El hecho de que las personas puedan estar armadas genera un estado de incertidumbre. Foto Ejército Nacional de Colombia
Abelardo De la Espriella levantó la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego. La decisión abre un debate sobre los riesgos de ampliar la disponibilidad de armamento, en un país marcado por la violencia.
Valentina Bolaño Senior
El 8 de septiembre, Abelardo de la Espriella firmó el decreto 1368 de 2026, con el que el Gobierno pone fin a la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
La suspensión general significaba que, aunque una persona tuviera un permiso legal para portar un arma, no podía ejercerlo mientras estuviera vigente esta medida. Ahora, con la decisión del Gobierno, más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas vuelven a armarse.
Según el presidente, “durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”.
Sin embargo, la decisión preocupa a organizaciones defensoras de los derechos humanos, especialmente en un país marcado por décadas de conflicto armado, violencia política e intrafamiliar, y riñas en las que las armas pueden convertir un conflicto en una tragedia.
VOZ habló con Sebastián Escobar, defensor de los derechos humanos y presidente del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, Cajar, sobre el alcance de la medida, sus posibles efectos sobre la violencia y las implicaciones que tiene para los derechos humanos.
Sebastián Escobar, presidente del CAJAR. Foto cortesía
Una historia de violencia
¿Qué cambia con el Decreto 1368?
Lo que hace el decreto es volver a autorizar el porte de armas y reactivar una serie de permisos que se encontraban suspendidos aproximadamente durante 11 años, un periodo que incluyó las últimas tres administraciones.
No significa que inmediatamente todo el mundo pueda portar armas. Simplemente se levanta una restricción general sobre esa posibilidad y, en adelante, quienes quieran o consideren portar armas tienen que pasar por una serie de filtros, como un examen, una consulta de antecedentes y un registro.
Ahora, el hecho de que existan estas previsiones y estos requisitos para el porte de armas no quiere decir que esta sea una política acertada. Parte de un supuesto errado de la Presidencia, pues, esta decisión solo beneficia a lo que ellos denominan como “ciudadanos de bien”.
Colombia tiene una historia marcada por distintos tipos de violencia. ¿Qué riesgos implica ampliar la disponibilidad de armas legales en este contexto?
El hecho de que haya armas disponibles es un factor de riesgo para dirimir los conflictos sociales en un país que está atravesado por diferentes factores de violencia. Ya mencionaba, entre ellos la propia violencia intrafamiliar y las riñas callejeras, pero convendría también señalar la posibilidad de la violencia política.
La disponibilidad de armas legales, según lo refieren estudios internacionales, también puede alimentar el mercado ilegal de armas. Esto ocurre porque hay una mayor disponibilidad y uno ve que es común encontrar en las noticias casos en los que, por ejemplo, a los vigilantes que portan armas amparadas legalmente por su actividad les roban esos elementos en diferentes ciudades.
Entonces, lejos de que esto signifique que haya más armas en Colombia para generar seguridad, podría incluso fortalecer el mercado ilegal y la delincuencia organizada.
¿Qué implica para la capacidad del Estado controlar las armas que circulan?
Las entidades encargadas de hacer cumplir la ley, entre ellas la Policía, tengan que dedicar mayores esfuerzos a verificar y controlar el uso de armas, en lugar de poder desarrollar actividades de control de la delincuencia organizada. Eso también puede ser problemático.
Otro aspecto es el marco institucional del monopolio de las armas en cabeza del Estado. Si el Estado renuncia a esto, estaría renunciando a su propia finalidad, que es ser garante de la seguridad y del control de los propios conflictos.
La preocupación de los defensores y defensoras
¿Qué implicaciones tiene esta decisión desde una perspectiva de derechos humanos? Estas políticas no se pueden analizar sin contemplar los antecedentes de lo que ha ocurrido en nuestro país. El ejemplo más claroes la promoción, en su momento, de las cooperativas de seguridad, porque a través de ellas se vinculó el uso de armas, no solamente de armas cortas, sino incluso de armas de uso público, por parte de civiles. Y esto derivó en asesinatos y demás.
Entonces, también hay que situar esto en el contexto, porque vuelven hablar de los llamados frentes de seguridad ciudadana o frentes de seguridad rural, en donde nuevamente se vinculan civiles en actividades que son propias de la fuerza pública.
¿Los territorios pueden quedar más expuestos con esta flexibilización?
Es una posibilidad. No se debe analizar como una medida aislada, sino en conjunto con otras que han surgido, como la de los frentes de seguridad. Uno podría decir que eso puede ser no solamente problemático para los territorios, sino recrudecer el escenario de violencia.
Abelardo de la Espriella señala que esto va a generar más seguridad. ¿Una mayor disponibilidad de armas garantiza más seguridad?
No. Es un argumento a todas luces engañoso, que se basa principalmente en una idea que, además, no es técnica. Este gobierno dice que le gustan los análisis técnicos, pero evidentemente esta es una decisión ideológica que se basa en la percepción de seguridad y en una percepción sumamente abstracta: si yo tengo un arma, entonces puedo prevenir la comisión de delitos en mi contra. Esto no es un discurso técnico. Es un asunto evidentemente ideológico.
16 de septiembre de 2026
Con información del Semanario Voz