Por: La concejala Heidy Sánchez Barreto
El aumento del salario mínimo para 2026, impulsado por el Gobierno nacional, volvió a poner en evidencia una discusión de fondo sobre el modelo económico colombiano. Mientras algunos sectores insistieron en advertir supuestos riesgos para el empleo, la evidencia reciente y debates como el que hoy se desarrolla en Bogotá muestran que mejorar el ingreso de los trabajadores no solo es un mandato constitucional, sino también una condición para dinamizar la economía y avanzar hacia una distribución más justa de la riqueza.
La fijación del salario mínimo para el año 2026, establecida mediante el Decreto 1469 de 2025 del Gobierno nacional en $1.750.905 pesos (equivalente a un incremento cercano al 23,7 % frente al año anterior) puso nuevamente en el centro del debate público una discusión que trasciende lo técnico: la supuesta contradicción entre el aumento del salario mínimo y la conservación del empleo en Colombia. En este contexto, diversos sectores económicos y políticos han intentado desacreditar la medida mediante argumentos alarmistas que no se corresponden con la realidad económica reciente del país.
La presión ejercida por algunos gremios empresariales y voceros económicos escaló el debate hasta los estrados judiciales. Como resultado, el Consejo de Estado, mediante auto del 12 de febrero de 2026, suspendió provisionalmente los efectos del decreto y ordenó al Gobierno expedir uno nuevo con una justificación económico-jurídica más detallada. La decisión se sustentó en la necesidad de acreditar con mayor precisión el cumplimiento de los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996, que exige considerar variables como productividad, inflación y crecimiento económico en la fijación del salario mínimo.
No obstante, es importante señalar que la suspensión no se fundamentó en las advertencias sobre supuesta destrucción del empleo, aumento de la informalidad, presiones inflacionarias o riesgos para la sostenibilidad empresarial. Se trató de un asunto jurídico susceptible de subsanación. Sin embargo, la reacción de estos sectores revela un debate más profundo y es la persistente resistencia de ciertos sectores económicos y políticos a discutir seriamente la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Más allá del aspecto jurídico, este episodio pone en evidencia un problema estructural del modelo económico colombiano, pues durante décadas, amplios sectores de la economía han sostenido su competitividad sobre esquemas laborales precarizados y sobre la reducción del costo del trabajo como principal estrategia de ajuste. Esta lógica ha contribuido a ampliar las brechas de desigualdad, pero paradójicamente, varios de los sectores que anticipaban una crisis económica tras el aumento salarial terminaron defendiendo el incremento cuando el decreto fue suspendido.
Si realmente se quiere analizar el impacto del salario mínimo en la economía, el debate debe darse con datos y contexto, pues cuando se proponen medidas orientadas a mejorar el ingreso laboral, estas suelen presentarse como amenazas macroeconómicas, sin que se sustenten las razones técnicas de ello, sino con base en encuestas de percepción. No obstante, la evidencia histórica muestra que las economías con mejores niveles salariales tienden a registrar mayores niveles de productividad, estabilidad económica y crecimiento sostenido. En Colombia, por ejemplo, tras la implementación del aumento del salario mínimo en enero de 2026, la tasa de desempleo descendió al 10,9%, frente al 11,6% registrado en enero de 2025, mientras que la tasa de ocupación se mantuvo en 56,7%. A su vez, el PIB registró un crecimiento del 2,6 %, superior en 1,2 puntos porcentuales al del año anterior.
Asimismo, durante el Gobierno se han aprobado aumentos salariales significativos, acompañados por advertencias recurrentes sobre supuestos efectos negativos en el empleo, la inflación o la formalización laboral. Sin embargo, dichas predicciones no se materializaron, por el contrario, la tasa de desempleo nacional alcanzó cerca del 8,9% en 2025, una de las cifras más bajas desde 2001, mientras que la inflación anual cerró alrededor del 5,1%, manteniendo una tendencia de desaceleración frente a los picos inflacionarios posteriores a la pandemia.
En ese mismo periodo, se fortalecieron sectores estratégicos como el agrícola mostrando un desempeño favorable, contribuyendo a la reducción de los precios de los alimentos y a la estabilización del costo de vida. Estos resultados evidencian que los incrementos salariales no generaron los efectos negativos generalizados que algunos sectores anticipaban.
Lo anterior demuestra que los resultados económicos no dependen exclusivamente del salario mínimo, sino del conjunto de políticas públicas que acompañan las decisiones económicas. Fenómenos como la inflación, las tasas de interés, la informalidad o los niveles de empleo no pueden evaluarse en el transcurso de un solo mes, como han pretendido algunos sectores. Atribuir efectos inmediatos al incremento salarial desconoce los tiempos reales en los que operan las dinámicas económicas.
Además, si bien existen bienes y servicios indexados al salario mínimo, la solución no consiste en frenar los aumentos salariales, sino en acompañarlos con políticas públicas que permitan que sus beneficios se traduzcan plenamente en mejores condiciones de vida. Un trabajador mejor remunerado incrementa su capacidad de consumo y productividad, lo que también dinamiza la actividad económica.
En este contexto, el Decreto transitorio 0159 del 19 de febrero de 2026 reafirmó la decisión previamente adoptada por el Gobierno nacional de fijar un salario vital. En la nueva motivación jurídica se explica que las variables económicas previstas en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996 proyectaban un incremento cercano al 13,6%. No obstante, el Gobierno sostuvo que la decisión debía armonizar dichas variables con el mandato constitucional contenido en el artículo 53 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de los trabajadores a un salario mínimo vital y móvil.
Por esta razón, el debate no puede reducirse a una falsa confrontación entre salario digno y empleo. Con frecuencia se afirma que los incrementos salariales incentivan la informalidad o ponen en riesgo a las micro y pequeñas empresas, pero estas afirmaciones desconocen que las causas estructurales de la informalidad se encuentran principalmente en factores como la baja productividad empresarial, las dificultades de acceso al financiamiento, la limitada innovación tecnológica y la escasa capacidad de expansión de muchas unidades productivas.
Desde una perspectiva territorial, el debate adquiere especial relevancia en ciudades como Bogotá, donde la economía depende en gran medida del consumo interno y del dinamismo de los sectores productivos locales. Un incremento del ingreso laboral no solo mejora el bienestar de los trabajadores, sino que también fortalece la demanda de bienes y servicios, dinamiza el comercio e incentiva la producción, beneficiando particularmente a pequeñas y medianas empresas que dependen directamente de la capacidad adquisitiva de la población.
En este contexto, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció el programa “Salvavidas al Empleo”, liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico, que busca beneficiar a cerca de 10.000 trabajadores de micro y pequeñas empresas en Bogotá con el propósito de mitigar el impacto del aumento del salario mínimo. Se trata de una iniciativa positiva para el desarrollo económico de la ciudad, que incluso pudo haberse implementado con mayor anticipación y alcance, pero que hoy se presenta en medio de una evidente oposición al Gobierno nacional.
Este tipo de iniciativas no deben presentarse como contrarias al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores ni reforzar la idea de que el aumento del salario mínimo destruye empleo, quiebra empresas o dispara los precios. La evidencia reciente sugiere lo contrario, cuando se fortalecen los sectores productivos y aumenta la capacidad adquisitiva de la población, se amplía la demanda, se incentiva la producción y se generan nuevas oportunidades de empleo.
Defender el salario mínimo no es una postura ideológica aislada. Es reconocer que el crecimiento económico solo es sostenible cuando sus beneficios se distribuyen de manera más equilibrada y cuando el trabajo digno ocupa un lugar central en la política económica. La controversia generada por la medida cautelar no debe interpretarse únicamente como una disputa jurídica sobre la validez de un decreto, sino como una oportunidad para abrir una discusión más amplia sobre el rumbo del modelo económico y el papel del trabajo en la construcción de una sociedad más equitativa.
En conclusión, lo que hoy está en discusión no es simplemente un porcentaje de incremento salarial, sino el rumbo del modelo laboral y económico en Colombia. Defender el salario vital implica reafirmar el mandato constitucional de dignidad, progresividad y trabajo decente. El verdadero desafío no radica en la ausencia de fundamentos económicos, sino en la resistencia estructural de ciertos sectores del poder económico a aceptar que el crecimiento debe distribuirse de manera más equitativa.
Con información del Semanario Voz