El 5 de agosto se aprobó el Plan Integral de Reparación Colectiva del Partido Comunista Colombiano. Foto Unidad de Víctimas
La aprobación del Plan Integral de Reparación Colectiva admite décadas de persecución y violencia política contra la colectividad. Ahora, comienza el desafío de convertir ese reconocimiento en verdad, memoria, reparación y garantías para la participación democrática
Por: Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
En el salón Bojayá de la Unidad para las Víctimas había un ambiente de alegría, pero también de nostalgia. La emoción por el paso que acababa de darse convivía con el recuerdo de quienes sufrieron el conflicto armado y el anticomunismo en Colombia: de quienes fueron asesinados, desplazados, perseguidos o tuvieron que vivir durante décadas las consecuencias de la violencia política.
El 5 de agosto se aprobó el Plan Integral de Reparación Colectiva, PIRC, del Partido Comunista Colombiano. Por primera vez, en el marco de la Ley 1448 de 2011, un partido político es reconocido como sujeto de reparación colectiva de carácter nacional, pues fue uno de los sujetos políticos que sufrió el mayor número de víctimas mortales, junto con la Unión Patriótica, en el marco de la persecución política y la violencia que atravesó al país.
La ruta para la reparación
Llegar a esta instancia tomó meses de trabajo y concertación. El proceso estuvo compuesto por cuatro periodos que permitieron construir el caso y establecer los daños que dejó la violencia sobre su organización, su militancia y su proyecto político.
“Estos momentos fueron: primero, la identificación; segundo, el alistamiento; tercero, el diagnóstico del daño, que es, en mi opinión la fase más importante; y, por último, el diseño y formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva”, señaló para VOZ Jorge Amaury Gómez, subdirector de Reparación Colectiva en la Unidad para las Víctimas.
La última fase fue la que se aprobó el pasado 5 de agosto, y contempla: “las acciones que establece el Estado, no el Gobierno, para reparar integralmente a los sujetos colectivos que fueron víctimas del conflicto armado”, explicó el subdirector.
Con la aprobación comienza ahora la etapa de implementación que, para Amaury Gómez, representa el mayor desafío: “Como lo ratifiqué, estas medidas no son del Gobierno ni dependen de la voluntad gubernamental, sino que son medidas de Estado. Esto significa que existe una obligación legal y constitucional de implementar estas acciones”.
Ante esto, se necesita que el Partido Comunista continúe activo y organizado para que siga exigiendo y haciendo un arduo seguimiento a la implementación de las acciones que están en el PIRC: “La implementación de estas medidas es la posibilidad real de aspirar a una reparación integral del sujeto, que como lo hemos dicho, es muy importante para la sociedad colombiana”, continuó Gómez.
Las víctimas en el centro
En medio de este proceso, Gómez también destacó los resultados alcanzados durante el Gobierno de Gustavo Petro en materia de reparación individual a las víctimas del conflicto armado.
De acuerdo con el subdirector, durante el Gobierno se duplicó la inversión destinada a la reparación frente a administraciones anteriores. Las cifras, dijo, muestran una apuesta presupuestal que permitió ampliar el número de personas indemnizadas.
“Al finalizar este gobierno, tenemos más de 670 000 personas indemnizadas administrativamente. En el ejercicio de rendición de cuentas dimos a conocer estas cifras, que constituyen casi el 40 % de lo que se ha hecho en 30 años”, finalizó Amaury Gómez.
La voz del PCC
Esta aprobación estuvo acompañada por representantes del Partido Comunista, como Jaime Caycedo, presidente del Partido; Claudia Flórez, secretaria general; Sara Klinger, por parte de la Juventud Comunista Colombiana, y otros integrantes del Comité Ejecutivo Central.
Fue Flórez quien tomó la palabra para reconocer el significado del momento. Durante diez minutos, su intervención recorrió la historia de una militancia atravesada por décadas de lucha por la paz y la vida. “Recibimos este momento con la profundidad histórica que merece. No es un acto protocolario más, es un acontecimiento que interpela a la memoria nacional y que obliga a Colombia a mirarse frente al espejo de su propia historia”, dijo la secretaria general.
La frase marcó el tono de su intervención. Para el Partido, lo ocurrido ese día no podía entenderse únicamente como la aprobación de un instrumento administrativo. Era también el reconocimiento de una violencia política que tuvo consecuencias sobre la organización, pero que, al mismo tiempo, afectó la democracia colombiana.
Detrás de ese reconocimiento están las familias que todavía buscan a sus seres queridos, las víctimas de desplazamiento, quienes fueron estigmatizados y quienes vivieron bajo una persecución que convirtió la militancia política en un riesgo. Esta persecución tuvo un daño en la democracia y en la pluralidad de ideas en el país.
“Buscaron borrar de la historia una fuerza política que siempre defendió la organización democrática del pueblo, la justicia social y la paz. Cada dirigente asesinado significó una oportunidad que perdió un liderazgo. Cada sindicalista exterminado debilitó los derechos laborales. Cada campesino perseguido retrasó más la reforma agraria”, afirmó Flórez.
Detrás de cada medida de reparación hay nombres, familias y proyectos de vida interrumpidos; pero también una historia política que busca ser reconocida.
La verdad, indispensable para la reparación
Para el Partido Comunista Colombiano, el reconocimiento del daño no puede separarse de la búsqueda de la verdad. Saber quiénes estuvieron detrás de la persecución, cómo se construyó y de qué manera se convirtió en una práctica sostenida contra quienes eran considerados enemigos políticos hace parte de la reparación.
“Esta reparación integral exige demostrar definitivamente la doctrina del enemigo interno y la eliminación del contradictor político. Exige garantizar que nunca más una persona en Colombia sea perseguida por sus ideas y exige que las nuevas generaciones conozcan esta historia para que jamás vuelva a repetirse”, señaló la secretaria general del Partido Comunista Colombiano.
Por eso, la reparación del Partido Comunista también plantea una discusión sobre la democracia colombiana y sobre las garantías necesarias para ejercer la participación política sin persecución ni estigmatización.
El reconocimiento llegó durante el Gobierno de Gustavo Petro, algo que Claudia Flórez también destacó como fundamental del significado político de la jornada.
14 de agosto de 2026
Con información del Semanario Voz