María Eugenia Londoño. Foto Sara Zapata
La senadora del Partido Comunista Colombiano–Pacto Histórico habló con VOZ sobre esta nueva etapa en el Parlamento, la anunciada agenda regresiva en el sector educación y la defensa de la reforma agraria, entre otros temas.
Por: Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
El Pacto Histórico es la principal fuerza política del país con 26 curules en el Senado y 41 en la Cámara de Representantes. Ante el regreso de la extrema derecha al Poder Ejecutivo, el partido que fue gobierno con Gustavo Petro ya anunció que ejercerá la oposición política y social desde el Congreso de la República.
Dentro de esta robusta bancada de la izquierda democrática, que combina veteranía y nuevos liderazgos, estrena curul en el Senado la maestra, dirigente sindical y militante comunista, María Eugenia Londoño. VOZ habló con ella sobre esta nueva legislatura.
Defender las reformas y la Constitución
¿Cómo se ha sentido como senadora de la República?
Asumo esta responsabilidad con serenidad, convicción y un profundo sentido del deber histórico. Es el retorno del Partido Comunista Colombiano como tendencia del Pacto Histórico al legislativo. Llegar al Senado no representa para mí una distinción personal, sino la posibilidad de llevar al Congreso las luchas de la clase trabajadora, del magisterio, del campesinado, de las mujeres, de la juventud y de las comunidades que durante décadas han defendido sus derechos desde los territorios.
¿Cómo se encuentra la bancada frente a este escenario que significa la presidencia de la extrema derecha?
La moral de nuestra bancada está en alto: hoy más que nunca comprendemos la importancia y la responsabilidad que implica mantener la unidad. No desconocemos la correlación de fuerzas, pero tampoco aceptamos la idea de que el resultado electoral otorgue un cheque en blanco para desmontar derechos, perseguir a la oposición o desconocer la Constitución.
El Pacto Histórico debe actuar como una oposición democrática, rigurosa y organizada. Eso significa ejercer control político, vigilar el presupuesto, presentar alternativas legislativas, defender las reformas sociales, profundizarlas y construir puentes permanentes con las organizaciones populares. Ese mandato será nuestra guía.
Mi tarea será contribuir a que la bancada combine movilización social, solvencia técnica, unidad política y presencia territorial.
La primera discusión parlamentaria ha sido la posible posesión presidencial en una guarnición militar en Cali. ¿Por qué el Pacto, además de oponerse, ha dicho que no asistirá?
Lo primero que debemos resaltar es que nuestra disposición por el trabajo en los territorios es indeclinable. Nuestra oposición a dicho acto no es contra Cali, la capital de la resistencia; lo que cuestionamos es la pretensión de convertir una guarnición militar en el escenario simbólico de investidura del poder civil.
Nuestra interpretación política es que realizar la posesión en una guarnición militar transmite una idea equivocada sobre el origen del poder. En una democracia, la legitimidad no proviene de las armas, sino de la soberanía popular y de la Constitución. Las Fuerzas Militares están subordinadas al poder civil, no son quienes invisten al jefe del Estado.
Nuestra decisión de no asistir, si se insiste en esa modalidad, constituye una objeción política y constitucional frente a la militarización de un acto republicano.
Educación como derecho y al servicio del pueblo
La nueva ministra de Educación ha dicho que se debe “sacar a Marx de la educación”. Usted, como profesora, dirigente sindical y militante comunista, ¿qué le responde?
Durante décadas, el modelo de acumulación neoliberal ha pretendido deslegitimar la labor docente y ha intentado desestimar la organización sindical, esto como ruta segura a la privatización, mercantilización e instrumentalización del sistema educativo.
Sin embargo, tal proyecto ha sido confrontado y contrarrestado por el magisterio, Fecode y sus filiales. La afirmación de que hay que “sacar a Marx de la educación y meter a Dios”, en el fondo, es la satanización de la acción pedagógica que, sin duda, tiene un alcance y potencial transformador de las causas estructurales de desigualdad en todo el territorio nacional.
Además, constituye una declaración política que estigmatiza el fundamento ideológico de las fuerzas revolucionarias y organizaciones políticas reconocidas por el orden constitucional colombiano. Esto pretende presentar al marxismo como una amenaza para la sociedad, mientras se intenta imponer desde el Estado una visión religiosa particular sobre el conjunto de la educación.
¿Por qué la educación crítica es tan peligrosa para la extrema derecha?
El objetivo real no es mejorar los procesos pedagógicos, sino debilitar al magisterio organizado, limitar la libertad de pensamiento y eliminar de la escuela las herramientas que permiten comprender críticamente la desigualdad social.
Respetamos profundamente las creencias de las familias, de las maestras, de los maestros y de los estudiantes. Pero una cosa es garantizar la libertad religiosa y otra muy distinta, utilizar el Ministerio de Educación para imponer un proyecto político conservador y retardatario.
Desde el Congreso ejerceremos control político frente a cualquier intento de censura ideológica y trabajaremos por una educación como derecho, universal, laica, científica y al servicio del pueblo, formando ciudadanas y ciudadanos capaces de conocer, debatir y transformar conscientemente su realidad.
El debate de la “fórmula”
¿Cómo analiza el anuncio de revisar financieramente “la fórmula de la educación”?
El gobierno de De la Espriella debe explicar con absoluta precisión qué quiere modificar, cómo lo financiará y qué consecuencias tendrá para la población. No aceptaremos expresiones ambiguas que puedan ocultar recortes presupuestales, endeudamiento estudiantil, privatización, bonos educativos o traslado de recursos públicos hacia operadores privados.
Durante el Gobierno Petro se consolidó la política de gratuidad “Puedo Estudiar” y se ampliaron las medidas para eliminar barreras económicas. Son avances verificables que deben preservarse y profundizarse.
Puntualmente, desde el Congreso, ¿cuál es la estrategia para preservar las banderas educativas del Gobierno Petro?
Nuestra posición será defender la financiación pública directa de las instituciones educativas. La experiencia demuestra que financiar principalmente la demanda mediante créditos o subsidios individuales favorece la mercantilización, mientras que fortalecer la oferta permite ampliar capacidad, planta docente, bienestar, investigación e infraestructura.
Promoveremos una reforma estructural de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, garantizando en el marco de los avances alcanzados en el Gobierno del cambio, recursos suficientes para universidades públicas, ampliación de la gratuidad, fortalecimiento del SENA, inversión en educación rural y financiación digna para preescolar, básica y media. Toda reforma deberá respetar la autonomía universitaria y construirse con estudiantes, docentes y trabajadores.
Prioridades parlamentarias
Usted también ha dicho que será una defensora de la reforma agraria. ¿Cómo evitar una contrarreforma en este sector?
La tarea será defender lo ganado y evitar que la reforma agraria sea desmontada silenciosamente mediante recortes presupuestales, parálisis administrativa o debilitamiento institucional. Una contrarreforma no siempre se presenta como una ley que devuelve las tierras a los terratenientes; también puede avanzar cuando se dejan de comprar predios, se congelan las adjudicaciones, se frenan los procesos agrarios, se abandonan los proyectos productivos o se reducen los recursos de las entidades responsables.
El Gobierno de Gustavo Petro dejó avances concretos: más de 806 mil hectáreas incorporadas al Fondo de Tierras, cerca de 351 mil hectáreas entregadas, más de 2,2 millones de hectáreas formalizadas, la recuperación de tierras públicas ocupadas indebidamente, el reconocimiento de territorios étnicos y la constitución de nuevas Zonas de Reserva Campesina.
No afirmamos que la deuda agraria esté resuelta. La entrega efectiva de tierras quedó por debajo de las metas propuestas y muchas familias todavía necesitan crédito, infraestructura, agua, asistencia técnica, comercialización y garantías de seguridad. Pero existe una base institucional, jurídica y organizativa que debemos proteger y profundizar.
Además de la educación y la reforma agraria, ¿cuáles serán sus otras prioridades parlamentarias?
Una prioridad central será la defensa de los derechos laborales y sindicales. Trabajaremos por la aplicación plena de la reforma laboral, la formalización del empleo, el respeto a la negociación colectiva, la protección de quienes trabajan en plataformas digitales y la superación de la precarización.
Defenderemos la paz con justicia social, el cumplimiento integral del Acuerdo de 2016, la protección de líderes sociales, la búsqueda de las personas desaparecidas y las soluciones políticas al conflicto. La seguridad no puede reducirse a militarización, cárceles y represión: requiere derechos, presencia civil del Estado, oportunidades para la juventud y transformación de las condiciones que reproducen la violencia.
También serán prioritarias la defensa del sistema público de salud, las pensiones, los derechos de las mujeres, la economía del cuidado, la igualdad salarial y la lucha contra las violencias basadas en género. Promoveremos los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la protección ambiental, la transición energética justa, la defensa del agua y la prohibición de prácticas extractivas que destruyan territorios y comunidades.
Resistencia contra la estigmatización
Sobre la anunciada política exterior alineada al “Escudo de las Américas”, ¿cuál será la posición?
Por supuesto. En materia internacional defenderemos la soberanía nacional, la integración latinoamericana, la autodeterminación de los pueblos y una política exterior de paz. Colombia no debe subordinar sus decisiones a intereses militares, económicos o geopolíticos extranjeros e imperialistas.
Salvación Nacional impulsará un proyecto de ley sobre una “Semana Anticomunista”. ¿Qué opinión le genera y qué responde a sus promotores?
Es preciso aclarar que no hay un texto oficialmente radicado o publicado; sin embargo, su solo anuncio debe encender las alarmas. El Estado no puede convertir la estigmatización de una fuerza política viva –que ha marcado la historia en la consecución de los derechos del pueblo– en política pública.
El anticomunismo ha sido empleado para señalar a sindicalistas, campesinos, estudiantes, defensores de derechos humanos y militantes de izquierda como enemigos internos. Convertir esa estigmatización en contenido obligatorio profundizaría la intolerancia y la legitimación de nuevas formas de persecución y exterminio.
Quienes militamos en el Partido Comunista Colombiano participamos en la vida democrática, nos sometemos a la Constitución y buscamos una sociedad donde la riqueza producida colectivamente esté al servicio del bienestar general. Se pueden controvertir nuestras ideas, como nosotros controvertimos el neoliberalismo y el capitalismo, pero nuestra expresión política de ninguna manera debe ser proscrita.
En el Congreso solicitaremos que cualquier iniciativa de esta naturaleza sea archivada. Por el contrario, fortaleceremos la enseñanza de la historia política, de la Constitución, de los movimientos obreros, campesinos y de mujeres, de la violencia contra la oposición, contra las organizaciones políticas revolucionarias y de las luchas democráticas del pueblo colombiano.
Unidad y democracia
¿Cuál es su principal compromiso como senadora de la República?
Debemos comprender que ninguna curul sustituye la organización popular. Mi compromiso es mantener un diálogo permanente con los territorios, las organizaciones sindicales, las comunidades y la militancia. Bajo un gobierno adverso, el pueblo conserva su capacidad de organizarse, resistir y abrir nuevos caminos de transformación.
Nuestra tarea será defender lo logrado, impedir la regresión y preparar democráticamente una nueva etapa de cambios. Con unidad, formación política, movilización y esperanza organizada, seguiremos luchando por una Colombia soberana, en paz y con justicia social.
¿Cuál es el mensaje ante esta nueva tarea como senadora del Pacto Histórico y del Partido Comunista?
A las lectoras y los lectores de Voz quiero decirles que esta curul le pertenece a una historia colectiva de organización, sacrificio y lucha. Llegamos al Congreso en una etapa compleja. Se anuncia un proyecto orientado a restaurar privilegios, debilitar derechos y contener mediante el autoritarismo las aspiraciones de cambio del pueblo colombiano.
Nuestra respuesta debe ser unitaria, organizada y profundamente democrática. Defenderemos cada conquista social, denunciaremos los abusos de poder y construiremos alternativas. No permitiremos que se gobierne mediante el miedo, la estigmatización o el odio contra quienes piensan diferente.
29 de julio de 2026
Con información del Semanario Voz