Luisa González fue dos veces candidata presidencial por el correísmo y asambleísta nacional de Ecuador. Foto licencia Creative Commons
El gobierno ecuatoriano ha acudido a una de las estrategias predilectas de la derecha en los últimos años: desvirtuar la separación de poderes públicos y usar falsas acusaciones en los tribunales de justicia para neutralizar a los opositores políticos.
Por: Paula Daza
La noticia de la detención de Luisa González, quien por dos ocasiones ha sido candidata a la presidencia del país, llega a un mes de las elecciones en las que se elegirán alcaldes, concejales y gobernadores, y en medio de un pulso político que seguramente perderá el presidente Daniel Noboa, considerando los bajos niveles de aceptación con los que cuenta.
La captura se hizo siguiendo una orden judicial que la privó de la libertad usando el argumento de un supuesto caso de lavado de activos asociado a la campaña presidencial de hace tres años; campaña que fue auditada y aprobada por el Consejo Nacional Electoral, donde se había otorgado el visto bueno al informe de gastos. Sorprenden, entonces, las razones jurídicas que sustentan esa resolución judicial.
Persecución de alto nivel
Pero este hecho no es un elemento aislado, sino que hace parte del abanico de estrategias usadas por el gobierno de Daniel Noboa para tratar de controlar a sus opositores políticos. Así, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lleva aproximadamente ocho meses y medio detenido, desde el 11 de febrero de 2026, cuando se dictó prisión preventiva en su contra en el marco de investigaciones por presuntos delitos financieros y de hidrocarburos. Álvarez era una voz molesta para Noboa, que desde la alcaldía cuestionaba las acciones del gobierno presidencial.
Asimismo, recientemente fue allanado el despacho del actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acusado de tramitar supuestos contratos irregulares. La persecución ha sido de alto nivel y contra autoridades elegidas en una elección democrática.
Ante la ausencia de resultados efectivos en temas económicos y sociales, y sobre todo ante el incumplimiento de la principal promesa electoral de la reelección de Noboa –el control de la delincuencia y la victoria de la guerra contra el narcotráfico–, la caída de la popularidad del presidente ha sido estrepitosa.
Aunque Noboa había resistido a las críticas de su gobierno gracias al blindaje de los medios de comunicación, su autoridad está siendo cuestionada y ya nada le permite disimular su desastrosa gestión.
Elecciones sin la oposición
Estas elecciones primarias pueden vislumbrarse como un fracaso electoral para Acción Democrática Nacional, el partido del presidente, que pese a la ventaja que le puede ofrecer estar en el gobierno su deslegitimación política y administrativa parece inevitable.
Sin resultados, el gobierno ecuatoriano ha acudido a una de las estrategias predilectas de la derecha enlos últimos años: desvirtuar la separación de poderes públicos y usar falsas acusaciones en los tribunales de justicia para neutralizar a los opositores políticos. Detrás de la detención de Luisa González se revela una manera de deslegitimar a una de las figuras más destacadas de la oposición a Noboa: el Movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Ya el 3 de marzo de 2026, Joaquín Viteri, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), suspendió por nueve meses al Movimiento Revolución Ciudadana (RC) tras la denuncia del fiscal general, Leonardo Alarcón. Esto debido al caso “Caja Chica”, por el que se investiga por delincuencia organizada al expresidente Rafael Correa, a la excandidata Luisa González y a otros integrantes de la RC por un caso infundado de financiamiento ilícito de la campaña electoral presidencial de 2023.
Revolución Ciudadana denunció esto como un acto para dejarlos fuera de las elecciones, situación que se agravó cuando a finales del mes de marzo las jsutas fueron adelantadas sin razón aparente para el 29 de noviembre. Inicialmente, la contienda electoral estaba programada para febrero del 2027. De nuevo, ante el acelerado desprestigio político de Noboa, usando a un CNE cooptado, decidieron de manera arbitraria modificar los calendarios electorales.
Crece la indignación
Públicamente, solo los medios independientes han resaltado la injusticia de la detención de González. Es así como se empieza a percibir un sordo rumor dentro de la ciudadanía, un creciente malestar que podría encender la lucha en las calles.
Recordemos que el mayor músculo de movilización en el Ecuador lo siguen teniendo las organizaciones indígenas y campesinas, que por tensiones internas no han logrado articular una movilización nacional que pudiera poner en jaque al gobierno de Noboa.
También hay que considerar que, ante la excesiva violencia con la que el gobierno nacional ha respondido a las protestas callejeras y del mismo uso de encarcelamiento, basados en falsos procesos judiciales, la gente se mantiene cautelosa.
Pese a ello, crece la indignación por el irrespeto a los principios constitucionales y democráticos que ordenan el funcionamiento de la República del Ecuador. Asimismo, aumentan las crecientes denuncias sobre la manipulación del algoritmo en las redes sociales y la forma en que los gobiernos de derecha en América Latina han ganado las elecciones en los últimos años usando granjas de bots que, bajo discursos de odio, distorsionan la opinión pública.
Las organizaciones sociales y la ciudadanía en general señalan como muy peligrosas las detenciones arbitrarias que han estado sufriendo los líderes políticos locales y nacionales. Estas acciones merecen la atención de los organismos de control internacionales, que ante hechos tan graves como lo sucedido con Luisa González mantienen un silencio cómplice que avala el desmoronamiento de la democracia.
2 de noviembre de 2026
Con información del Semanario Voz