Danilo Rueda. Foto Alto Comisionado para la Paz
Redacción DD.HH
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, denunció la existencia de una estrategia de persecución política, estigmatización y posible criminalización contra Danilo Rueda, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.
“Rechazamos que hechos relacionados con el cumplimiento de funciones legales y constitucionales orientadas a favorecer salidas dialogadas al conflicto armado colombiano sean expuesto de manera selectiva, descontextualizada y mediática con el propósito de construir señalamientos que ponen en riesgo la vida, la integridad, la honra y las garantías judiciales de quienes han trabajado por la paz” señaló la organización.
El contexto
Danilo Rueda se desempeñó como Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno de Gustavo Petro, donde trabajó por acercamientos, diálogos y mecanismos orientados a la terminación del conflicto armado, en cumplimiento de la política de Paz Total.
El 7 de agosto de 2022, el Clan del Golfo anunció un cese unilateral de acciones ofensivas, presentado como un gesto de buena voluntad para favorecer los eventuales diálogos. Así pues, el 2 de septiembre de 2022, se realizó una reunión cuyos audios fueron publicados en 2026 por Noticias Caracol, donde se escucha a Danilo Rueda, en su calidad de Alto Comisionado para la Paz, sostener un diálogo con integrantes del Clan del Golfo, “actuación que debe ser comprendida dentro del marco de sus competencias institucionales y de la política pública de paz vigente para ese momento” explicó en CPDH.
Para el 2026, el balance de la Paz Total ha sido objeto de cuestionamientos por sus resultados, “sectores políticos que históricamente se han opuesto a una salida dialogada al conflicto armado han utilizado los resultados limitados de la Paz Total para responsabilizar al Gobierno saliente y presentar la política de paz como un supuesto factor de riesgo para la seguridad nacional.”
En consecuencia, Danilo Rueda ha sido blanco de señalamientos y estigmatización, denuncias y eventuales procesos contra personas que, desde el Gobierno Nacional participaron en la implementación de una política de paz amparada por mandatos legales y constitucionales del Estado colombiano, “este hecho constituye una grave alerta para el conjunto del movimiento de derechos humanos, para quienes defienden la paz y para la sociedad colombiana” finalizó el CPDH.
13 de julio de 2026
Con información del Semanario Voz