El gobierno del presidente Gustavo Petro, expidió el primer decreto de emergencia económica y social para La Guajira, con varias medidas urgentes, entre las que se encuentra la creación del ‘Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira’ y le entrega facultades al ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Frente al Instituto del Agua, el Gobierno señala que tendrá como finalidad adelantar todas las acciones requeridas para garantizar el acceso a agua potable y saneamiento básico de la población del departamento de La Guajira, así como mitigar los efectos actuales y futuros de los eventos de variabilidad climática y el cambio climático.
Entre las medidas están:
- Coordinar las estrategias, acciones y proyectos asociados con la gestión integrada del recurso hídrico en el departamento de La Guajira, así como la administración del acceso al agua, promoviendo su uso sostenible.
- Desarrollar los estudios y planes que permitan generar el conocimiento de la oferta hídrica y la demanda de agua para consumo humano y otros usos.
- Estructurar y ejecutar planes para la protección y conservación del recurso hídrico en el departamento de La Guajira.
- Desarrollar y ejecutar los estudios y diseños de las estrategias, acciones y proyectos requeridos, incluyendo nuevas tecnologías, para garantizar el acceso a agua potable y saneamiento básico de la población, así como mitigar los efectos actuales y futuros de los eventos de variabilidad y cambio climático.
- Armonizar los usos del agua, de tal manera, que su uso prioritario sea el consumo humano en todo el departamento de La Guajira.
El decreto firmado por el gabinete en pleno y revisado por el equipo jurídico de la Presidencia, entrega también amplias facultades al Ministerio de Vivienda para contratar servicios y bienes para hacerle frente a la crisis social y económica en La Guajira.
El Ministerio de Vivienda y el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico de La Guajira (PDA), “estarán facultados para realizar contrataciones directas con organizaciones sociales, cívicas, comunitarias y étnicas, las cuales tendrán por objeto adquirir los bienes, servicios y obras necesarias para hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia y/o conjurar sus efectos, aun cuando superen la mínima cuantía”.
A pocos días de que tenga vencimiento la declaratoria de emergencia que hizo el mandatario el pasado 2 de julio, se expide el primer decreto con facultades especiales al ministerio que preside Catalina Velazco.
El cual “coordinará todas las intervenciones que se desarrollen en el departamento de La Guajira dirigidas a garantizar el acceso al agua”, también busca ejercer la vigilancia, en coordinación con las autoridades judiciales, policivas y administrativas, frente al uso del recurso hídrico en el departamento de La Guajira, para lo cual, las entidades competentes deberán garantizar que este sea destinado de manera prioritaria y prevalente para el suministro de agua para el consumo humano.
“Las entidades nacionales y territoriales competentes, podrán constituir gravámenes de servidumbre a título gratuito sobre bienes inmuebles fiscales y baldíos adjudicables y no adjudicables, con la finalidad de que las entidades garantes del acceso al servicio de acueducto, aseo y alcantarillado, y quienes se contraten para tal efecto, puedan hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia y/o conjurar sus efectos”, agrega el decreto de 22 páginas.
Lo anterior, “sin perjuicio del trámite legalmente requerido al que haya lugar de manera posterior, el cual deberá ser atendido de manera prioritaria por las entidades competentes”.
El Ministerio de Vivienda quedará facultado para la contratación directa de una “fiducia mercantil que tenga por objeto la constitución de un patrimonio autónomo para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento básico en La Guajira”, podrá contar con recursos del Presupuesto General de la Nación, los que asignen las entidades nacionales, de los entes territoriales, de las empresas operadoras de servicios públicos del departamento.
Las funciones y facultades previstas serán ejercidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, hasta tanto, entre en funcionamiento el Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira creado.