Uno de los avances más significativos para garantizar la autonomía en la producción de alimentos, las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, está amenazada por el nuevo Gobierno, que defiende los intereses privados
Por: Hernán Camacho
Colombia se está quedando sin tierra para sembrar. Los suelos de clase I, los más valiosos para cultivar alimentos por reunir condiciones excepcionales, ya no existen en el país. Los de clase II representan el 0,42 % del territorio nacional y los de clase III apenas son el 2,44 %. En total, menos del 3 % de la superficie del país conserva las mejores condiciones para la producción de alimentos.
Esta pérdida no es reciente. Es el resultado de décadas de expansión urbana, minería, deforestación y concentración de la tierra. El crecimiento de las ciudades ha devorado los suelos más productivos. La minería legal e ilegal ha destruido miles de hectáreas de manera irreversible. La deforestación avanza sin control en regiones estratégicas. Y la concentración de la tierra, uno de los problemas estructurales más graves del país, sigue siendo un obstáculo para el desarrollo rural.
Fundamento constitucional
Frente a este escenario, el gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Agricultura, por entonces en cabeza de Martha Carvajalino, implementó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, una política que protege actualmente 998 575 hectáreas en 59 municipios. Sin embargo, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ha anunciado su derogación.
La decisión no es un simple ajuste administrativo. Es una declaración de principios que revela el modelo de desarrollo que la nueva administración quiere imponer: uno que privilegia la inversión de los grandes capitales y la explotación de los recursos naturales por encima de la protección del campesinado y la soberanía alimentaria del país.
Las APPA están fundamentadas en los artículos 64 y 65 de la Constitución, que obligan al Estado a promover el acceso progresivo a la tierra, proteger al campesinado y otorgar una protección preferente a la producción de alimentos.
La figura fue incorporada mediante el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que modificó el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Cuando el Ministerio de Agricultura declara una zona como APPA, los municipios deben incorporar esa condición en sus Planes de Ordenamiento Territorial, POT. Esto implica que esos suelos no pueden ser destinados a urbanizaciones, proyectos mineros o actividades industriales incompatibles con la producción de alimentos.
El valor de las APPA se mide en la capacidad de garantizar que el país pueda seguir produciendo sus propios alimentos. Cerca del 70% de los alimentos que consumen los colombianos proviene de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, entidad técnica encargada de los estudios, identificó que la presión sobre los suelos agrícolas es cada vez mayor.
Intereses privados
La expansión de la frontera urbana, la minería ilegal y los grandes proyectos de infraestructura han transformado el uso del suelo sin ningún criterio de sostenibilidad. Las APPA eran la única barrera técnica y jurídica para detener ese proceso. Sin ellas, los suelos protegidos quedarán a merced de los intereses que han visto en la tierra un negocio y no un bien común.
El gobierno entrante ha justificado su decisión argumentando que las APPA vulneran la autonomía municipal y el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, la autonomía territorial no es un principio absoluto. El ordenamiento jurídico colombiano reconoce múltiples determinantes nacionales que orientan la planificación territorial, como los parques nacionales, las áreas protegidas ambientales y los distritos de gestión del riesgo.
Las APPA son una determinante adicional para proteger un bien constitucionalmente relevante. El Consejo de Estado, al conocer una demanda contra la Zonas de Protección para la Producción de Alimentos, ZPPA, de la Sabana de Bogotá, concluyó que el Ministerio de Agricultura sí cuenta con competencia para adelantar estos procesos.
La propiedad privada no está en riesgo: las APPA no modifican el régimen de propiedad, no generan expropiaciones y no prohíben las actividades agropecuarias. Lo que hacen es impedir que los mejores suelos del país se pierdan por decisiones de ordenamiento territorial que priorizan el cemento y la especulación.
Los enemigos
El debate sobre la constitucionalidad de las APPA sigue abierto. Una demanda contra el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, que las creó, fue admitida por la Corte Constitucional en marzo de 2025. La demanda alega que la norma viola el principio de autonomía territorial.
El Procurador General ha pedido declarar la inexequibilidad de la norma, mientras que el Gobierno nacional saliente, los entes territoriales, la academia y las organizaciones sociales han intervenido en el proceso.
En el caso de Bogotá, los enemigos de las áreas se encuentran agrupados en los gremios de comerciantes o industriales que, como en la Sabana, tiene intereses sembrados en la construcción de vivienda en la región centro antes que preservar el suelo para sembrar.
Así lo dijo la exministra de Agricultura, Martha Carvajalino: “La declaración de áreas de especial protección para la producción de alimentos es fundamental, porque esos suelos, los buenos suelos, el patrimonio más importante de la soberanía alimentaria, deben protegerse de factores externos como el crecimiento desordenado del suelo urbano”.
Y añadió, refiriéndose a los municipios aledaños a Bogotá: “Tenemos suelos de alta calidad agrológica y una intensa actividad productiva. Lo que el área de protección nos permite es garantizar que allí donde hoy hay agricultura, ganadería o actividades forestales, se mantengan y se protejan como determinantes del ordenamiento territorial”.
Defensa de la reforma agraria
En el Congreso, sin embargo, ya se perfila una subcomisión de defensa de la Reforma Agraria y un grupo de trabajo parlamentario que se dedicará a la protección de los avances de las APPA como derecho adquirido, reconociendo su valor estratégico para la soberanía alimentaria del país.
La defensa de estas áreas no es solo una cuestión de política agraria: es una lucha por el derecho a la alimentación, por la supervivencia del campesinado y por la posibilidad de un desarrollo sostenible y equitativo.
16 de agosto de 2026
Con información del Semanario Voz