recursos públicos de la educación superior con tal de que, en lugar de fortalecer la oferta oficial, especialmente a la Universidad Distrital que es responsabilidad de Bogotá, estos se destinen a sostener y potenciar el negocio de las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas, en particular el de las de baja y muy baja calidad. Entonces, antes de analizar “Jóvenes a la E” y las metas del PDD propuesto, es pertinente hacer un recuento rápido de lo que pasó con “Jóvenes a la U”.
“Jóvenes a la U”
Como lo demostramos en varios debates de control político, “Jóvenes a la U” utilizó ineficientemente los recursos públicos de Bogotá al pagar matrículas carísimas en IES privadas, inversión que conseguiría el doble de impacto si estuviera dirigida exclusivamente a las universidades estatales, todas de alta calidad. Son $1.5 billones para casi 40 mil cupos: 65% de los recursos dirigidos a IES privadas, las cuales concentran el 73% de los beneficiarios. En promedio, ATENEA paga por el semestre de 1 estudiante en la Universidad de los Andes $11.4 millones, mientras en la Universidad Distrital tan solo $5.6 millones. En otros términos, con lo que paga por 1 estudiante en los Andes se costean 2 en la Universidad Distrital, siendo ambas IES de alta calidad.
Del total de 51 IES que participan, 14 son de baja o muy baja calidad, todas ellas privadas pues ninguna estatal posee tales estándares. Estas 14 IES privadas vinculan el 25% de beneficiarios del programa. Esta tendencia de vincular estudiantes a IES y educación de baja y muy baja calidad se consolidó en la convocatoria 6, la cual, además, no involucró a ninguna universidad oficial. Esas son las desafortunadas cifras de “Jóvenes a la U”. Ahora miremos su refrito que es lo que proponen en el Plan de Desarrollo: “Jóvenes a la E”.
“Jóvenes a la E”
El alcalde Galán dio las siguientes cifras en abril en el lanzamiento de “Jóvenes a la E”: 39.700 becas en total, 25.400 en educación técnica, tecnológica y en formación para el trabajo, y 14.300 universitarias. Gran mentira del alcalde pues las cifras que presenta la secretaria de Educación acá son distintas y menores: 9 mil en educación técnica y tecnológica, 10 mil en formación para el trabajo y el desarrollo humano, y 13 mil universitarias; en total 32 mil cupos. A esto hay que sumarle los 1.500 nuevos cupos que prometen en la Universidad Distrital, para un total de 23.500 cupos en educación superior. Acá cabe una observación que no es menor: en la versión radicada al Concejo corrigieron la versión perversa que presentaron al CTPD: por lo menos en esta ya mencionan marginalmente a la educación superior y a la Universidad Distrital.
Tasa de tránsito inmediato
Sin obviar lo ineficiente del modelo, malgastando la plata, Claudia López ofreció casi 40 mil nuevos cupos, lo que hizo que coyunturalmente la tasa de tránsito inmediato a la educación superior pasara de 48,2% (2020) a 51,5% (2022). Como “Jóvenes a la U” es una solución ocasional financiada con deuda, su impacto tiene continuidad solo si se replica en la nueva alcaldía sus metas y sus recursos, pero no: de un poco menos de 40 mil nuevos cupos en educación superior se reduce casi a la mitad: 23.500. Pero entonces, ¿cómo ocultan este retroceso?, ¿cómo es posible que a pesar de ofrecer menos cupos el indicador avance? Cambiando el indicador y partiendo de una línea base distinta: ahora no hablan de tasa de tránsito inmediato a la educación superior sino a la posmedia. Así, mágicamente, pasamos a tener una línea base de 64% y a aspirar al 70% una vez cumplido este PDD.
Predominan los cursitos
¿Cuál es la consecuencia? Bajar la calidad de la educación a la que acceden los jóvenes de la ciudad. La educación superior recoge la educación técnica, tecnológica y profesional universitaria, esta última teniendo por objetivo el acceso a la investigación y la ciencia. Con el rótulo de “posmedia” flexibilizan las cosas y además incluyen lo que denominan cursos cortos, habilidades blandas, etc., que es cualquier cursito que dure hasta 160 horas. Es decir, de los 53 mil cupos que compromete este PDD, la mayoría (57%) son cursitos: 30 mil. ¿Así quieren construir una ciudad del conocimiento? Así solo garantizan que, con una formación precaria, los jóvenes solo puedan acceder a empleos indignos con ingresos precarios. No van a crear una ciudad del conocimiento, van a confirmar la ciudad de la precariedad.
Todo para los privados
Pero lo más preocupante es que terminan de sacar a las públicas. Lo que hizo solapadamente Edna Bonilla y Claudia López, esta administración lo hace sin sonrojarse en “Jóvenes a la E”: $1.7 billones para IES privadas, principalmente de baja y muy baja calidad. Acá la secretaria de Educación dice que van a haber algunos beneficios para las públicas, pero eso no aparece en ninguna meta del PDD radicado.
Por último, saludamos que hayan escuchado y hayan incorporado en esta versión los dos multicampus comprometidos desde el Plan Nacional de Desarrollo: el de Suba, pero también el de Kennedy. No obstante, debe quedar claro que esa infraestructura es para educación superior, y además que beneficiarán a no menos 25 mil estudiantes, bajo el referente de 6 metros cuadrados por estudiante como criterio de calidad espacial en la educación. Tenemos una proposición en ese sentido.
La problemática ambiental
En el 2024 la ciudad reportó el mayor pico histórico de temperatura alcanzando los 25,2°C. Vimos cómo los incendios forestales arrasaron los Cerros Orientales y tenemos niveles mínimos en los embalses que abastecen de agua a la ciudad y, aunque el fenómeno del Niño está llegando a su fin, ahora nos enfrentaremos al fenómeno de la Niña que trae consigo inundaciones, remociones en masa y avenidas torrenciales demostrando la inminente necesidad de adaptarnos. Es importante recordar que desde esta orilla política hemos venido construyendo las herramientas para que Bogotá sea una ciudad resiliente, por lo anterior, el Concejo de Bogotá declaró mediante el acuerdo 790 de 2020 la emergencia climática como asunto de interés general y prioridad de gestión pública, sin olvidar que quien firmó dicho acuerdo fue el entonces presidente de la Corporación, hoy alcalde de nuestra ciudad, Galán.
El PDD es una oportunidad para corregir los errores cometidos en anteriores administraciones, lo ambiental no puede ser un accesorio discursivo que esconda los intereses depredadores, por eso, consideramos poco transparente ocultar las acciones y presupuestos del sector con mayor inversión (movilidad) bajo el título “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”, dejando al descubierto que lo ambiental no es una prioridad para esta administración. El reto es ordenar el territorio en torno al agua, recuperar las funciones ecosistémicas e integradoras de la Estructura Ecológica Principal (EEP) y comprender que necesitamos acciones del orden nacional y regional para que Bogotá pueda ser sostenible.
Frente a las metas, surgen algunos interrogantes para ampliar el debate, ¿qué es eso de gestión y conocimiento ambiental que nos costará más de $36 mil millones? Hace unos días, la Secretaría de Ambiente explicaba que la meta de las 2.000 hectáreas de la EEP que se iban a conservar eran exclusivamente en suelo urbano, por lo que proponemos que frente al programa 24, se hagan intervenciones integrales de gestión, conservación, restauración, renovación e intervención de la totalidad de más de 4.000 hectáreas en suelo urbano de la EEP y orientemos esos $200 mil millones para intervenciones que realmente nos permitan mejorar las condiciones ambientales de la ciudad.
Con relación a la meta de conectividad de los elementos de la EEP, proponemos que quede explícita la recuperación de la reserva Thomas Van der Hammen (RTVDH) como principal conector entre los Cerros Orientales y el río Bogotá, su saneamiento predial, restauración y protección es fundamental. En el componente de servicios públicos, nos preocupa la falta de acciones concretas para la atención al problema de abastecimiento de agua, si bien el art. 87 habla de un Plan de Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico, no existe una meta concreta con asignación de recursos que permita la puesta en marcha de dicho plan. Frente a los residuos sólidos, debemos cambiar el modelo; producir, usar, tirar, enterrar y pagarles a los operadores por kilogramo es un fracaso. En ese sentido, hacemos la invitación a la UAESP para que asuma directamente la operación del relleno Doña Juana una vez termine la tortuosa concesión con CGR y se construyan licitaciones favorables al ambiente y a los usuarios. Adicionalmente, Bogotá debe implementar un modelo que permita buscar fuentes de energías renovables para la transición energética y esto debe incluirse dentro del articulado del PDD.
Una vez expresadas nuestras preocupaciones, queremos dejar claridad respecto a una serie de artículos que a nuestro juicio son regresivos y atentan contra el ambiente. Nos oponemos a la intervención y endurecimiento de los Cerros Orientales bajo el discurso del cortafuego, toda intervención debe estar en el marco del cumplimiento de su Plan de Manejo Ambiental y de las ordenanzas del fallo existente. Igualmente, anunciamos desde ya nuestro voto negativo para el art. 75 que modifica el acuerdo sobre emergencia climática, puesto que no permitiremos abrir la puerta para que la flota de transporte público utilice combustibles fósiles. Por último, pedimos tajantemente la revisión con perspectiva de emergencia climática de los proyectos de Ciudad Lagos de Torca y Reverdecer del Sur, e invitamos a las y los cabildantes a votar negativamente los artículos 169 y 172, ya que, como están planteados, fragmentan la EEP, generan una presión hacia el abastecimiento de agua potable y solo responden a los intereses del negocio inmobiliario.
Sumado, queremos invitar a la administración a acabar con el enterramiento de los residuos a través de la promoción de alternativas tecnológicas que garanticen la sostenibilidad ambiental, social y económica transformándose progresivamente en parques tecnológicos y ambientales de valorización de residuos con inclusión de la población recicladora como eje articulador del modelo. También, consideramos que se debe incluir un artículo para el cumplimiento del POT frente al régimen de usos de las reservas distritales de humedal, donde se contemplen estudios y acciones necesarias para la recuperación hidráulica y sanitaria, la restauración ecológica que permita subsanar la deuda histórica producto de la política de endurecimiento de las últimas dos administraciones que atentaron contra estos ecosistemas.
Por último, tiene que quedar escrito en este Plan que, para enfrentar la crisis de abastecimiento, debemos ordenar el territorio en torno al agua. Es por esto, que un hito de la Región Metropolitana debe ser la recuperación ecosistémica del agua, en materia local, la ampliación de la estrategia de pedagogía ciudadana de buen uso del agua, la creación de una política distrital para la recirculación, tratamiento in-situ y reúso del agua, y generar proyectos para la optimización y modernización de los sistemas actuales, incluyendo la reducción por pérdidas y conexiones erradas que existen en la ciudad.
Los Cerros Orientales
Dice el Plan de Desarrollo radicado en su artículo 3: “La innovación en la participación amplia e incidente acompañará todos los espacios de interlocución con la ciudadanía y buscaremos devolver el interés de la gente en la resolución de los conflictos de ciudad”.
Pues acá la gente que habita los Cerros Orientales se ha organizado y ha radicado a “Chatico”, al CTPD y a diferentes canales de la administración sus aportes al Plan de Desarrollo desde marzo, y aun así no se ha incluido ni una sola de las propuestas hechas. Lo que vuelve simple retórica la introducción del Plan y las buenas intenciones de la administración.
En el borrador de Plan presentado al CTPD, no se hacía una sola mención a los Cerros Orientales. En el que radican al Concejo incluyeron una referencia marginal en las metas del Programa 23 y en el artículo 170 donde se propone un modelo de gobernanza para la atención de los bordes urbano rurales y el cumplimiento de sentencias judiciales relacionadas.
Vale la pena aclarar que en el caso de los Cerros Orientales no estamos hablando de un espacio cualquiera, es un territorio donde pesa una sentencia del Consejo de Estado que acumula 11 años de incumplimientos, y donde, según los diagnósticos del Plan, dentro del Área de Consolidación del Borde Urbano de la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales, se encuentran barrios con población muy vulnerable como la de la UPZ 52 la cual registra la cifra más alta de pobreza monetaria y pobreza extrema de Bogotá. Además, representa un ecosistema estratégico en relación con la provisión de agua pues conforma un corredor que conecta los páramos Guacheneque, Guerrero, Chingaza y Sumapaz.
Sumado, en la escala distrital ya existe el Comité Interinstitucional para la Coordinación de la Actuación Administrativa en el manejo de los Cerros Orientales (art. 2 del Decreto Distrital 222 de 2014). Tal vez darle una escala regional y nacional pueda ayudar, pero no es garantía de que se avance en materia de Cerros Orientales. Por ello, recogiendo el documento firmado por 16 Juntas de Acción Comunal, las órdenes de la sentencia del Consejo de Estado y lo dispuesto desde la normativa existente y el POT vigente, hemos hecho una propuesta de artículo nuevo que ponga al centro las acciones que requiere el ordenamiento territorial del borde oriental de Bogotá y que son la hoja de ruta para la instancia de gobernanza que propone la administración. En diálogo con la Secretaría de Planeación no la han visto pertinente y por eso queremos que sea la misma gente la que la proponga a este Concejo y que la Corporación nos pueda acompañar en esta propuesta.
En conclusión, tenemos un PDD que atenta contra las capas medias de los trabajadores de la ciudad en vez de solucionar sus problemas gravando al capital, que prioriza los negocios privados sobre el bienestar de la mayoría, que reproduce la lógica neoliberal de educación privatizada y de mala calidad y que, a pesar de sus buenas intenciones, no protege al medio ambiente e ignora descaradamente la participación ciudadana. Estas son solo algunas de las razones por las que nos oponemos a esta administración y que nos llevan a votar negativamente el Plan de Desarrollo presentado por la administración de Carlos Fernando Galán.
Con información del semanario Voz