El 15 de octubre el presidente De la Espriella visitó el Ministerio del Interior. Seis días después, despidió al titular de la cartera Rodrigo Lara. Foto Mininterior
La ley de presupuesto era el segundo reto importante del gobierno en lo que va de la legislatura. Ineficacia y falta de rigurosidad le costaron la cabeza al jefe de la cartera política. Sin reconocer la derrota, el vicepresidente anunció el decretazo.
Por: Daniel Rueda Arce
Eran las ocho de la noche del 21 de octubre. Después de un amargo resoplo, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara, se retiró del recinto del Senado de la República. Treinta y seis minutos después, por medio de su perfil de X, el presidente de nacionalidad estadounidense aclaró la causa del gesto: la renuncia forzosa del ministro de gobierno.
Por todos los medios se especuló sobre el origen de dicho movimiento; todos los signos apuntaron a las negligencias del gobierno al sacar adelante el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación.
El presupuesto que quedó
El 18 de octubre aún no había ley de presupuesto. Esta ley clave para el gobierno establece los ingresos y gastos del siguiente año, entre ellos los gastos en materia de inversión social: la promesa incumplida de la actual Constitución. Solo hasta las once de la noche del mismo día el Senado aprobó el articulado de la iniciativa; lo propio hizo la Cámara el 19 de octubre, pero a las tres de la mañana.
Ni los funcionarios del gobierno, en cabeza de los ministros de Hacienda e Interior, ni la bancada de gobierno notaron que los textos aprobados en las cámaras legislativas eran diferentes: el artículo 65 del Senado era distinto al aprobado en la Cámara. Esta disparidad obligaba a conciliar los textos, los cuales debían ser votados en cada Cámara. El gobierno se quedó sin tiempo y dicha votación nunca se dio en los plazos habilitados por la ley.
El Estatuto Orgánico del Presupuesto es taxativo: el Congreso tiene hasta el 20 de octubre a medianoche para aprobar el articulado en segundo debate de forma concurrente en ambas cámaras. La suerte ya estaba echada. El 22 de octubre se anunció: el gobierno decretaría el presupuesto.
Los errores del gobierno en el trámite de la ley de presupuesto le costaron la cabeza a Lara y al equipo legislativo del Ministerio de Hacienda. Con razón dijo el exministro: ¡al caído caerle!
Lo malo
Por medio del Decreto 1599 de 2026 se fijó el presupuesto de rentas y capital y el presupuesto de gastos para 2027; con esta norma pierden las clases populares. Las reducciones son significativas en salud, educación, subsidios en energía y gas, así como en materia de inversión regional. El articulado decretado tiene un ánimo claro: socializar el déficit.
El señor De la Espriella anunció el recorte de 13,4 billones como parte de su programa de austeridad; la gran noticia es un ajuste fiscal en toda regla, un recorte de derechos. Se decretaron tres billones menos en funcionamiento y 6,8 billones menos en contratación, lo que significa pérdida de capacidad para el Estado. Es imposible garantizar el derecho a la salud si solo se invierte en la infraestructura y no en los funcionarios públicos que prestan el servicio a la comunidad. Nos mean y los diarios dicen que llueve.
En materia de salud, la potencial ley de presupuesto avalaba un aumento de tres billones más para inversión en salud y reducía el mismo monto al servicio a la deuda del Ministerio de Hacienda.
En relación con la vigencia 2026, el decreto reduce 607.000 millones de inversión en educación, lo cual incumple con la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de acuerdo con la nueva regla de financiamiento de la educación superior.
El sector de minas y energía deja sin cobertura de subsidio a los estratos uno y dos porque reduce la inversión en 4.19 billones en relación con el presupuesto vigente.
Otro de los asuntos nodales son las diferencias de inversión entre 2026 y 2027 en el denominado presupuesto regionalizado. En departamentos como Atlántico disminuyó la inversión en $556.187 millones; en Antioquia dicha reducción fue de $536.064 millones, y en Bolívar, el gasto social descendió $439.921 millones. Estas disminuciones contrastan con una disminución global de $620.473 millones entre ambas vigencias.
Lo bueno
Entre las proposiciones avaladas en el segundo debate, las cuales hubiesen quedado plasmadas en la ley de presupuesto, se incluía una disminución de 111.400 millones de la Jurisdicción Especial para la Paz, dirigidas a robustecer la inversión en la Rama Judicial y en el Ministerio de Defensa Nacional. Con el decreto no quedó incluida esta reducción significativa del alto tribunal para la paz.
Asimismo, no se redujeron los 500.000 millones de inversión en el SENA que fueron aprobados en la ponencia para segundo debate, y el gobierno se vio obligado a aceptar el aumento que se había acordado entre la comunidad educativa de esa institución y el Ministerio del Trabajo.
Por su parte, el incremento de 100.000 millones para inversión en el Congreso de la República no se concretó, lo cual hubiese representado un aumento en la burocracia para los partidos de gobierno en la principal corporación pública del país.
Un paso adelante, dos pasos atrás
La ley de presupuesto era el segundo reto importante del gobierno en lo que va de la legislatura. Era la prueba de fuego para saber si la coalición de gobierno era eficaz en la acción legislativa o era mera retórica.
En esta oportunidad no fue por una equivocación de ningún legislador, sino la ineficacia en la gestión y rigurosidad del gobierno en la aprobación de la norma que le habilitaría su política de gasto. Su trámite ya costó varias cabezas: ¿qué les deparará a las otras carteras si la negligencia sigue siendo la regla?
El nuevo gobierno no está liderado por los más técnicos; su composición está regida por el fundamentalismo religioso y la sumisión a la agenda de injerencia de Estados Unidos.
Este pequeño escollado –o escoño– en una de las principales leyes del país no es un asunto menor, sino la consecuencia de una política evidente: concentrar las decisiones importantes en el Ejecutivo, al mejor estilo del Führer.
Cueste lo que cueste, buscarán legitimar sus decisiones en las facultades presidenciales que establece el orden constitucional. No importa cuántos pasos atrás den.
29 de octubre 2026
Con información del Semanario Voz