Hasta el momento, el Departamento del Tesoro ha girado 2.500 millones de dólares al gobierno de Javier Milei. Foto Revista Cítrica
La sumisión del mandatario argentino con el país del norte va más allá de lo económico. Mientras el pueblo gaucho sale a las calles para protestar por la innegable crisis, la administración sigue alineándose a los intereses anticomunistas del Departamento de Estado
Por:José Ramón Llanos H.
Varias reuniones en Washington y la presencia de miembros del FBI en Argentina permitieron el alineamiento de este país con las políticas represivas de Trump en el país suramericano.
Javier Milei está totalmente identificado con la administración estadounidense en su política de persecución contra los sectores progresistas argentinos. Él mismo declaró a la prensa que es necesario combatir en la prensa y en las universidades a los terroristas.
Invocando el “terrorismo político”
Semanas atrás, el mandatario argentino había enviado a Washington a su canciller, Pablo Quirno y a José Lago, encargado de la Secretaría de la Inteligencia del Estado, SIDE, a una reunión que convocó el departamento de Estado en Washington.
Allí, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que era necesario “ampliar la mirada” y hablar de un resurgimiento del “terrorismo político”. Cabe recordar que, dentro del lenguaje diplomático de Washington, esta denominación se utiliza habitualmente para estigmatizar a los movimientos de izquierda en Latinoamérica.
Para dejar clara la postura, Rubio mencionó a organizaciones históricas como los Montoneros y a los Tupamaros, asegurando que el “terrorismo político” puede ser derrotado, tal como ocurrió en el pasado. La fórmula propuesta es conocida: “compartir inteligencia y coordinar la actuación de las fuerzas de seguridad”.
Esta estrategia incluyó la visita a la Argentina del número dos del FBI, Andrew Bailey, quien se reunió con la ministra de Seguridad, Alejandra Monte Oliva, y visitó el Centro Nacional Antiterrorista, CNA, el pasado 29 de julio.
La reunión se produjo en secreto, pero el FBI difundió imágenes en sus redes sociales oficiales bajo la premisa de que “defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras”, acompañando el mensaje con unas fotografías de Bailey junto a las autoridades de la SIDE.
La aparente cruzada antiterrorista
“La agenda antiterrorista es uno de los ejes principales de la política exterior del Gobierno el alineamiento con los Estados Unidos e Israel”, sostiene Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS.
Téngase en cuenta que todo esto está relacionado con la seguridad de los Estados Unidos y recuérdese que la Argentina participa como garante de la seguridad del norte. Es así como la migración y el terrorismo se utilizan en la región como una manifestación del conflicto social.
Por su parte, la diputada nacional Myriam Bregman señala que apelar al discurso antiterrorista busca desactivar la movilización popular: “La extranjerización y el sometimiento a Estados Unidos que son la base de estas políticas que se usan para discriminar, perseguir a los opositores y desnaturalizar la protesta bajo la máscara de antiterrorismo”.
Todo esto se presenta precisamente cuando ocurren grandes movilizaciones sociales en contra de Milei y en defensa de la soberanía argentina.
Paula Litvachky considera que todo esto se inscribe en la política de seguridad de Estados Unidos de la que Argentina participa y cuyo objetivo es garantizar la seguridad del norte.
“En ese marco, la migración y el terrorismo se convierten en ejes centrales y cualquier disidencia política en la región puede ser identificada como terrorismo junto con el conflicto social, el crimen organizado y el narcotráfico”, considera Claudio Pandolfi, docente nacional de Lanús, Argentina.
Milei consiguió un aliado contra el terrorismo en el procurador Eduardo Casal quien firmó una resolución para incorporarse al CNA. Su decisión fue celebrada por las fuerzas que se alinean con Santiago Caputo, quien maneja la SIDE.
La acción del Ministerio de Seguridad
Este organismo presentó el 7 de agosto una denuncia en Comodoro Py para que se investigue y detenga a quienes se manifestaron contra la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
En su denuncia invocó el artículo 41. Esta figura se intentó utilizar contra los detenidos por protestar contra la Ley Bases en junio de 2024 y ahora la utiliza el fiscal Carlos Stornelli contra quienes están detenidos por protestar contra la reforma laboral. Esta ley le atribuye poderes excepcionales al presidente de la República.
Ante el discurso y la acción represiva María Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, expresó: “Lo que aterroriza en las movilizaciones no es la gente que protesta, resiste y se defiende, lo que aterroriza son las fuerzas de seguridad disparando a la cara, gaseando, golpeando y deteniendo gente al voleo”.
Esa es la tragedia contra la cual se organiza y lucha el pueblo argentino.
16 de agosto de 2026
Con información del Semanario Voz