El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 aumenta el servicio de la deuda, reduce la inversión y concentra recursos en funcionamiento y seguridad
Por:Hernán Camacho
El proyecto de Presupuesto General de la Nación, PGN, para 2027, radicado el pasado 26 de agosto por el Gobierno de Abelardo de la Espriella –en cabeza de su ministro de Hacienda, Miguel Gómez–, asciende a 634,9 billones de pesos.
La cifra representa 59,3 billones más que el proyecto presentado en su momento por la administración de Gustavo Petro. El aumento está acompañado por un crecimiento considerable del servicio de la deuda y una reducción de los recursos destinados a inversión.
El presupuesto distribuye los recursos de la siguiente manera: 392,6 billones para funcionamiento, equivalentes al 62% del total; 155,4 billones para servicio de la deuda, el 24%; y 86,9 billones para inversión, apenas el 14%. Frente al proyecto anterior, el gasto de funcionamiento aumenta 24,9 billones, mientras que la inversión disminuye 3,1 billones.
El mayor incremento se concentra en el servicio de la deuda. Para 2027 se proyectan 155,4 billones, un aumento del 54,7 % frente a 2026. El incremento representa cerca de 60 billones adicionales destinados al pago de obligaciones financieras del Estado.
Más deuda
Los ingresos totales proyectados pasan de representar el 27,4% al 29,9% del PIB. Sin embargo, el crecimiento no está sustentado principalmente en un aumento del recaudo tributario. El componente tributario registra una variación negativa cercana al 6,6%, mientras ganan peso los recursos de capital provenientes de créditos interno y externo.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, ha advertido sobre los riesgos de financiar este nivel de gasto mediante un mayor endeudamiento. Según sus proyecciones, la deuda nacional podría pasar del 61% actual al 67% del PIB en 2027. Su presidente ha calificado ese nivel como insostenible.
El déficit fiscal también representa una de las principales preocupaciones. Las estimaciones incorporadas al debate presupuestal apuntan a un déficit cercano al 10% del PIB, un nivel excepcionalmente alto incluso frente a periodos de fuerte presión sobre las finanzas públicas. El resultado es una mayor dependencia del crédito para financiar el funcionamiento del Estado y atender las obligaciones acumuladas.
Disminuye la inversión social
La reducción de la inversión tiene efectos diferenciados entre los sectores. En educación, aunque el presupuesto total del sector aumenta, la inversión disminuye: pasa de 8,4 billones en 2024 a 6,4 billones proyectados para 2027. Su participación dentro del presupuesto sectorial cae del 9,6% al 7,3%.
En salud ocurre una tendencia similar. Después de alcanzar 2,34 billones de inversión en 2026, la proyección para 2027 baja a 2,08 billones. La participación dentro de la inversión total pasa del 2,64% al 2,4%.
En Vivienda, Ciudad y Territorio la reducción es aún mayor: la inversión pasa de 5,8 billones en 2024 a 2,2 billones en 2027. Su participación en la inversión nacional cae del 6% al 2,5%.
Minas y Energía también registra una reducción significativa: el presupuesto total del sector cae un 44% frente a 2026. La inversión disminuye de 10 billones a 5,8 billones y su participación en el total de inversión pasa del 11,3% al 6,8%.
Estas cifras adquieren especial relevancia en un país que enfrenta necesidades de infraestructura, vivienda, salud, educación y recuperación territorial. La reducción de la inversión limita el margen disponible para nuevos proyectos y para la atención de necesidades acumuladas.
Defensa aumenta
Mientras varios sectores sociales registran reducciones en inversión, Defensa y Policía presentan un aumento considerable: la inversión pasa de 3,6 billones en 2026 a 6,4 billones proyectados para 2027.
La participación del sector dentro del presupuesto de inversión aumenta del 4,1% al 7,3%. El crecimiento convierte a Defensa en uno de los principales sectores beneficiados por la distribución de los recursos de inversión.
El contraste con sectores como vivienda, educación, salud y energía marca una de las principales características del proyecto presupuestal: una mayor proporción de los recursos disponibles se dirige al funcionamiento, al servicio de la deuda y a la seguridad, mientras disminuye el espacio para la inversión social y productiva.
La discusión presupuestal también coincide con la emergencia declarada tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, que produjo afectaciones en viviendas y establecimientos de salud en distintos departamentos.
En este contexto, la disminución de la inversión en vivienda y salud adquiere una dimensión adicional. La reconstrucción y recuperación de los territorios afectados requerirán recursos públicos, mientras el proyecto de presupuesto reduce precisamente algunas de las partidas destinadas a inversión en estos sectores.
La batalla política
El Gobierno deberá tramitar el presupuesto ante un Congreso en el que las bancadas han comenzado a expresar reparos sobre su composición. Aunque el Ejecutivo cuenta con mayorías en las cuatro comisiones económicas, existen diferencias sobre el monto y la distribución de los recursos.
Cambio Radical, partido de gobierno, ha planteado modificaciones a determinadas partidas. El Partido Liberal ha expresado dudas sobre el tamaño del presupuesto. Dentro del Partido Conservador, otro partido oficial, también han surgido reparos sobre la distribución. El Centro Democrático, que en agosto solicitó devolver el proyecto, ha reclamado información sobre las fuentes de financiación.
La senadora Sara Castellanos, presidenta de la Comisión Tercera y militante de Salvación Nacional, ha señalado que antes de respaldar el monto se debe conocer dónde se realizarán los ajustes y ha pedido que estos no recaigan sobre la inversión.
Por su parte, Fabio Arias principal dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, afirmó que la deuda la pagarán los pobres: “Nada aconsejaría este endeudamiento. La deuda, posteriormente, a corto, mediano y largo plazo, la pagarían los colombianos; y por lo que se agrega en las propuestas del abelardismo, las cargas serían trasladadas a las rentas de trabajo y a impuestos a la comida mediante incrementos del IVA, volviendo a la vieja propuesta de Duque y Carrasquilla, que conllevó al estallido social y que hoy animaría el vicepresidente José Manuel Restrepo, que también fue ministro de Hacienda del gobierno Duque”.
Desde el sector empresarial también existen advertencias. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha señalado que una reducción de la inversión productiva puede afectar la infraestructura, la productividad y la formación de capital humano.
El Gobierno enfrenta, además, una dificultad política: buena parte del crecimiento presupuestal está concentrado en rubros como deuda y funcionamiento, sobre los cuales el margen de modificación de los congresistas es muy limitado. La negociación política se concentra, por tanto, en las partidas de inversión y en la distribución sectorial.
La oposición
El Pacto Histórico, como principal fuerza de oposición al Gobierno De la Espriella, ha planteado defender los programas sociales y cuestionar la reducción de la inversión.
La senadora Aída Avella ha criticado el proyecto por la disminución de la inversión social y ha advertido sobre sus efectos en los sectores de menores ingresos. La posición del Pacto apunta a reducir el monto global del presupuesto y limitar su crecimiento al comportamiento esperado de la economía.
El debate legislativo tendrá como eje la distribución de los recursos públicos y el nivel de endeudamiento que asumirá el Estado durante 2027. El PGN presentado por el Gobierno establece una prioridad fiscal definida: 155,4 billones para atender el servicio de la deuda, 392,6 billones para funcionamiento y 86,9 billones para inversión.
Por ahora, las cifras muestran un presupuesto con mayor peso de la deuda y del funcionamiento, menor inversión en varios sectores sociales y un aumento significativo de los recursos destinados a Defensa y Policía.
Foto Senado de la República
7 de septiembre de 2026
Con información del Semanario Voz