El pánico a la verdad atormenta a los dueños del poder y de la guerra.
Las 36 horas de declaraciones de Mancuso corroboran el desenmascaramiento, parcial pero significativo, de una política de Estado que comprometió a civiles en acciones de represión social y política, con características de exterminio y genocidio. Contrario a la leyenda que presenta al paramilitarismo como iniciativa de civiles para defenderse de secuestradores y guerrillas, el relato paramilitar confirma que se trata realmente de una política dirigida por el establecimiento, con especificación de tareas y compromisos con civiles para transmitir conocimientos, prácticas, orientaciones y órdenes militares y ampliar el campo de acción de redes bajo la coordinación de comandantes militares del Ejército. Es importante recordar la reforma de la inteligencia militar, realizada entre los años 1990 y 1991 por el entonces ministro de defensa Rafael Pardo Rueda, con el asesoramiento de una misión naval de Estados Unidos, en el gobierno de Cesar Gaviria. Ni Pardo ni Gaviria han explicado su papel en semejante remodelación represiva.
Dos características que desnudan el alcance de la criminalidad represiva
El ajuste de la reforma de la inteligencia militar tuvo su marco legal en el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994), creador de las “convivir”. El declarante enfatiza en que se trata de una metodología y unos procedimientos puestos en ejecución con la participación de mandos castrenses, para afectar a ciudadanos clasificados como parte de un “enemigo interno”, convertidos en objetivos militares y sometidos a exterminio según listas suministradas por altos funcionarios del DAS, dependencia vinculada a la presidencia. Estos cambios que “privatizan” el paramilitarismo ocurren en el contexto del Plan Colombia y de la disolución de la Brigada XX del Ejército en 1998 por las denuncias sobre su responsabilidad en la persecución anticomunista. El direccionamiento político del exterminio no deja ninguna duda cuando señala Mancuso nombres de dirigentes de izquierda, entre ellos el del entonces Secretario General del Partido Comunista y el del Director del semanario Voz.
El otro ajuste de la política transcurre bajo la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia (1995 – 1997) cuando se pone en marcha la expansión de los bloques paramilitares distribuidos por todo el país. Las declaraciones de Mancuso y las de Otoniel, coinciden en el significado de la expansión territorial de acciones de exterminio y el traslado de grandes grupos de tropas, entre militares y paras. Se trató a todas luces de una gran operación estratégica coordinada por los mandos militares.
Un período nefasto de régimen cívico-paramilitar
El relato de Mancuso se corresponde en buena medida con el periodo de tiempo que contempla la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha pública el 30 de enero de 2023, donde se condena al Estado colombiano. Entre las razones de tal condena está la complicidad del sistema político, heredero del bipartidismo, que, con pleno conocimiento de causa participó de lleno en su propia deslegitimación. No solo no se impidió que ocurrieran los crímenes, no se investigó nada por la recientemente creada Fiscalía General de la Nación, sino que, como lo señaló la misma CIDH sobre el caso en mención , se cometieran toda suerte de crímenes y violaciones de los DDHH sin que el Estado actuara, sin que se redujeran los culpables, sin que se establecieran los determinadores fundamentales por parte de la justicia colombiana, mientras se destruían la democracia y los derechos laborales con el modelo neoliberal de la “confianza inversionista”.
Ello fue posible porque en ese lapso, entre mediados de los años 80 y los gobiernos de la seguridad “democrática”, se desarrollaron distintas modalidades de genocidio contra la izquierda y contra otros sectores sociales populares, sindicales, religiosos, periodistas, defensores y defensoras de DDHH, con el conocimiento y la aprobación de los comandantes máximos de las Fuerzas Militares, es decir los presidentes civiles de la República elegidos democráticamente.
En conclusión, para el Partido Comunista es relevante que estas declaraciones hayan tenido la incidencia reconocida, que contribuye a la batalla por la verdad y la derrota del negacionismo histórico que pretenden la ultraderecha y el militarismo. Hay que dejar en claro que Mancuso no ha reconocido toda su responsabilidad ni la de sus cómplices de clase. El PCC reclama su derecho como parte en la JEP y como objeto del relato del declarante a estar presente en las audiencias no públicas. Al mismo tiempo expresa su opinión de que Mancuso sea aceptado, no como tercero sino como parte del Estado.
La No repetición exige que el Estado reconozca que el paramilitarismo no es solo un mercenarismo privado sino que, en gran medida ha sido parte de una política pública de ampliación del Estado para cubrir formas de control social por fuera de la legalidad. El punto final a la impunidad es componente necesario de la No repetición y del cumplimiento de las decisiones establecidas en la Sentencia de la CIDH que condenó al Estado colombiano frente al caso de la Unión Patriótica.
Este paso puede ayudar a establecer formas de sometimiento a la justicia que contemplen la valoración por la JEP de la contribución a la verdad por parte de quienes han integrado tales aparatos criminales.
Las y los comunistas respaldamos el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez y recalcamos la necesidad de que todos los sectores vinculados a los derechos humanos, trabajemos con todo el esfuerzo posible de la mano del movimiento social y de las luchas populares que han sido las principales víctimas para que la no repetición implique un cambio estructural en los derechos, las libertades políticas, las libertades ciudadanas para todos y todas en todo el territorio nacional.