Acto de reconocimiento del Estado en el genocidio contra el PCC y la UP. Foto Andrea Puentes, Presidencia de la República
Después de décadas de denuncias hechas por víctimas y organizaciones de derechos humanos, la Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que el exterminio de la colectividad no fue una suma aislada de crímenes, sino una práctica sistemática dirigida a destruir un proyecto político
Por: Rubiel Vargas Quintero
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, profirió el Auto 010 de 2025, una de las decisiones judiciales más significativas en torno al exterminio en contra de la Unión Patriótica.
A lo largo de más de 600 páginas, la decisión concluye que existen fundamentos suficientes para establecer que agentes estatales, en articulación con estructuras paramilitares, participaron en un plan criminal sistemático dirigido al aniquilamiento de la UP como organización política, en el marco de una estrategia de eliminación contra sus militantes, dirigentes y bases sociales.
Genocidio político
La decisión se enmarca en el Caso 06, que investiga los crímenes cometidos contra militantes, dirigentes y simpatizantes de la UP. Por primera vez, la Sala califica judicialmente estos hechos como genocidio político, además de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El auto se concentra especialmente en la actuación de miembros de la Primera División del Ejército Nacional, la Brigada XVII y el Batallón de Infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez, BIVEL, quienes, según la investigación, habrían actuado coordinadamente con grupos paramilitares en la región de Urabá, particularmente en Apartadó, durante 1996.
La JEP sostuvo que la violencia política contra la UP fue “masiva, continua y extendida”. De acuerdo con la investigación, entre 1984 y 2016 al menos 8.929 personas fueron víctimas del ataque contra este movimiento político. De ellas, 5.729 fueron productos de homicidios, desapariciones forzadas y más de 3.200 sufrieron otras formas de violencia, como amenazas, torturas, desplazamientos forzados y judicializaciones arbitrarias.
La Sala documentó que el exterminio no se dirigió únicamente contra dirigentes nacionales, sino también contra líderes sindicales, campesinos, estudiantes, concejales, alcaldes y militantes de base. Según el expediente, fueron asesinados 165 concejales, 17 alcaldes, 14 diputados, seis congresistas y dos candidatos presidenciales de la UP.
Estigmatización y connivencia
Uno de los hallazgos centrales del auto es la confirmación de que la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político” de las antiguas FARC-EP fue utilizada para justificar el genocidio político. La Sala encontró documentos militares, informes de inteligencia y listados de militantes identificados como “UP-FARC”.
Entre las pruebas citadas aparecen archivos de inteligencia militar de la Brigada XX y la Brigada XVII, que incluían seguimientos, perfiles y datos personales de dirigentes de la UP y el Partido Comunista Colombiano, PCC. Uno de esos listados contenía más de 2.600 nombres de militantes y líderes políticos. Según la JEP, al menos 235 personas incluidas allí fueron posteriormente victimizadas.
La investigación también concluyó que existió una política contrainsurgente que permitió la consolidación paramilitar en Urabá y facilitó el ataque sistemático contra la UP. La Sala afirma que los grupos paramilitares fueron vistos como aliados dentro de la estrategia contrainsurgente y no como enemigos.
Urabá y el daño a la democracia
El caso de Apartadó fue tomado como caso representativo del aniquilamiento. Allí la UP había logrado consolidarse como fuerza política dominante durante una década. La persecución alcanzó tal nivel que en 1996 fue destruida toda la representación política del movimiento en el municipio. Los concejales fueron asesinados, amenazados o forzados al exilio, hasta desaparecer completamente del escenario político local, lo que terminó abriendo el espacio político a los partidos tradicionales.
La Sala describió tres modalidades del patrón criminal: homicidios y desplazamientos de campesinos y sindicalistas; homicidios selectivos de líderes políticos y comunitarios, y masacres contra territorios identificados con la presencia de la UP.
Uno de los hechos más graves reseñados fue la masacre de Balsamar, ocurrida el 7 de septiembre de 1996 en San José de Apartadó. Según el auto, militares y paramilitares asesinaron a cuatro integrantes de la cooperativa Balsamar, entre ellos un concejal de la UP y líderes comunitarios.
La JEP advirtió que el aniquilamiento de la UP produjo un daño profundo a la democracia colombiana. La destrucción del partido significó la eliminación de una alternativa política de izquierda que representaba a sectores históricamente excluidos y movimientos sociales en distintas regiones del país.
Como parte de esta decisión, la Sala llamó a cinco altos mandos militares retirados para que reconozcan o nieguen su responsabilidad en los hechos. Entre ellos se encuentran el excomandante de la Brigada XVII, general (r) Rito Alejo del Río Rojas, y el excomandante de la Primera División del Ejército, Iván Ramírez Quintero.
Narrativa contrainsurgente
La decisión marca un punto de inflexión en la búsqueda de verdad sobre uno de los episodios más violentos de la historia política reciente de Colombia. Después de décadas de denuncias de víctimas y organizaciones de derechos humanos, la JEP concluyó que el exterminio de la Unión Patriótica no fue una suma aislada de crímenes, sino una política sistemática dirigida a destruir un proyecto político completo.
El Auto 010 de 2025 de la JEP reconoce que el Partido Comunista Colombiano y la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, desempeñaron un papel central en la construcción política y organizativa de la Unión Patriótica, especialmente en regiones como Urabá, Magdalena Medio, Ariari-Guayabero y Sumapaz.
La Sala señala que gran parte del tejido organizativo de la UP provenía del acumulado histórico del PCC, su presencia en sindicatos agrarios, cooperativas y procesos urbanos de vivienda impulsados a través de organizaciones como Cenaprov.
En este contexto, la JEP concluye que la estigmatización contra la UP también recayó sobre el PCC y la JUCO, cuyos militantes y liderazgos fueron señalados sistemáticamente como parte de una supuesta estructura política de las FARC-EP.
La providencia evidencia que esta narrativa contrainsurgente convirtió tanto al PCC como a la JUCO en objetivos de aniquilamiento político, inteligencia militar, judicializaciones arbitrarias, homicidios y desapariciones forzadas, dentro de una estrategia orientada a destruir no solo a la UP como partido, sino también las bases sociales y organizativas de la izquierda colombiana, lo cual produjo un gran daño a la democracia del país.
Con información del Semanario Voz