Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos y Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Fotos redes sociales
Mientras el país enfrenta la tragedia del terremoto y el pueblo busca sobrevivientes entre los escombros, el Gobierno de Abelardo de la Espriella eligió otra prioridad: autorizar a Estados Unidos a lanzar operaciones conjuntas en territorio colombiano para “combatir el terrorismo”
Por: Valentina Bolaño Senior
@Vale_Bose
La decisión de autorizar a Estados Unidos a realizar operaciones en suelo colombiano no fue debatida en el Congreso y desconoce el artículo 173 de la Constitución Política, donde se establece que es el Senado de la República el que debe autorizar o no el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.
“Colombia sabe más de lucha contra el narcotráfico que los Estados Unidos, por eso no me niego a la colaboración de lucha mundial contra el narco y otras formas de crimen internacional que no se pueden superar sino en común con muchos países del mundo, pero eso no significa permiso para que extranjeros vengan a matar colombianos”, señaló en su cuenta de X el expresidente Gustavo Petro.
A esto se suma el anuncio del ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, desde Panamá, sobre la adhesión del país a la Coalición contra los Cárteles de las Américas y la formalización de un acuerdo bilateral con Estados Unidos para fortalecer el trabajo entre la Fuerza Pública y el Departamento de Guerra estadounidense.
El preocupante giro de la política exterior
Jeison Paba
Para Felipe Durán Carrón, politólogo y exsuperintendente de Servicios Públicos, “el giro de Abelardo de la Espriella hacia Estados Unidos e Israel empieza a configurar una preocupante nueva política para Colombia que compromete su soberanía”, advirtió en sus redes sociales.
Pero el giro no se limita a la llegada de tropas estadounidenses. La nueva política de seguridad también representa el regreso de una estrategia que prioriza la guerra por encima de cualquier salida política y que vuelve a convertir los territorios más golpeados por el conflicto en escenarios de operaciones militares.
Para entender este nuevo rumbo y sus implicaciones para Colombia, VOZ habló con Jeison Paba, abogado, defensor de los derechos humanos y director general del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.
¿Qué piensa de la nueva política de seguridad en Colombia?
La nueva política de seguridad de Colombia es el recauche de una política ya fracasada en donde se privilegia la acción militar sobre cualquier vía de diálogo y que, efectivamente, en años anteriores ha traído unos resultados bastante nefastos.
El Plan Patriota 2.0 responde a toda la doctrina que desde el Departamento de Estado en Estados Unidos se quiere imponer en nuestro hemisferio. Este gobierno lo que plantea es avanzar mucho más en la estrategia militar, en hacer un gasto excesivo en términos de seguridad.
La población civil, en medio del fuego
¿Cuáles son los riesgos de un modelo militarista en este nuevo gobierno?
Los riesgos militaristas pasan esencialmente por la violación al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.
Sabemos muy bien que, al ejercer este tipo de operación en estos territorios, quienes se encuentran más afectados son las comunidades, la población civil, que es la que está en medio de los combates. Evidentemente, estas regiones se vuelven un teatro de operaciones militares, donde incluyen bombardeos, ataques directos y una escalada de la violencia de todos los grupos que hacen presencia en las regiones donde se va a concentrar los ataques.
El Gobierno ha decidido recurrir nuevamente al bombardeo como herramienta contra el ELN y otros grupos al margen de la ley. ¿Qué implica esto desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario cuando las operaciones se desarrollan en territorios donde hay población civil?
La retoma de los bombardeos por parte del Gobierno representa la utilización de mecanismos y métodos de guerra que ya fueron probados en Colombia y que han dejado profundas cicatrices en la sociedad.
El uso de estos bombardeos también plantea un debate frente al Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta que se ha señalado que gran parte de estas estructuras están conformadas por menores de edad. Esto genera una pregunta central: ¿se van a bombardear estos campamentos sin que el Estado ejerza su obligación constitucional e internacional de proteger a los niños, niñas y adolescentes?
Un giro hacia Israel
¿Cómo se relaciona esta nueva estrategia militar con el papel que Estados Unidos vuelve a ocupar en la política de seguridad de Colombia?
Esto hace parte de una estrategia internacional, no solamente guiada por el Departamento de Guerra y el Departamento de Estado de Estados Unidos, sino que también hace parte de esa política del sionismo internacional de ingresar a otros territorios y darles una cara más humana a sus acciones genocidas.
Evidentemente, gran parte de que hoy tengamos un gobierno desatado no solamente se debe a la intromisión directa del Gobierno de Donald Trump, sino que también se debe a la intervención de todas esas agencias, como el Mossad israelí, y de todas esas asociaciones sionistas que a nivel mundial están financiando este tipo de campañas e intromisiones en las elecciones regionales.
Y evidentemente América del Sur se vuelve un teatro ideal para ellos.
¿Cómo se impone esta visión desde Israel?
No es gratis que un Estado como el colombiano, que nunca ha hecho una declaración apoyando o reconociendo la invasión de Israel a los Altos del Golán, –que ha sido un territorio en disputa con Siria por más de 40 años–, ahora tome esta posición.
No es gratis que este Gobierno, en una de sus primeras acciones en términos de política internacional, sea ese reconocimiento. Abelardo de la Espriella y toda su cúpula de Gobierno ya le están pagando los favores a toda esa comunidad sionista internacional, a Benjamín Netanyahu y a todas estas estructuras que desde Israel están dictando una nueva política internacional, que incluso es muy fuerte e influyente en la política norteamericana.
Se busca reafirmar toda esa política que históricamente los estadounidenses nos han querido imponer que somos su patio trasero. Y ahora, con el apoyo de toda esta comunidad sionista, lo quieren materializar y no lo ocultan.
21 de agosto de 2026
Con información del Semanario Voz