Los pueblos latinoamericanos, antes de que termine el año, tienen en su agenda la tarea de defender los gobiernos progresistas. Foto Valentina Bolaño
Los jefes de Estado coinciden en denunciar planes de la ultraderecha para desestabilizar sus gobiernos. Washington no es indiferente al complot y, en algunos casos, se le ha señalado como el autor intelectual
Por Alberto Acevedo
No es común que, en forma simultánea, tres jefes de Estado de diferentes países latinoamericanos denuncien planes de golpe de Estado contra sus gobiernos. Estos complots tienen el objetivo de desacreditar su gestión administrativa y buscar mecanismos ‘legales’ para apartarlos del poder.
Esto sucede con los presidentes Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Xiomara Castro, de Honduras. Estos dos últimos denunciaron la puesta en marcha de planes desestabilizadores y, en ambos, la autoría apunta al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Este fenómeno va más allá de las fronteras nacionales de estos países, por ello, es crucial para la soberanía y la estabilidad regionales. Es importante destacar que las amenazas de golpe surgen en un contexto en el que el Comando Sur de los Estados Unidos anuncia nuevos planes para América Latina, que rememoran lo que en su momento se llamó el Plan Marshall. Además, el Departamento de Estado ha manifestado el interés en apropiarse de nuevos filones de riquezas naturales en la región, como el litio y las tierras raras.
Los casos más destacados
Varios sectores democráticos aseguraron que la intención de Washington es dividir la Celac para impedir la unidad de América Latina y el Caribe. Por su parte, México denunció la injerencia indebida norteamericana en el proyecto de reforma judicial en el país azteca. La izquierda uruguaya rechazó la intromisión del Comando Sur en el proceso electoral que adelanta la nación austral, con el fin de impedir que las fuerzas progresistas avancen hacia un gobierno de cambio social.
En este ambiente general, del que se solo se destacan algunos aspectos sobresalientes, surgen las denuncias sobre preparativos de golpe de Estado en varias naciones del continente.
En el caso de Venezuela, el 8 de septiembre pasado, el canciller Yván Gil aseguró que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, publicitó un golpe de Estado en el país suramericano a través de las redes sociales.
Sala de guerra
El canciller Gil pidió a Blinken aceptar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, ratificadas por el Consejo Nacional Electoral y posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia, que dieron la victoria al actual mandatario Nicolás Maduro. Reiteró que, en este momento, “los y las bolivarianas hacemos polvo cósmico de la Doctrina Monroe, es nuestra victoria, señor Blinken”, reiteró Yván Gil.
Por su parte, el presidente Maduro, al informar a la nación sobre el apagón masivo que se registró en el país en la última semana de agosto, en el marco de un plan de sabotajes, aseguró que en Estados Unidos hay una “sala de guerra fascista” que ataca los sistemas públicos.
El ataque a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri) tenía la intención de inutilizarla de manera definitiva, pero solo alcanzó a afectar de manera total o parcial a 24 Estados. “Hay una conspiración permanente y el ataque de un sector fascista aliado con la derecha internacional, dirigido y financiado por el imperialismo estadounidense”, puntualizó Maduro.
La conspiración permanente no es paranoia del gobernante. El viernes de la semana pasada, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció sanciones contra dieciséis altos funcionarios venezolanos que “obstruyen la celebración de elecciones presidenciales libres y justas”, en concordancia con reportes del Pentágono y la CIA. Estos líderes venezolanos son funcionarios del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y organismos de inteligencia militar.
Soberanía nacional
Esto sucede en medio de una guerra cibernética contra el país bolivariano, que ha incluido el sabotaje al sistema de registro electoral, así como ataques recientes contra el sistema eléctrico, al de transporte ferroviario y el secuestro de una aeronave adscrita a la presidencia de la República.
En el caso de Honduras, la presidenta Xiomara Castro denunció en la última semana de agosto que se maquina un golpe de Estado contra su gobierno, después de que la mandataria, en acto de soberanía, anunció la ruptura del tratado de extradición con Estados Unidos, como reacción a las declaraciones injerencistas de la embajadora norteamericana en Tegucigalpa.
Desde que asumió el cargo en enero de 2022, la presidenta hondureña ha enfrentado una violenta y sistemática campaña mediática y de presión política, tanto contra su gobierno y su gestión administrativa, como contra Libertad y Refundación, el partido que le dio la victoria electoral.
Contra un poder mafioso
El objetivo del golpe es evidente: impedir a toda costa que esta fuerza política, surgida del pueblo en las calles durante la resistencia contra el golpe de Estado cívico-militar de 2009 que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, siga gobernando y continúe con la titánica tarea de “refundar a Honduras”.
Refundar Honduras ha sido el principal lema del gobierno de Castro. En síntesis, esto significa atacar y desmontar el aparato corrupto criminal de control político, económico y social, instalado por gobiernos anteriores y enquistado en los organismos de poder del Estado.
En el caso colombiano, el presidente Gustavo Petro se refirió, en las dos últimas semanas, al desarrollo de un plan de la ultraderecha que busca desconocer el contundente resultado de las urnas. Los sectores de ultraderecha, a través de una serie de maniobras jurídico-legislativas, buscan derribar, una por una, todas las bases de la estructura del proyecto de reformas sociales que sustenta su plataforma de gobierno.
En su cuenta de X, el pasado 9 de septiembre, el mandatario convocó a los colombianos “a movilizarse en las calles contra el golpe de Estado”. Invitó a la movilización popular generalizada para defender el Gobierno del Cambio. El presidente Gustavo Petro dijo, en ese momento, que el Consejo Nacional Electoral está tomando decisiones impulsadas por magistrados ‘enemigos’ suyos y que con esto pretenden desconocer el poder electoral que lo eligió en 2022. Su campaña electoral está siendo investigada dentro de este organismo.
Los pueblos de estas naciones latinoamericanas, antes de que termine el año, tienen en su agenda la tarea de defender los gobiernos progresistas, frente a una andanada injerencista, no solo de sus burguesías nacionales, sino de Estados Unidos, este último tiene como propósito los recursos naturales de América Latina, en una nueva andanada colonialista. La movilización popular está, pues, a la orden del día.
Con información del Semanario Voz